Los sindictatos UGT y CCOO advirtieron este miércoles a la patronal del sector de dependencia que «se ha llegado a un punto de inflexión» en la negociación del nuevo convenio colectivo estatal, que afecta en Cantabria a 6.000 trabajadores, unos 200.000 en toda la geografía española.

En una concentración de protesta convocada por ambos sindicatos ante la sede de la patronal CEOE-Cepyme en Santander y que se ha desarrollado al mismo tiempo en otras autonomías españolas, portavoces de CC.OO y UGT en el sector de la dependencia reiteraron su exigencia de un nuevo convenio colectivo que recupere el poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años.

Según precisó Margarita Pelayo, responsable regional de Dependencia de UGT, «se ha llegado a un punto de inflexión en el que los trabajadores están hartos, aburridos y se sienten engañados», tras recordar que se lleva un año de negociaciones del nuevo convenio colectivo del sector, que reemplazaría al suscrito en 2018 con sólo un año de vigencia «que se pactó para darlo continuidad con uno de más larga duración».

Pelayo criticó que «la patronal lleva un año de negociaciones del nuevo convenio colectivo en el que no quiere hablar en ningún momento de incrementos salariales ni de mejoras de condiciones laborales».

En el mismo sentido se expresó Carlos Ateca, responsable regional de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, que reiteró que «lo único que queremos es que nuestro convenio colectivo respete el acuerdo nacional de negociación colectiva firmado en su momento».

Ateca agregó que en el Acuerdo de Negociación Colectiva suscrito por la propia CEOE-Cepyme y los dos sindicatos mayoritarios «se decidió que en 2020 no hubiera un salario de convenio inferior a los 1.000 euros mensuales, con lo que habría que incrementarlos en el sector de la dependencia un 10% en dos años».

CEOE RESPONDE QUE SUS DEMANDAS PERJUDICARÍAN A 3.000 EMPLEOS SI EL GOBIERNO NO SUBRE EL PRECIO

En respuesta, los empresarios del sector de la dependencia han manifestado su «total acuerdo» con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores.

Empresas del sector reunidos con representantes sindicales

Sin embargo, advierten, de aplicarse la subida salarial que los sindicatos proponen sin que se revisen al alza los precios públicos fijados por el Gobierno autonómico para las plazas concertadas, hasta un centenar de empresas del sector que soportan más de 3.000 empleos podrían llegar a cerrar sus puertas en Cantabria.

Tal y como detallan, los sindicatos reclaman una subida salarial del 10% en los años 2019 y 2020, «lo que supone un impacto que no pueden soportar las empresas de un sector en el que los precios, que están fijados por las Administraciones Públicas, han experimentado un único incremento en 2019 después de 7 años congelados». Y es un incremento que, explican, ha sido absorbido por el aumento de ratio exigido en la nueva normativa.

«En este escenario en el que no resulta posible aplicar a los precios ni tan siquiera la subida del IPC, aunque esta sí se aplica a las nóminas de los trabajadores, las empresas están sometidas a gastos adicionales como la adaptación a nuevas normativas, y los impactos derivados de la mayor necesidad de atención sanitaria hacia el colectivo de mayores a los que se prestan los servicios. Esto ha conducido a una situación en la que de atenderse las reivindicaciones sindicales sin que a su vez se incremente el precio por usuario que perciben las empresas, éstas se verán abocadas al cierre», reiteran.

Y ponen como ejemplo lo que «ya está pasando con las empresas del sector de que atienden a la discapacidad», en las que «si el Gobierno no termina asumiendo el aumento del convenio –que en algunos casos llega a más del 30%–, los cierres podrán comenzar a verse en los próximos meses».

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL AFECTARÍA A 2.000 PENSIONISTAS EN CANTABRIA

UGT ha iniciado en Cantabria la campaña nacional del sindicato «Pensionista, reclama», en la que anima a todas las personas jubiladas afectadas a reclamar el nuevo cálculo de las pensiones a tiempo parcial estipulado tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en la que el alto tribunal limita temporalmente la medida desde la fecha de la publicación del fallo judicial (12 de agosto) y por tanto afecta a las nuevas situaciones de jubilación o a los procesos administrativos no firmes.

UGT precisa que por ahora se desconoce el número exacto de las personas afectadas por el fallo judicial del TC y que desde el pasado 12 de agosto la Seguridad Social ya ha iniciado la revisión del cálculo de las pensiones 8.500 personas con resolución administrativa no firme.

Una estimación realizada por el sindicato precisa que su campaña «Pensionistas, reclama» podría afectar a unas 120.000 personas en todo el país, cerca de 2.000 en Cantabria, a quien la central ugetista insta a reclamar que se revise su pensión de acuerdo al fallo judicial al menos durante cuatro años y que perciban los atrasos pertinentes, para lo que UGT les ofrece la asesoría legal y jurídica correspondiente.

UGT recuerda que la anulación del coeficiente de parcialidad no afectará cálculo de todas las pensiones a tiempo parcial, ya que no incide en las cuantías de aquellas con un porcentaje de parcialidad superior al 67% de una jornada completa ni previsiblemente lo hará en las que perciben un complemento a mínimos.

Según precisó Asunción Villalba, secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, «no deja de ser una gran injusticia que la sentencia del Tribunal Constitucional sólo se aplique desde una fecha determinada, discriminando al resto de pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial».

De hecho, Villalba matiza que «este límite temporal contradice la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que establece que no se pueden limitar temporalmente los derechos de las personas afectadas y perjudicadas con el anterior sistema de cálculo».

De todos modos, como matiza la responsable regional de Protección Social del sindicato, «la sentencia, en realidad sólo alude a la punta del iceberg porque nuestro sistema de protección social es profundamente discriminatorio y por eso defendemos una amplia reforma de este sistema debidamente consensuada y en el marco del diálogo social».

La sentencia del Tribunal Constitucional alude a un empleo a tiempo parcial que no ha cesado de crecer en los últimos años, ya que, sin ir más lejos, en Cantabria se superó por primera vez el año pasado la media anual de los 36.000 trabajadores con una jornada a tiempo parcial (36.284) desde que en 2002 la Encuesta de Población Activa (EPA) facilita estadísticas de este concepto por comunidades autónomas, lo que implica también que este tipo de empleo rebasase también por primera vez el 15% de todo el registrado en la región (240.978 ocupados).

De esta mencionada media anual de 36.284 trabajadores cántabros con una jornada a tiempo parcial en 2018, un 77% eran mujeres (28.099), las principales destinatarias de este tipo de empleo, que acapara a una de cada cuatro ocupadas de la región.

De hecho, como recuerda la responsable de Protección Social de UGT en Cantabria, «la sentencia declara el coeficiente de parcialidad inconstitucional y nulo, vinculándolo a una discriminación de género, ya que lo que se cuestiona realmente es la brecha de género de las pensiones, en este caso de jubilación, que perjudica a la mujer y más si trabaja a tiempo parcial».

Villalba pone como ejemplo las pensiones mínimas, ya que en Cantabria se registraron el pasado mes de septiembre 15.008, el 17% de las 86.692 registradas, aunque este porcentaje vuelve a reflejar una clara discriminación de género, ya que afecta a más de un 26% de las jubilaciones femeninas (8.509 de un total de 32.048), el doble que el 12% de las masculinas.