Estos días, en los que una inmensa mayoría de la sociedad (traducida en acciones de instituciones –Gobierno, ayuntamientos, universidad–, asociaciones que canalizan la participación ciudadana o empresas se vuelcan en el convencimiento de que el esfuerzo de todos puede suponer acabar con la violencia que sufren las mujeres por el control y dominación de quienes no han interiorizado las relaciones en plano de igualdad.

Cada uno vive con sus contradicciones, y la última es la de los que se han desmarcado del consenso generalizado impidiendo la unanimidad que exigen las declaraciones institucionales, sea de apoyo a la lucha contra la violencia de género o en apoyo a los derechos del niño.

Los números son los que son y el peso en las instituciones es el que es (2 de 35, 1 de 27), pero llama la atención que uno de los argumentos que se han manejado en los últimos días es una petición de que el resto de partidos denuncien la violencia que sufren las mujeres en otros países.

En primer lugar, parece una renuncia ideológica: se viene de negar que exista una violencia que sufran las mujeres, pero se está pidiendo una condena de la violencia que sufran las mujeres, admitiendo, por tanto, que existe.

Una incoherencia, la de pedir condenas a otros países, que llama la atención al venir de quienes critican las injerencias externas en la soberanía nacional, pidiendo así para otros lo que tan fuertemente han criticado en los demás.

Las contradicciones se acumulan: no se puede presumir de constitucionalista ni enarbolar la bandera de la no discriminación apelando a la Constitución cuando el Tribunal Supremo ya ha dictaminado que la Ley contra la Violencia de Género es plenamente constitucional. Conviene pues o cambiar de argumentos o cambiar de Constitución.

Por supuesto que las leyes son criticables y mejorables (que se lo pregunten a la Ley del Suelo cántabra antes de que la cambien otra vez), pero el argumento de derogar una ley porque siguen los delitos lleva a asumir que vivimos en una sociedad sin robos o estafas o pedir que se derogue el Código Penal. Es, ni más ni menos, la extensión de ese mismo argumento.

En cualquier caso, si viene de negar la violencia de género porque todas las violencias son iguales, ¿por qué se encuentra entonces un factor diferencial en la nacionalidad? Es decir, ¿todas las violencias son iguales salvo las que provienen de una raza –o religión–, que sí tienen factor diferencial?

Pero el mensaje sencillo se complica por minutos: también hay un intento de asociar una situación administrativa (la irregularidad de la estancia en el país) con una actitud violenta, lo que despierta numerosas dudas

• ¿Esas personas violentas en sus países no lo son, toda vez que allí presumimos que se encuentran en una situación regular?
• ¿Cómo es el procedimiento: pasan por la frontera, por la vía que sean, y les da un ataque de locura y agresividad?
• Es más, si de repente se les regulariza, o si han entrado por vías legales, ¿el papel tiene un efecto mágico que empaña la agresividad? ¿Cómo es que no funciona ese papel con los nacionales que ya lo tienen?
• Pero el patriotismo llevado al extremo es complejo: si vienes de negar una violencia de género que has acabado admitiendo al pedir condenas a la violencia que sufren las mujeres en otros países, ¿estás haciendo de menos a las mujeres españolas víctimas de violencia de género al preocuparnos más por las de fuera? O sea, ¿estamos ante, con la violencia contra las mujeres, un Extranjeras First?