La ley de acompañamiento legalizará sobresueldos que la Intervención General detectó en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), en relación con las dietas percibidas de forma indebida por la secretaria de los consejos Ejecutivo y de Supervisión, María Eugenia Gómez Revuelta, por un importe de 3.450 euros.

Estos ingresos fuera de la legalidad ascendieron en total a 10.000 euros, según la auditoría de control de la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el ICAF en los ejercicios 2015 y 2016, que los consideró «nulos de pleno derecho desde que se produjeron».

El informe “de cumplimiento y operativa en materia de recursos humanos y eficiencia” que también detectó cobros indebidos del director gerente, Jesús Bulnes (más de 4.000 euros), y de su secretaria de dirección B.F.A. (más de 2.200 euros), por incrementos salariales por encima del límite legal del 1% aprobado en las leyes de presupuestos de 2014, 2015 y 2016.

Todas estas percepciones cobradas de forma indebida fueron devueltas el pasado 1 de abril, según ha confirmado la Consejería de Economía a EL FARADIO.

La ley de acompañamiento es como se conoce a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a la tramitación parlamentaria del Presupuesto General de Cantabria para 2020, y para este próximo curso contempla modificaciones en hasta 19 leyes de la comunidad autónoma, entre ellas, las citadas en el ICAF.

Y el primer cambio en el articulado guarda relación con las dietas a percibir por la secretaria de los consejos Ejecutivo y de Supervisión, que desde 2015 es una persona del organigrama del ICAF, su responsable jurídico, ‘Maru’ Gómez, y que percibió dietas de forma indebida según la Intervención del Gobierno de Cantabria  por 3.450 euros.

Dietas cobradas de forma complementaria a su sueldo (más de 45.000 euros),  por un trabajo desarrollado en su horario y sin salir de la Casa de Piedra, la sede del ICAF. Así, se facturó 150 euros por ejercer de secretaria de las reuniones desde el 27 de agosto de 2015, por lo que se embolsó 600 euros en 2015, 1.500 en 2016 y 1.350 euros en 2017. En total 3.450 euros.

A partir de ahora, el proyecto de ley de acompañamiento aprueba el cobro de estas dietas para la función de Secretaría de esas reuniones. “Se considera adecuado que quien desempeñe esa función tenga derecho a la percepción de la cuantía que el Consejo Ejecutivo estime procedente y dentro de los límites que establezca el Consejo de Gobierno”.

Y lo justifica  “teniendo en cuanta que la Secretaría de ICAF –podría ser alguien externo al organigrama de la empresa pública, como entre 2008 y 2015- es un órgano necesario de este y que presta y desempeña servicios para los Consejos Ejecutivo y de Supervisión”.

Estas modificaciones se recogen en el artículo 4 del  Título II del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2020 (ley de acompañamiento),

INTERVENCIÓN RECHAZÓ LOS REPAROS

Tras evacuar consultas, las directoras del último informe de control de Intervención determinaron que el cobro de dietas por Gómez Revuelta no era “ajustado a derecho” y resultaba “proscrito” al extenderse a “supuestos no previstos” en la normativa del ICAF de 2008.

El ICAF, bajo la dirección de Jesús Bulnes y durante la presidencia de la empresa pública por el anterior consejero de Economía, Juan José Sota, presentó reparos al informe definitivo de Intervención.

Sin embargo los reparos fueron rechazados y los beneficiarios de las cantidades indebidamente cobradas procedieron a su devolución.

Después de las informaciones de EL FARADIO del 18 de diciembre de 2018 y del 19 de febrero de este 2019, el exconsejero de Economía, Juan José Sota, anunció que así se procederías.

Y según confirma la Consejería de Economía, el pasado 1 de abril se devolvieron a las arcas públicas el total de 10.000 euros cobrados de forma contraria a la legalidad.

MÁS CAMBIOS EN LA LEY DEL ICAF: ELIMINA LOS PLANES ESTRATÉGICOS

El Instituto Cántabro de Finanzas es una entidad pública creada en el año 2008 que tiene por objeto asesorar y financiar al resto del sector público empresarial de la comunidad autónoma, así como a “proyectos de inversión de interés estratégico”. Para ello, se encarga de conseguir recursos financieros en condiciones de mercado para aquellos que sean “sostenibles, viables y solventes”.

La modificación de la Ley de Cantabria 2/2008 por la que se creó el Instituto de Finanzas de Cantabria hace cambios en otros artículos, como la “eliminación de la referencia a los Planes estratégicos”.

Aunque desaparece una función específica del director gerente (Jesús Bulnes), esta decisión “se basa en la necesidad de dotar de coherencia y adecuar el contenido” tras una modificación previa de otro artículo (12) a la misma referencia, por lo que mantenerla podía “conducir a confusión”.

Asimismo, se modifica el artículo 11 para eliminar “la excepcionalidad de las operaciones con el sector privado”, y se justifica en que “en el objetivo primordial de ICAF” aparece el objetivo de “contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social de Cantabria”.

De esta manera, se considera que la consecución de este objetivo viene tanto por el desarrollo de sus funciones con el sector público empresarial y fundacional autonómico como con el sector privado “sin que se considere que sea necesario que la actuación de ICAF con el sector privado tenga que ser residual o excepcional”.

Finalmente se modifica la redacción del artículo 15.3, con la eliminación del adverbio “mayoritariamente”, que se refiere a la financiación del ICAF. Será “con ingresos comerciales, mediante la ejecución de las operaciones financieras para las que se halle habilitado de conformidad con esta Ley y con la normativa básica estatal en materia de ordenación del crédito y la banca”.

Con estas modificaciones, son ya una veintena los cambios en el articulado de la Ley que creó el ICAF en 2008. a través de las sucesivas leyes de acompañamiento aprobadas (2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 y 2020)

CRÍTICA POLÍTICA: PARA CIUDADANOS DA ENTRADA A LA “BARRA LIBRE”

Según el diputado de Ciudadanos Diego Marañón, en el Pleno que rechazó las enmiendas a la totalidad, aseguró que los cambios que eliminan la excepcionalidad en las operaciones con el sector privado dan entrada a la “barra libre” porque habilita al bipartito PRC-PSOE a dar créditos a empresas privadas “sin ningún tipo de control”.

Ciudadanos plantea que los cambios responden a una ‘venganza’ del PSOE contra el PRC por haberles arrebatado SODERCAN en la negociación de la coalición, por lo que los socialistas querrían ir hasta el final en sentido contrario a las recomendaciones de la AIREF, que ve duplicidades entre SODERCAN e ICAF.

“La única razón que existe es la lucha de poder del bipartito”, interpreta Marañón, que señala el tijeretazo de Economía a SODERCAN en 10 millones de euros.

LAS OPERACIONES MÁS POLÉMICAS

Tanto Bulnes como Gómez Revuelta han participado en las operaciones de crédito más polémicas de la última década en Cantabria. Pasaron por las comisiones de investigación del Parlamento de Cantabria de ECOMASA – 18 millones de dinero público perdidos- o de CANTUR, que investigó la venta del Racing al prófugo internacional Ahsan Ali Syed.

De hecho, Bulnes fue el autor del informe por el que la instrucción judicial del ‘caso Racing’ elevó a 44 millones de euros el quebranto patrimonial a las arcas públicas por la actuación del Gobierno. Ambos casos, Ecomasa y Racing, tienen derivadas abiertas en los tribunales de Justicia.

‘Maru’ Gómez entró a trabajar en CEP Cantabria en 2005 tras entrevistarse con los responsables de entonces, el director gerente, Luis Egusquiza,  y el consejero de Economía, el socialista Ángel Agudo.

Así lo reconoció en una comisión de investigación de CANTUR en la que apareció como responsable de intercambio de borradores con los despachos de las partes para la operación de compraventa del Racing en enero de 2011.

FUENTES:

–Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2020

–Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria

-Videoteca del Parlamento de Cantabria. Comisión de Investigacion de Cantur (2013)

-Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria

-Autos de la instrucción del ‘Caso Racing’ en el TSJC