El consejero de innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha solicitado al Gobierno de España que se incluya a Cantabria como una de las regiones que pueda recibir fondos europeos para la descarbonización, con vistas a la defensa de la empresa Solvay.

En una nota de prensa que el Gobierno cántabro ha difundido este viernes, explica que el consejero Martín se ha dirigido por medio de una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para manifestar su «extrañeza» por la «no inclusión» de Cantabria entre las regiones elegibles para recibir fondos europeos destinados a la descarbonización.

En la misiva, recuerda que Cantabria cuenta con la única empresa con una central de cogeneración de carbón «cuya supervivencia depende del cambio del modelo energético que forzosamente ha de afrontar», en referencia a Solvay, que entre trabajos directos e indirectos supone uno de los tres mayores empleadores de Cantabria y «motor fundamental de la comarca del Besaya”.

El consejero de Industria señala a la ministra que la coyuntura internacional del mercado del carbonato hace que los sobrecostes inducidos por un forzoso cambio energético puedan sacar a la planta cántabra de los parámetros de competitividad global.

“Sabemos que en este momento aún no está claro el mecanismo de reparto y destino de los 5.000 millones previstos por la Unión Europea, pero ya de partida Cantabria se queda fuera de las regiones elegibles”, lamenta.

Martín considera que acaso no exista constancia en los organismos que han tomado esta decisión de que «tan importante como garantizar una adecuada transición en las comarcas mineras o los intereses de las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, es asegurar la supervivencia de las empresas directamente afectadas por este obligado cambio energético».

Y en este caso -señala el consejero-, ruega a Maroto que considere a Solvay y su efecto sobre la comarca del Besaya, como un afectado «con mayúsculas» de este proceso, por lo que entiende que Cantabria pueda ser elegible «para estos u otros fondos que faciliten un cambio de modelo energético sostenible, no excluyente y no traumático”.

UNA FÁBRICA DE BATERÍAS PARA COCHES ELÉCTRICOS PARA CANTABRIA

En la carta, Martín también pide a la ministra que incluya a Cantabria en la lista de comunidades autónomas para instalar una planta de fabricación de baterías para coches eléctricos.

El consejero pretende que el Gobierno de la nación tenga conocimiento de la solicitud cántabra ante el interés de otras comunidades autónomas y ha añadido un dossier que en su día se presentó a Tesla con parámetros que incluyen informes de seguridad sísmica, capacidad técnica, disponibilidad social, experiencia regional en el sector (25% del PIB industrial está relacionado con el automóvil), ubicación de suministradores o ensambladores nacionales, vías de comunicación, oferta de apoyo financiero del primer banco europeo, etc.

EL INTERÉS DE TORRELAVEGA

La solicitud de Martín ha venido respaldada por el interés del presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Jose Francisco González Payno, que también por medio de un escrito ha manifestado la disposición de la Cámara de Comercio y de la corporación municipal de Torrelavega para que se hagan las gestiones posibles para atraer dicha fábrica.

“Sobre todo teniendo en cuenta, -dice González Payno- que la propia patronal ANFAC ha considerado el Puerto de Santander, el mejor dentro de lo que es el transporte marítimo-terrestre de vehículos, y la importante industria de componentes de vehículos que hay en nuestra región”.

El presidente de la Cámara torrelaveguense añade que ya en el año 2016 Torrelavega fue considerada, Zona de Urgente Industrialización, “por lo que, aunque difícil, -señala el presidente de la Cámara- consideramos importante dar pasos en propuestas como ésta, que den valor añadido a nuestro territorio”.

Martín, en su carta a Reyes Maroto, también le trasmite su deseo de tener la oportunidad de avanzar en temas fundamentales para Cantabria, que ya en algún caso ambos han tratado, como la modificación de las condiciones de justificación de los fondos territorializados para el Plan Moves o la especial atención que las empresas electrointensivas requieren para mantener una competitividad razonable que no les eche del mercado.