La consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria, Ana Belén Álvarez, ha asegurado que su equipo estudia desde la semana pasada fórmulas para conciliar la percepción de la prestación de la Renta Social Básica con un empleo temporal o a tiempo parcial.

Así lo ha afirmado en una entrevista este miércoles en EL FARADIO de ARCO FM (103.3), en respuesta a una de las demandas de colectivos sociales como la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), cuando se acaba de celebrar la Semana contra la pobreza.

Ya ha habido primeros contactos al respecto, y el objetivo es conseguir que las personas que puedan tener una oportunidad laboral no la rechacen por el peso de la burocracia a la hora de regresar al sistema de protección en caso de que sea un empleo temporal.

En concreto, lo que demandan estos colectivos es que sea compatible la RSB con un trabajo que no sea de jornada completa o indefinido (la mayor parte de la oferta de empleo en el actual mercado laboral), de manera que su aceptación no fuerce la pérdida de la prestación y el comienzo desde el principio para volver a tramitar layuda, lo que puede demorarse hasta seis meses.

De esta manera, según advierten, se evitaría que los perceptores de renta básica entren en la denominada ‘espiral de la pobreza’, al tiempo que la medida podría aflorar la economía sumergida derivada de la aceptación de algunos trabajos para completar ingresos que son insuficientes y por debajo de los umbrales de la pobreza.

El asunto salió a debate en la anterior legislatura, en el Parlamento de Cantabria, a propuesta entonces de Podemos, pero los anteriores responsables del PSOE descartaron la medida, al asegurar que el Ejecutivo trabajaba en una Ley de Servicios Sociales que incluiría esta cuestión. Sin embargo, la nueva norma no llegó a aprobarse.

La Ley de Servicios Sociales de Cantabria se aprobó en 2007 y la consejera actual no descarta que precise una actualización, aunque de momento prioriza la revisión de todas las órdenes y reglamentos que regulan las políticas sociales.

Además, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria cruzará por primera vez los datos que maneja sobre desempleo con los de los perceptores de renta básica, de cara a establecer itinerarios personalizados de empleo que tengan en cuenta sus situaciones.

«Sin empleo es muy difícil tener una vida digna, y cuando eso llega, hacen falta las políticas sociales», manifestaba, Alvárez,  justo al día siguiente de anunciar la paralización de otro de los asuntos de su departamento, la normativa de las residencias, que había enfrentado a los anteriores gestores –del mismo partido– con el sector de la dependencia.

«Si tienes en armas a un sector, no puedes estar trabajando», ha explicado Ana Belén Alvárez, quien ha detallado que se han dado de plazo hasta junio para lograr un consenso entre las partes.

LA VIVIENDA COMO POLÍTICA SOCIAL

Ana Belén Alvárez, procedente de UGT, está al frente de lo que ella denomina «la consejería de las personas», que esta legislatura integra en sus competencias las políticas de vivienda.

Acción antidesahucios en Renedo, frente a otro de los desahucios promovidos por Las Peñicas, de Liberbank

En este sentido, se ha marcado el objetivo de encuadrar las políticas de vivienda como políticas sociales al mismo nivel que otras.

Para ello, los retos son el incremento del parque público de viviendas –que atiende situaciones de emergencia habitacional, desahucios, crisis de vivienda como la que está causando el fondo Las Peñicas, de Liberbank–.

Un reto que admite que resulta «difícil» y «muy complejo» en un escenario de ausencia de presupuestos estatales definidos, y para el que confía en la colaboración con los Ayuntamientos –en línea con lo planteado esta semana en una reunión con Torrelavega sobre el destino de pisos de la SAREB. el ‘banco malo’.

Alvárez ha planteado la duda de quién puede tener las competencias en materia de alquiler, respecto a la regulación de precios que vienen ensayando ciudades europeas como Berlín, si le correspondería al Estado, la comunidad autónoma o los municipios, por lo que el primer paso es «definir quién puede» hacerlo.

De momento, y a la espera de concreciones presupuestarias, su departamento trabaja ya en el proceso de participación para la nueva Ley de Vivienda, en la que se quiere contar con el sector, incluyendo a los bancos. Al respecto, ha defendido que el sector financiero «ya interviene» en el mercado de la vivienda, por lo que ha defendido que no se le puede obviar.

LUCHA CONTRA PRECARIEDAD

En cualquier caso, un peso importante en su departamento es el de las políticas de empleo –justo este jueves se conocerán los datos del trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), que serán las correspondientes a los meses de verano–.

Los contratos indefinidos retroceden un 20% este verano y los temporales rebasan el 95%

En la entrevista, Alvárez ha incidido en que a la hora de plantear órdenes de subvenciones, la Consejería fomentará «única y exclusivamente» la contratación indefinida a jornada completa, entre otros factores, porque la estabilidad aumenta el arraigo y la productividad. La contratación temporal que se apoye desde la Administración será únicamente para jóvenes en contratos de prácticas «con derechos».

La consejera de Empleo ha admitido que la lucha contra la precariedad es «compleja» porque es un fenómeno que va ligado a la «desregulación» de las relaciones laborales que trajo la reforma laboral.

Pero ha apuntado que sí que se puede actuar en la planificación de Inspección de Trabajo para que investigue cuestiones como los encadenamientos de contratos temporales o el recurso a los autónomos en lugar de los contratos.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Ana Belén Alvárez (Foto: Carlos Atienza)

En la entrevista, realizada en plena Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ha subradado que la crisis ha llevado a dejar «en un lado» las políticas de prevención de los accidentes laborales, ligados a la precariedad, cuando tienen que ser las que «centren» las políticas porque «es tu propia vida».

De modo que abogaba por trabajar en fomentar la cultura preventiva, tanto entre los trabajadores como en la empresa, incidiendo en que la prevención es un derecho «y una obligación» de ambas partes.

Y también se refería al papel de la salud asociada a los puestos de trabajo, con la «vigilancia» de los problemas de salud que puedan ir asociados a los puestos de trabajo. A lo que sumaba la «carga mental» ocasionada por situaciones como la precariedad o la carga de trabajo.