Cantabria por lo Público ha denunciado este viernes que la situación del bono social eléctrico se ha «estancado» tras la entrada en vigor en octubre de 2018 del Real Decreto Ley 15/2018 que redefinía quiénes tienen derecho a una bonificación en el recibo de la luz, la protección frente al corte por impago y la introducción del bono social térmico para la calefacción.

Según han explicado en nota de prensa, hasta octubre de 2018 eran beneficiarios del bono social eléctrico los hogares con potencia contratada inferior a 3 kW, las familias numerosas, las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y los pensionistas con renta mínima.

Pero en 2019 se ha confirmado una fuerte subida del recibo de la luz para buena parte del sector de población más vulnerable y empobrecida, que ha supuesto una factura, de, al menos, un 33% más cara.

A la vista de los datos, sigue resultando necesario facilitar mucha más información a la población porque el el número de solicitudes continúa manteniéndose por debajo de las expectativas creadas por el propio Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

Asi, a comienzos de año había activos casi 1,5 millones de bonos sociales eléctricos que estaban dando cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza y que también les ha permitido acceder directamente al bono social térmico.

Del millón y medio de bonos sociales eléctricos, algo más de 800.000 corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, que incluye a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y a personas en riesgo de exclusión social, pero, como matizan, el consumidor o consumidora denominado «vulnerable severo en riesgo de exclusión social» sigue teniendo que contar con la participación de los servicios sociales para alcanzar la bonificación eléctrica a que tenga derecho.

«El bono social es la única opción que contempla el Gobierno para abordar la pobreza energética en el acceso a la electricidad», advierten, al tiempo que señalan que el nuevo bono eléctrico es «mucho más cicatero que el anterior puesto que el descuento aplicable no se hace sobre el consumo medio real de cada colectivo, sino solo sobre una parte del total».

La estimación oficial que se maneja es tomar la cifra de 4,5 millones de personas en pobreza energética, aplicando un promedio de 2,5 personas por vivienda, con 3 kW de potencia contratada y asumir un consumo eléctrico de 1.800 kWh/año.

El problema, según indican, es que, según los datos que recopila la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el consumo medio en octubre de 2018 de un punto de suministro de una Comercializadora de Último Recurso, con potencia contratada de 3 kW o menos, es de 2.000 a 2.500 Kwh/año.

En definitiva, «no basta con dar más tiempo a los usuarios eléctricos para intentar entrar en la lista de bonificados», sino que «es necesario solucionar serios problemas de procedimiento y coordinación entre Administraciones, y aplicarse serias medidas de eficiencia energética».

Asimismo, recuerdan que garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los seres humanos es un objetivo de Naciones Unidas, y que el Parlamento Europeo y el Consejo reclaman a los Estados miembros las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables.

Y, como dijo la Defensora del Pueblo, «la energía eléctrica, como el agua, se han convertido en instrumentos fundamentales para hacer posible derechos que hoy son irrenunciables».

Desde la Plataforma Cantabria por lo Público, no creen que detrás de estas cifras haya un problema de «desinterés» de la ciudadanía, sino más bien «una combinación de falta de información, de burocracia excesiva en la tramitación de la documentación exigida y de la reducción del alcance protector del nuevo bono social».

PROPUESTAS

Por estos motivos, en un manifiesto que han leído frente a la sede de Viesgo, han fijado propuestas con el objetivo de hacer del bono social «una ayuda no discriminatoria, más justa y accesible», y que suponga un avance en el «imprescindible camino del derecho a la energía».

1.- Aplicación automática de la ayuda, como en Portugal
El procedimiento de concesión del actual bono tarda meses, va a dejar al 40% de los destinatarios fuera y está colapsando el trabajo de las oficinas de Asuntos Sociales de los municipios. Habría que aplicar el descuento de manera automática, como se hace en Portugal desde julio de 2016 con la tarifa social. ¿Cómo? Cruzando los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, verificando qué clientes reúnen los requisitos y aplicándolo directamente. Así, en Portugal los beneficiarios pasaron de 140.000 a 820.000.

2.- Mejora obligatoria de los contratos a unidades familiares vulnerables
El descuento del bono social se aplica hoy por hoy sobre una potencia contratada y una tarifa que nada tienen que ver con las necesidades de las familias. No sólo se trata de flexibilizar la contratación de la potencia sino de optimizar el contrato antes de aplicar el bono, indicando a cada cliente qué potencia necesita, en base a su demanda real y la tarifa más económica (Tarifa con Discriminación Horaria 2.0DHA)

3.- Que todas las comercializadoras puedan facilitar el bono social
Además de llegar al 40% de la población excluida, se evitaría el trasvase de clientes a las empresas del oligopolio y se fomentaría la competencia en el sector. De esta manera, podrían ofrecer el bono todas las empresas que lo desearan, entre otras, las cooperativas energéticas de no lucro, que comercializan sólo energía renovable y apuestan por la democratización de la energía

4.- Que las eléctricas financien el bono en función de su volumen negocio
El actual sistema de financiación hace recaer el peso del bono social sobre las espaldas de las comercializadoras, que son las que gestionan la parte más pequeña del pastel eléctrico. Pagan las que menos ganan y lo hacen en proporción al número de clientes. Esto penaliza fuertemente a aquellas centradas en el sector doméstico. Cooperativas como Som Energía o Solabria tienen que entregar más del 30% de sus beneficios para financiar un bono que, no pueden ofrecer a sus clientes.

5.- Excluir del bono social a familias numerosas de alta renta
No tiene justificación alguna que se aplique el descuento del bono social del 25% a familias numerosas de alta renta, mientras la gente que realmente lo necesita no tiene acceso al mismo. Resulta necesario aplicar los topes de renta establecidos para el resto de colectivos.

La Plataforma Cantabria por lo Público defiende un bono social de ciudadanía que englobe todos los servicios básicos del s. XXI, como son la vivienda, el agua, la electricidad o la calefacción, con criterios rigurosos a aplicar en función de la renta disponible, porque, como enfatizan por último, «la energía no es un lujo, es un derecho».