Tras haber denunciado a Carolina y su familia, y haber logrado que el juez pusiera una orden de desahucio el mes pasado, Liberbank los lleva a juicio por usurpación, según alerta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la semana en la que, por cierto, recordaba su séptimo aniversario.

Tal y como contaban este mismo miércoles a las puertas del juzgado, la afectada, Carolina y su familia, tuvieron que volver a la antigua vivienda que tenían hipotecada con la Caja Cantabria, y que llevaba dos años vacía tras haber sido desahuciados.

“Debido a la necesidad de un techo para vivir hoy se enfrentan a una condena por un delito leve de usurpación”, señalan, tachando de “inadmisible que una entidad rescatada con dinero público juegue así con la vida de las personas” y reivindicando, tras el puente de la Constitución, que “ la vivienda es un derecho, no un privilegio, tal y como expone el artículo 47 de la Constitución, y que jamás se ha cumplido”.

El colectivo antidesahucios pide a la entidad financiera en la que se integra la antigua Caja Cantabria que se siente a negociar un alquiler social, y a la Dirección General de Vivienda que medie para que esto suceda.

Además, la PAH también exige medidas legislativa y presupuestarias, al calificar la la partida dedicada para 2020 como “insultante» para garantizar el alquiler y que «penaliza», en relación al uso antisocial de la vivienda por parte de “grandes tenedores”.

LOS DESAHUCIOS QUE SALTAN GENERACIONES

Esta familia son hijos de Paco y Luci, a los que Liberbank intentó desahuciar en diciembre del año pasado y que finalmente firmaron un alquiler social con la entidad bancaria.

De Astillero, Paco y Luci dependían de un negocio familiar ligado a la construcción, les afectó la crisis y residieron en su casa de toda la vida tras perderla. Liberbank también les amenazó con acciones judiciales, pero acabó aceptando lo que pedían, un alquiler social.

La Plataforma anuncia que va a estar junto Carolina y su familia hasta el final, tal y como estuvo con sus padres, y va a convocar acciones de ‘stopdesahucios’ tantas veces como sea necesario.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA LEY DE VIVIENDA, ESTA PRIMAVERA

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, de quien dependen esta legislatura las competencias de vivienda, ha anunciado que esta primavera se iniciará el trámite de participación ciudadana.

La consejera presidía este martes la primera reunión del Observatorio de la Vivienda en esta legislatura.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, preside la reunión del Observatorio de la Vivienda.

Según defendía, la prioridad del Ejecutivo es mejorar el acceso de los cántabros a una vivienda digna mediante la promoción del alquiler y la movilización de viviendas vacías, para la cual la Dirección General de Vivienda contará en 2020 con un presupuesto de 16 millones de euros, para el aumento del parque público de vivienda en alquiler, a la promoción de VPO destinada a alquiler, a la captación de casas vacías para alquiler social y a la rehabilitación.

El nuevo texto legal servirá para actualizar la norma relativa a la vivienda de protección oficial, que tiene cerca de una década de antigüedad, así como para regular lo relativo a calidad de los materiales o criterios de sostenibilidad, con un tratamiento social y totalmente integral en materia de vivienda.

El Observatorio de la Vivienda es un órgano de carácter interdepartamental que nació en 2013 como foro de debate en materia de vivienda y del que forman parte entidades públicas y privadas: Asociación de Empresas Inmobiliarias en Cantabria, Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria), entidades bancarias, Colegio de Arquitectos de Cantabria, Colegio de Administradores de Fincas, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Federación de Municipios De Cantabria, CEOE-CEPYME, CC.OO., UGT, STOP Desahucios, PAH Santander y Torrelavega, GESVICAN, y las Direcciones Generales de Vivienda, Políticas Sociales y Urbanismo y Ordenación del Territorio.

También se ha abordado la reunión entre los trabajadores sociales de Atención Primaria y la Oficina de Emergencia Habitacional, la primera desde que se creó este servicio, y se ha referido a la reunión con la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria en la que se han estudiado medidas conjuntas que permitan a los ayuntamientos hacer efectivo el cobro del IBI de las viviendas vacías propiedad de los grandes tenedores.

LA PAH CUESTIONA QUE VAYA A  SER UNA LEY «PROGRESISTA Y AMBICIOSA»

Los activistas, participantes en la reunión del martes del Observatorio de la Vivienda, han lanzado importantes críticas al Gobierno, en el acompañamiento a Carolina al juicio por lo penal por la denuncia de Liberbank.

Por una parte, constatan que el Ejecutivo no tiene «ninguna vivienda» de las 300 del parque público actual, así como que no tiene intención de «intervenir el mercado alquiler». Según su versión, consideran que «su precio se regulará sólo». «Capitalismo puro y duro», censuran.

En este sentido, señalan que desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales han considerado «un fiasco» las medidas de puesta en alquiler de las viviendas vacías, a lo que la PAH responden que hay que publicitar esas políticas.

Además, la partida de 25.000 euros para promover el alquiler, asegura la PAH, «es para los seguros».

«Haciendo una media nos da para unas 100 viviendas», añaden, y se preguntan  qué va a hacer el Gobierno «ante los más 500 desahucios y el término de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que puede llegar a haber hasta 200 desahucios».

La plataforma cuestiona que se vaya a redactar una ley «ambiciosa y progresista» en 2020, porque no hay partidas presupuestarias, y critican el rechazo a su texto legislativo «que aunque no era la mejor tampoco era la peor», así como la enmienda a los presupuestos que implicaba aumentar la partida para el alquiler de viviendas.

«Hay una premisa, que es no molestar a los bancos. Porque por la mañana no se puede estar pidiendo dinero para sus deudas y financiación y por la tarde tener que pedir ayuda para que los afectados puedan tener una vivienda digna», han criticado.