El diputado y portavoz de Ordenación del Territorio del Grupo Popular en el Parlamento, Roberto Media, ha denunciado que regionalistas y socialistas traten de modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) a través de una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que añade “por la puerta de atrás” una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva, para iniciar la tramitación del futuro polígono industrial logístico de La Hilera, en Torrelavega.

En una nota de prensa, Roberto Media considera que la enmienda presentada por los grupos que sustentan al Gobierno es una nueva demostración de que “la chapuza y la improvisación es la brújula que guía al bipartito en materia de Ordenación del Territorio”.

El parlamentario del PP ha subrayado que su formación se muestra favorable al fin último de desarrollar suelo industrial en la comarca del Besaya y, más concretamente, en Torrelavega, pero acusa a socialistas y regionalistas de llevar más de cuatro años de “parálisis total” y actuar “deprisa y corriendo, a salto de mata, para tapar su absoluta incapacidad y desidia”

“Otro año más retuercen el procedimiento para intentar ocultar su fracaso en la planificación del futuro industrial de Cantabria”, ha criticado Media.

En este sentido, el PP recuerda que el año pasado se cambió el POL por este sistema, a través de una enmienda a la ley de acompañamiento que evita la necesidad de disponer de ningún tipo de informe previo, para salvar las limitaciones técnicas que aparecieron en la tramitación del PSIR de La Pasiega y “atropellando” las competencias propias del Ayuntamiento de Piélagos.

“Con el mismo método, este año le toca al futuro Centro Logístico de La Hilera. ¿Dónde queda la autonomía municipal con esta forma de actuar?”, se ha preguntado el diputado popular.

Roberto Media ha recordado que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega vienen hablando desde hace ya varios años de generar suelo industrial principalmente en torno a dos áreas, Las Excavadas y La Hilera, así como que, en marzo de 2019, Torrelavega aprobó el documento inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regirá su futuro urbanístico en los próximos años y se ha sometido a información pública.

Y hace menos de un mes, incide Media, el Consistorio presumía de la coordinación con el Gobierno de Cantabria para desarrollar el nuevo Plan en el ejercicio de sus competencias.

“¿Dónde está esa coordinación cuando esta enmienda cambia el diseño de La Hilera contemplado en el PGOU aprobado? ¿ya no sirven los planes generales para planificar el desarrollo de un municipio? y ¿si este procedimiento fue posible para La Pasiega, y ahora parece serlo para La Hilera, por qué no se ha aplicado también para Las Excavadas?”, ha preguntado Media.

“En Cantabria y en Torrelavega gobiernan socialistas y regionalistas, y mientras unos trabajan desarrollando un Plan Urbanístico que nos lo venden como el futuro de la ciudad, otros proponen modificaciones del POL por la puerta de atrás, lo que a nuestro juicio supone una aberración jurídica, política y urbanística”, ha apostillado el diputado.

El portavoz popular ha señalado que esta propuesta reconoce el profundo fracaso de un gobierno que es incapaz de trabajar por el futuro de Cantabria desde la planificación y la seguridad jurídica, y en cambio opta por improvisar y seguir dando palos de ciego sin tener claro el horizonte de la política industrial de la comunidad autónoma.

Y ha criticado que se vuelva a los “tiempos del rodillo y las cacicadas” y, “lo que es peor, a lanzar una cortina de humo que sirva para entretener a los vecinos de Torrelavega y de la comarca del Besaya, para que se olviden de otros proyectos que siguen sin ser una realidad después del paso de los años”.

Finalmente, Media ha señalado que si hay que cambiar el POL, se haga de la forma prevista en la legislación, no utilizando “atajos” que sólo pueden generar inseguridad jurídica y “atropellos”.

A su juicio, “a este paso no va a ser necesario redactar el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Cantabria ya que, a través de esta «artimaña jurídica», cada año el Gobierno de Cantabria irá imponiendo a los municipios y al resto de la sociedad cántabra «sus caprichos a la carta», en lugar de trabajar de forma planificada y en colaboración con el resto de administraciones como es su obligación”.