Cantabria supera la media española en plazas residenciales pero tiene un déficit de 285 plazas para alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud(OMS), que establece una ratio mínima de cinco por cada 100 habitantes.

Así se desprende de un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, difundido el pasado 24 de enero, que evidencia un déficit en términos absolutos de 70.000 plazas en toda España al cierre del ejercicio 2018.

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 a 9 millones de personas entre 2010 y 2019.

Según datos del IMSERSO, en este mismo tiempo las plazas residenciales sólo se han incrementado en 12.353 y, en consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido del 4,56 al 4,21 por ciento, de manera se aleja del objetivo del 5% que aconseja la OMS.

Además, las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad  de la ratio aconsejable.

Cantabria, que está por encima de la media nacional en plazas públicas, no ha recuperado su máximo histórico en plazas residenciales, que fue en el año 2011, con 6.183. El descenso llegó a 5.576 en 2013 y desde 2014 se han recuperado plazas, de forma tímida en los ejercicios 2015 (5.639) y 2016 (5.659) y más notable en 2017 (6.014) y 2018 (6.060).

Si bien es cierto que el crecimiento en la oferta de plazas de los últimos dos años ha sido por un incremento en las de financiación privada, frente a un leve descenso en las plazas residenciales públicas o concertadas por cada 100 personas mayores de 65 años (3,31).

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Nuestra comunidad autónoma tiene 4.197 plazas de financiación pública, un 69% del total y 1863 plazas de financiación privada, el 31%.

COMPARATIVA POR AUTONOMÍAS

Sólo cinco comunidades autónomas (las dos castillas, Extremadura, Aragón y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo una (Castilla y León) alcanza también esta ratio con plazas de financiación pública.

Las que tienen principales déficits de plazas residenciales son Andalucía (27.981), Comunidad de Valencia (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

Aragón, Madrid o Asturias es donde existe un mayor número de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Respecto a los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, hay una horquilla que va desde los menos de 7.000 euros anuales en Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta los más de 8.000 euros en Aragón, Región de Murcia, Navarra (más de 10.000 euros) o País Vasco (más de 11.000 euros).

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En algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, sólo el 25%.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, estos datos expresan el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para promover la construcción de nuevas plazas residenciales para personas mayores y para incrementar las plazas de financiación pública, que aseguran el derecho efectivo a una plaza residencial cuando se precise.

OTROS DEBATES PENDIENTES

Este colectivo subraya, no obstante, que hay otros debates pendientes, como la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que, en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad.

Esto constituye, a su juicio, un factor que agudiza el vaciamiento de estos territorios, y el sufrimiento de quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.

También es imprescindible, en su opinión, debatir sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementar la ratio gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración.

Además, apuntan que sobre todo es necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando una la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona.