En un comunicado, la asociación ecologista ARCA ha explicado este lunes que no participará en ningún acuerdo de mediación para las sentencias de derribo y ha exigido a las administraciones implicadas que “acaten y ejecuten el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin distinciones ni más aplazamientos”.

Responde así a “recientes declaraciones realizadas a los medios por diversos representantes del Gobierno de Cantabria, en las que se involucraba a ARCA en un acuerdo de mediación”, que los conservacionistas vinculan con “una nueva técnica dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la administración y el desistimiento del demandante”.

De esta manera, ARCA entiende que la mediación es “el último truco con el que se intenta montar un artificio nuevo, para evitar y alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias”.

Asimismo recuerda que desde que las sentencias fueron firmes “los distintos gobiernos de Cantabria de distinto signo (PP, PSOE, PRC), a lo largo de varias legislaturas han utilizado sus redes de poder político institucional e influencia social, para boicotear el cumplimiento de las sentencias”.

También subrayan que hace 15 años del primer plan de derribos, denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “porque apenas se derribaba nada de lo sentenciado”, o que, posteriormente, se hizo la primera ley del parlamento para los derribos, que fue declarada inconstitucional.

“51 días después” de aquella sentencia, añade, se hace la segunda ley anti-derribos, que “igualmente es declarada inconstitucional”.

Posteriormente, según ARCA “para seguir dilatando los procedimientos en el tiempo”, se adopta la idea de “crear el conflicto artificial de si los pagos han de hacerse antes o después de demoler”, a lo que el Tribunal Constitucional responde que “basta con que la administración garantice dicho pago”.

“Como la realidad es que no hay voluntad política alguna de ejecutar todas las sentencias judiciales de derribo, en el año 2019 la administración autonómica se inventa un nuevo truco para seguir prorrogando indefinidamente la ejecución de las mismas: la figura del mediador”, critica la asociación ecologista.

“Entendemos y reiteramos que este es el último truco, con el que se monta un artificio nuevo para alargar indefinidamente la ejecución de las sentencias: una nueva técnica dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la administración y el desistimiento del demandante”, recalca.

Y recuerda que la mediación “no es una figura propia del derecho español”, al tiempo que “la mediación intrajudicial es ajena al urbanismo”, ya que “no es objeto de transición, sino de ordenación y no de intercambio”. “Por lo tanto el urbanismo está fuera del campo de la mediación, no cabe la homologación de acuerdos en el desistimiento a la ejecución de la sentencia”, subraya.

De esta manera, para ARCA la mediación constituye “una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación, y la prolongación de la agonía que vienen padeciendo los afectados”.

«UN ESCÁNDALO DE PRIMER ORDEN»

“Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de Cantabria contra el poder judicial. Un escándalo de primer orden que socaba los principios básicos de la democracia. Una vergüenza para nuestra comunidad, protagonizada por nuestros representantes públicos de diferentes partidos e ideologías”, afea.

Según ARCA, “lo que debe hacerse es aceptar y asumir la aplicación íntegra de las sentencias por parte de los responsables de las infracciones urbanísticas cometidas, la comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados, y sin más dilaciones proceder a reparar el daño causado a todos los afectados de buena fe, restituyendo la legalidad urbanística vulnerada mediante la ejecución de todas las sentencias sin distinción”.

La asociación que impulsó las denuncias que desembocaron en sentencias firmes de derribo considera que ha sido “coherente” con sus fines de defensa del medio ambiente, y de los usos adecuados y sostenibles del territorio para beneficio del interés general, y valora “de máxima importancia la ejecución efectiva de todas las sentencias, para que estos desastres urbanísticos no vuelvan a repetirse”.

“Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, y ante la expectación y alarma social generada, ARCA decide no participar en ningún acuerdo de mediación y exigir a las administraciones implicadas el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin distinción ni más dilaciones», concluye.

EL GOBIERNO APROBÓ LA MEDIACIÓN

El pasado 23 de enero el Consejo de Gobierno acordó en su reunión semanal mostrar su conformidad con la propuesta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander para derivar la ejecución de una sentencia de derribo a mediación intrajudicial, a petición del Ayuntamiento de Piélagos y un propietario afectado.

Según trasladó a la opinión pública, se trata de la sentencia que afecta a 20 viviendas unifamiliares en Entrelindes, Liencres. La decisión adoptada por el Consejo de Gobierno es un trámite previo para que las partes, en este caso ARCA como demandante y el Gobierno y el Ayuntamiento de Piélagos como demandados, puedan alcanzar un acuerdo sobre la forma de ejecutar la sentencia con la intervención de un mediador.

La Dirección General del Servicio Jurídico trasladó al día siguiente esta disposición al Juzgado, en «la esperanza de llegar a un acuerdo definitivo que satisfaga a todas las partes».