El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula la publicidad sanitaria en Cantabria, para garantizar que el mensaje publicitario que pueda afectar a la salud de la ciudadanía se ajuste a los principios de veracidad y autenticidad y esté basado en criterios aceptados por la comunidad científica.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, sobre un decreto que se aprueba “con el respaldo y acuerdo de los colegios profesionales” y para “mejorar la información que, desde las empresas privadas, llega a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria».

El Ejecutivo quiere luchar de esta manera contra «el intrusismo profesional, la proliferación de pseudoterapias sin respaldo científico» y, en definitiva, «evitar el engaño a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria y la mala praxis”.

El Gobierno defiende la regulación como «necesaria ante el creciente impacto que tiene entre la población la difusión y propagación de ofertas de servicios sanitarios», con el objetivo de «no sólo ordenar el procedimiento administrativo para su autorización, sino también asegurar que el mensaje publicitario que pueda afectar a la salud de la ciudadanía se ajuste a los principios de veracidad y autenticidad», así como que «esté basado en criterios aceptados por la comunidad científica».

El decreto incluye a los colegios profesionales del sector sanitario como colaboradores en el procedimiento de validación de los mensajes publicitarios, con el fin de compatibilizar la legítima actividad sanitaria y su difusión publicitaria con la defensa de la salud y la seguridad de la ciudadanía.

DERRIBOS EN LIENCRES

Por otra parte, el Gobierno ha acordado en su reunión semanal mostrar su conformidad con la propuesta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander para derivar la ejecución de una sentencia de derribo a mediación intrajudicial, a petición del Ayuntamiento de Piélagos y un propietario afectado.

Se trata de la sentencia que afecta a 20 viviendas unifamiliares en Entrelindes, Liencres. La decisión adoptada hoy por el Consejo de Gobierno es un trámite previo para que las partes, en este caso ARCA como demandante y el Gobierno y el Ayuntamiento de Piélagos como demandados, puedan alcanzar un acuerdo sobre la forma de ejecutar la sentencia con la intervención de un mediador.

La Dirección General del Servicio Jurídico trasladará mañana mismo esta disposición al Juzgado, en la esperanza de llegar a un acuerdo definitivo que satisfaga a todas las partes.