El director general de Políticas Sociales, Julio Soto (PSOE), ha advertido este lunes en EL FARADIO de la inminencia de una crisis demográfica “terrible” que afecta a la prestación de servicios de Dependencia y ha apostado por un futuro de “profesionalización” de los cuidados y “dignificación” de las condiciones de los empleados.

“El Gobierno de Cantabria tendrá que integrar que, si realmente nos creemos las políticas sociales, habrá que poner el dinero”, ha aseverado en una entrevista en EL FARADIO de ARCO FM (103.2).

Y ha subrayado que, si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de un nuevo Gobierno central “con otra sensibilidad social” no habrá “manera de rectificar” las políticas de los gobiernos del PP que supusieron “un constante desmantelamiento por la vía de los hechos” de las políticas de atención a la Dependencia.

Soto ha asegurado que en Cantabria estamos ahora “recuperando la inversión del 2011”. Casi una década en la que “el sistema no ha crecido”. “Ha sido posible mantenerlo aumentando copagos o reduciendo trabajadores del Gobierno, pero estamos en condiciones económicas nefastas”, ha denunciado.

Además, “el Estado paga el 20% y no siempre”, frente al compromiso establecido en la ley de 2006 de afrontar el coste del sistema de Dependencia al 50% con las comunidades autónomas. “Ahora hay un cambio de Gobierno, con otra sensibilidad social, y se va a cambiar, pero venimos de los presupuestos de Montoro”, ha apuntado.

DIFÍCIL PLANIFICACIÓN Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Julio Soto ha avanzado que en un mes estará concluido el estudio que está elaborando el departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria y el mapa de las necesidades a corto plazo de nuevas plazas residenciales, el único capítulo de atención a la dependencia con lista de espera, de más de 600 personas.

En este sentido, ha señalado que “los grandes núcleos urbanos, en Santander y el arco de la bahía o en Castro Urdiales – porque Torrelavega, según ha dicho, está bien cubierto- es donde se concentra la necesidad”, aunque también ha apuntado la posibilidad de modelos mixtos de residencias y centros de día para “acercar los servicios a donde están los ciudadanos”, en especial “en las zonas periféricas” donde “tienen los mismos derechos pero la red es insuficiente”.

El director general ha indicado que la planificación es “difícil” porque las decisiones las toman los familiares. “¿Quién es la administración para decirle a una familia que no puede seguir cuidando de manera informal a un familiar? Es un diálogo entre familia e institución que se establece en el ICASS y no puede ser una imposición”, ha explicado.

Soto ha estimado el coste de una nueva residencia en entre 5 y 6 millones de euros y ha apostado por el modelo público-privado y de colaboración institucional, con la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento, la financiación privada de la infraestructura y la garantía del Gobierno de aportar usuarios en modo de plazas concertadas. “Con la crisis el tema de infraestructuras se paró y ahora estamos relanzando eso”, ha recordado.

Asimismo, ha explicado que cada plaza concertada puede tener un coste de entre 1.700 y 1.800 euros, de los que el usuario afronta un copago de entre el 40 y el 45 por ciento de media.

CRISIS DE CUIDADOS

Julio Soto ha afirmado que la población de Cantabria “envejece a marchas forzadas” y ha advertido del “fenómeno de crisis de cuidados”, por el que la demanda de cuidados no se está “acompasando” con el crecimiento de los futuros cuidadores.

Según ha dicho, de aquí a 15 años se va a producir un crecimiento espectacular de población de más de 65 años y va a decrecer la de los “hipotéticos cuidadores” de 18 a 65 años.” ¿Quién va a cuidar a los mayores? Tenemos una crisis terrible ligada a la demografía”, ha advertido.

A su juicio, “no hay más manera que abordarlo desde la profesionalización”, para la cual se precisa “intentar minorar la figura del cuidador informal”, y ha apelado a “pagar en condiciones” porque “no va a haber cuidadores informales”.

“La gente joven no quiere asumir un papel que estaba socialmente impuesto, especialmente las mujeres. Se está acabando y se va a acabar más”, ha recalcado, por lo que ha insistido en la necesidad de “dignificar el sector”.

“No puede ser que un auxiliar de residencia gane 900 euros, trabajando a turnos y en un trabajo que incluso físicamente produce lesiones; tiene que llegar gente que opta por esta vida laboral como puede optar por otra”, ha sentenciado.

SANTANDER: NUEVA MONTAÑA VS. LA PEREDA

Soto ha puntualizado que el coste del suelo hace “inabordable” el impulso de residencias en Santander, donde apuesta por el modelo de cesión de suelo municipal, como proyecta el Ayuntamiento en la zona de Nueva Montaña. “Ese es el modelo”, ha insistido.

Frente a esto, se ha referido también a la futura residencia de La Pereda, cuyo edificio subastó el anterior Gobierno y compró una promotora para acondicionar la infraestructura a las necesidades de una residencia.

Sin embargo, ha matizado que los futuros residentes serán “autónomos”, en un proyecto que está, según el director general, en fase de autorización para las licencias.