El Gobierno de Cantabria y Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, han alcanzado un acuerdo por el que la entidad bancaria cede al Ejecutivo 50 viviendas, por un periodo de 5 años prorrogable, para su incorporación al parque público con destino a fines sociales.

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, la consejera de Empleo y políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y la directora de Relaciones Institucionales de Liberbank, Ana Echenique, han suscrito el acuerdo que supone un incremento global del parque público de casi un 18%.

Los términos del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Cantabria y Liberbank, con una vigencia de cinco años que puede ser prorrogado, contempla que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se hará cargo de la gestión de los inmuebles cedidos y seleccionará a los beneficiarios de las viviendas en el marco de sus programas sociales.

Los inmuebles, que actualmente se encuentran sin inquilinos, están ubicados donde existe mayor demanda de vivienda: Santander, municipios del Arco de la Bahía y Torrelavega.

En caso de que sean necesarias obras de adecuación para garantizar la habitabilidad de las viviendas, el Gobierno y Liberbank asumirán su coste al 50 por ciento.

Con estos nuevos inmuebles, el parque público de vivienda en alquiler de Cantabria se eleva hasta 332 viviendas, destinadas a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre, a aquellas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional, o a personas en exclusión social.

Pablo Zuloaga se ha mostrado satisfecho por este acuerdo “con el que el Gobierno de Cantabria va a facilitar que los cántabros y las cántabras con mayores necesidades sociales accedan a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles”.

Además, ha indicado que este convenio evidencia que las políticas de vivienda que está poniendo en marcha el Ejecutivo están dando sus frutos, y ha recalcado el trabajo que está haciendo la Consejería de Políticas Sociales para captar inmuebles desocupados que puedan ponerse en el mercado a través de un parque de alquiler social.

Por su parte, la consejera Ana Belén Álvarez ha explicado que una parte de estas viviendas irán destinadas a atender los casos de emergencia habitacional, mientras que otra parte se pondrá a disposición de aquellas unidades familiares que sin tener que enfrentarse a una ejecución hipotecaria están atravesando dificultades sociales y económicas. Este tipo de actuaciones se coordinarán con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

“Con la cesión de estos inmuebles, el Gobierno cumple con una importante función social, ampliando su parque público de vivienda y dando respuesta a situaciones de vulnerabilidad”, ha manifestado Ana Belén Álvarez.

Liberbank, en los últimos meses protagonista de la crisis habitacional a través de su fondo Las Peñicas, se había mostrado hasta la fecha bastante reacio a la búsqueda de soluciones para los problemas de emergencia habitacional y desahucios: fue el último banco –pese a su implantación– en sumarse a los protocolos cuando se abrió la Oficina de Emergencia Habitacional, se ha mostrado poco dispuesto a negociar con los afectados hasta que no se producían protestas por parte de la PAH en las oficinas, y ha recurrido a la vía penal en los últimos casos.