El Bahri Hofuf llega a Motril (Granada)
El Bahri Hofuf, barco de la naviera saudí visitante habitual del Puerto de Santander para cargar armas que luego son usadas en la guerra de Yemen, ha llegado este martes a Motril (Granada).
Tras más de seis meses sin pasar por Santander –sin que la economía del Puerto se haya resentido, que era uno de los argumentos con los que se defendían estos tráficos- y sin escalas previstas en 2020, Bahri se está inclinando en los últimos meses por puertos como el de Sagunto, en Valencia –su última escala–, o Motril.
Allí llegará este martes de madrugada, procedente de Estados Unidos, Según datos del periodo 2013-2017 citados por la plataforma La Guerra Empieza Aquí, Estados Unidos abastece del 61% de las armas que utiliza Arabia Saudí.
En este caso, el Bahri Hofuf, que ha visitado el Puerto de Santander en distintas ocasiones, fue localizado hace meses en el puerto yemení de Adén descargando material bélico procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por la CNN.
Esta última escala se produce justo un día después de que finalizara en Arabia Saudí la Supercopa de España, que ha enfrentado a equipos españoles en territorio saudí (de hecho, la final se ha celebrado en la ciudad de Jeddah, uno de los puertos a los que han acabado llegando en alguna otra ocasión barcos que salieron con armas del Puerto de Santander).
El bombero Ina Robles, cuyo gesto de negarse a escoltar un barco de Bahri visibilizó un movimiento de repulsa que finalizó con la expulsión de la naviera del Puerto de Bilbao, mostraba en redes sociales su pesar por la cita deportiva.
Más de 10 años de activista, me jugué mi trabajo por no colaborar con las masacres de Arabia Saudí en Yemen, y trato de concienciar como puedo contra la venta de armas a ese régimen genocida.
Hoy 22 de los deportistas más relevantes de España juegan en el equipo contrario. 🤮
— inarobles (@inarobles13) January 12, 2020
Desde Amnistía Internacional, miembro de la campaña Armas bajo control, lamentan que se asocien los valores del fútbol con un país que “desprecia los derechos humanos y que ha provocado la crisis humanitaria más grande del mundo en Yemen”.
Y recuerdan la persecución a activistas, citando casos como Loujain al-Hathloul, encarcelada desde abril de 2018 por defender el derecho a conducir, o el periodista Jamal Khasshogi, torturado y asesinado en una embajada de Arabia Saudí.
ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA SOBORNOS EN LA EMPRESA PÚBLICA DE EXPORTACIÓN DE ARMAS
Esta llegada se produce también después de que se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción remitía escrito de acusación sobre el papel de la empresa pública Defex (ya disuelta), dedicada a la exportación de armas.
En el escrito, centrado precisamente en 11 contratos de venta de armas a Arabia entre 1991 y 2016, se habla del desvío de más de 100 millones de euros y de prácticas corruptas como sobornos a funcionarios saudís en nombre de la empresa privada beneficiaria de los contratos, según detalló recientemente el diario El Mundo.
LA GUERRA DE YEMEN
Guerra de Yemen (Foto: Amnistía Internacional)
Según la información recopilada por Amnistía Internacional sobre los datos de carga, desde el inicio de la guerra en Yemen en 2015, La guerra aérea que encabeza la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha matado y herido a miles de civiles, e incluso ha llevado a cabo ataques que violan el derecho internacional humanitario.
Según Naciones Unidas, a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes habrán muerto por culpa de los combates o de la crisis humanitaria, cerca de 14,3 millones de personas están en riesgo de hambruna y 24 millones, de una población de 29 millones, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.
Una de cada tres personas, fundamentalmente mujeres, niñas y niños, están a un paso de la hambruna. Más de 16 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, así como 15 millones no tienen acceso a servicios sanitarios mínimos ya que los hospitales están cerrando por no tener medios.
La ONU, así como ONG internacionales y yemeníes han documentado decenas de graves abusos, incluidos crímenes de guerra, por todas las partes del conflicto, como ataques deliberados y desproporcionados contra población civil, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, o tortura.
En los cuatro primeros años de conflicto, Amnistía Internacional ha contabilizado al menos 41 ataques aéreos de la coalición saudí que presuntamente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Estos ataques causaron la muerte a 512 civiles y otros 433 personas resultaron heridas.
España, tras haber ratificado en 2014 el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), tiene una serie de obligaciones. En su artículo 6, el Tratado establece que cada Estado parte debe prohibir el tránsito o transbordo de armas convencionales y municiones cuando podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra.
Además, el artículo 9 asegura que los Estados partes “tomarán medidas apropiadas” para regular el tránsito/transbordo de armas convencionales a través de su territorio “siempre que proceda y sea factible” y “de conformidad con el derecho internacional aplicable”, como en este caso.
Como respuesta a la presión de la opinión pública, varios países, como Países Bajos, Bélgica, Grecia y Alemania han suspendido total o parcialmente las ventas de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición. A raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron la suspensión de las transferencias de armas a Arabia Saudí, como Noruega, Finlandia y Dinamarca.
