Madres por el Clima, uno de los movimientos surgidos en los últimos tiempos al hilo de la mayor preocupación por el medio ambiente que se reflejó en las citas masivas de Fridays for Future, ha convocado este sábado una acción reivindicativa en torno al proyecto de incineradora de Solvay.

En concreto, será en Torrelavega ste sábado 1 a las 12 horas, y será un pasacalles previo al carnaval, desde Espacio Argumosa, el solar recuperado para usos culturales, hasta la Plaza Roja.

“Comprendemos que la incineradora propuesta es una buena decisión para Solvay, como empresa, para hacer la transición energética a una producción de energía sin carbón (y sin combustibles fósiles), pero para ser una transición justa es fundamental que también sea una buena decisión para las personas de sus alrededores”, explican desde Madres por Clima, que recuerdan que una población de unos 75.000 cántabros viven dentro de un radio de 5 kilómetros de la fábrica.

“Frente a una emergencia climática donde vemos nuestro propio bienestar y salud en juego, es fundamental que abramos urgentemente un debate aquí en Cantabria entre la población y los políticos sobre qué tipo de futuro queremos”, defienden.

Entre sus argumentos para la acción, insisten en que la calidad del aire en la zona no cumple los niveles de la OMS: “respiramos un peligro invisible que afecta aún más a nuestros hijos”. Cada día mueren prematuramente en España 107 personas por culpa de la contaminación del aire, añaden.

Por tanto, instan a abrir un debate público sobre el proyecto para que la decisión que se adopte “nos tenga en cuenta a nosotros también”.

El proyecto supone una inversión de 125 millones de euros para sustituir a la actual incineradora de carbón, dentro de su plan de transición energética y descarbonización. En este caso, se alimentará de combustible derivado de residuos (CDR), previamente segregado y tratado fuera de las instalaciones de Solvay.

Colectivos como Ecologistas en Acción ya han expresado sus dudas por el alto consumo de residuos que necesitaría, además de porque el propio proceso de quemarlos también genera contaminación que se dispersa a la atmósfera.

EL AYUNTAMIENTO DE POLANCO PIDE QUE LA CALDERA SÓLO UTILICE COMBUSITBLE CSR

El Ayuntamiento de Polanco ha presentado un conjunto de alegaciones centradas en minimizar el efecto que esta instalación podría tener sobre la salud o el bienestar de los vecinos más próximos.

Zona de viviendas de Rinconeda situada en las proximidades de la fábrica de Solvay

El conjunto de las alegaciones pretende garantizar que la opción elegida por Solvay para su Plan de Transición Energética no produzca molestias tales como ruidos u olores, que solo se utilice Combustible Sólido Recuperado (CSR), no se aumente la huella de carbono y se realice un estudio de la salud de la población más cercana a la nueva nueva caldera, que es el pueblo de Rinconeda, cuyo barrio Salvador se encontraría a unos 200 metros.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha destacado que en la primera alegación el Ayuntamiento señala la necesidad de incrementar la altura de la chimenea prevista en esta instalación para la salida de gases (unos 40 metros), altura que se considera insuficiente para conseguir la correcta dispersión de los gases, debiendo tenerse en cuenta la cercanía de núcleos poblados muy próximos a la nueva instalación.

No obstante, se considera positivo que la empresa prevea instalar un sistema de «lavado» de los gases procedentes de la combustión antes de salir a la atmósfera, pero la alcaldesa ha insistido en la necesidad de incrementar la altura de la chimenea, máxime cuando la actual que dispersa los gases procedentes de la combustión de las dos calderas de carbón tiene una altura de 140 metros.

Otra de las alegaciones se refiere a la necesidad de evitar el posible incremento del nivel de ruidos en el entorno de Rinconeda y otros barrios, al coincidir en un área próxima el nuevo ramal de la autovía A-8 que está en construcción y la planta de Solvay, infraestructuras generarán un aumento del tráfico rodado en el entorno.

Junto a ello, el Consistorio alerta sobre el contenido de los informes que pueda elaborar la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya que la zona donde se pretende construir la nueva caldera se encuentra en el área afectada por las inundaciones producidas en la región en 2019.

Otra de las alegaciones se refiere al tipo de combustible que se utilizará en la futura planta, ya que una parte del proyecto se refiere a una caldera alimentada con Combustible Sólido Recuperado (CSR) y en otra a Combustible Derivado de Residuos (CDR), por lo que desde el Ayuntamiento se pide limitar el uso a este primer tipo de materiales, ya que ello permitirá saber qué residuo lo compone y en qué porcentaje.

En este sentido, se solicita la no utilización como combustible de los lodos de depuradora, pese a ser considerados como CSR, ante la preocupación existente sobre la composición que pueden tener esos residuos en cuanto al contenido en metales pesados, sustancias químicas y bioquímicas, detergentes o pesticidas.

Rosa Díaz ha resaltado que otra alegación se refiere a la preocupación por el posible aumento de la huella de carbono en el municipio como consecuencia del tráfico de camiones para abastecer esta caldera, pese a estar previsto un itinerario que no cruce por la travesía de Requejada y que parte del transporte se haga por ferrocarril.

Pese a ello, el Ayuntamiento entiende la necesidad de adoptar medidas en el proyecto que contrarresten ese efecto de aumento de huella de carbono, proponiendo a la empresa Solvay la utilización de vehículos ECO o híbridos en el transporte del combustible hasta la caldera.

Asimismo y atendiendo al debate social suscitado en las ultimas semanas sobre posibles efectos negativos en las personas, el Ayuntamiento propone en otra alegación que se realice un estudio de la salud de la población más cercana a la ubicación de la nueva caldera, y otros posteriores estudios de seguimiento y evolución, para así como poder establecer en su caso medidas correctoras.

Finalmente, el escrito de alegaciones remitido a la Dirección General de Industria pone de manifiesto la necesidad de alcanzar un compromiso con la población del municipio respecto a posibles compensaciones, en especial aquellas personas que residen en los núcleos más cercanos a la futura nueva instalación.

La alcaldesa asegura que las alegaciones reconocen que Solvay Química SL es «una gran empresa para el tejido industrial» de Cantabria y de la comarca del Besaya, y que desde el Ayuntamiento de Polanco se apoya su Plan de Transición Energética para garantizar su futuro, pero ello debe ser compatible con las mínimas afecciones a las habitantes más próximos.

CANTABRISTAS SE REMITE A LAS DECLARACIONES DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

El proyecto se encuentra en la fase de información pública en la que se pueden presentar alegaciones. Arca o Ecologistas en Acción han presentado ya las suyas; el PSOE de Polanco también ha avanzado alegaciones, pidiendo más estudios sobre los efectos.

Y Cantabristas plantea en las suyas que la incineración de residuos peligrosos o no peligrosos puede producir emisiones de sustancias que contaminan la atmósfera, el agua y el suelo y tienen efectos nocivos para la salud humana, emitiendo sustancias tóxicas al aire que inhala la población.

También aluden a que  la parcela se encuentra situada dentro de los límites del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación del río Saja, donde la ley no permite recoger o tratar materiales.

Se remiten a un informe del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, según el cual la incidencia de la mortalidad por cáncer en la población residente en un radio de cinco kilómetros en torno a una incineradora incrementa significativamente el riesgo de morir por cáncer, en particular de páncreas, pleura, vesícula, estómago, ovarios, linfoma No-Hodgkin’s, o que aumenta la posibilidad de que los recién nacidos padezcan labio leporino, displasia renal, espina bífida o cardiopatía u otro tipo de anomalías congénitas.

Finalmente, sostienen que va contra las directrices de trato de residuos que apuestan por la eliminación, reducción o reutilización de residuos en lugar de su incineración. Y apuntan a que contradice los principios de las Declaraciones de Emergencia Climática aprobadas respectivamente por el Gobierno cántabro y el central.