Trabajadores Unidos, el sindicato mayoritario en la Administración y al frente del Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria, ha solicitado a través de un documento registrado a la Consejería de Educación que se haga cargo de la gestión de un servicio «de vital importancia» como es el Plan de Refuerzo Educativo, el llamado PROA, sin externalizar esta responsabilidad, de forma que el presupuesto público adjudicado sea invertido íntegramente en la calidad de este servicio educativo público y en el uso de los recursos humanos propios de la Consejería de Educación, que son el personal funcionario docente, tanto de carrera como interino.

«No podemos entender que un recurso educativo tan prioritario, que persigue el éxito educativo en igualdad de oportunidades para todo el alumnado, pueda seguir dejándose en manos de otros, con las consecuencias que ha tenido hasta ahora», aseveran en un comunicado.

Y enumeran estas consecuencias: contratación precaria de docentes acompañantes en convenios de monitores de tiempo libre para abaratar sus salarios, falta de continuidad del servicio por abandono de éstos al encontrar otro trabajo o por cambios en la contratación, centros educativos y AMPAs gestionando o adelantando dinero, sobrecargándolo con burocracia que no les compete, o pedir a docentes de los centros que se hagan cargo a mitad del curso, excediendo el tiempo de su jornada y con unas gratificaciones muy superiores a las que estaban recibiendo los monitores.

Lo que proponen es que estas actividades de refuerzo sean realizadas por personal docente del propio centro. «Y no solo porque son recursos humanos propios de la Consejería, a la que han accedido en igualdad, mérito y capacidad, sino porque es este personal quien tiene un mayor conocimiento del alumnado y de sus circunstancias personales y familiares, quien asegura la necesaria y fluida coordinación con tutores, equipo docente y familias y, además, quien asegura su continuidad pedagógica a lo largo de todo el curso», apuntan.

Además, defienden que esta propuesta supondría una mejora de las condiciones laborales precarizadas de los interinos a tiempo parcial, permitiendo una mejora completando su jornada al asumir más horas lectivas.

En la misma línea, apuestan por que la Consejería de Educación asuma también la gestión directa de las Técnicos de Educación Infantil que prestan servicio en las aulas de dos años de los colegios públicos, incluyéndolas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración autonómica.