Ecologistas en Acción ha cuestionado el discurso de transición energética con el que la empresa Solvay justifica su proyecto de incineradora de residuos, contra el que hubo una concentración este fin de semana convocada por Madres por el Clima y que se encuentra en período de alegaciones por parte de instituciones o sociedad civil.

Según recuerdan, Solvay emite el 20% de todos los gases de efecto invernadero de Cantabria y excede en un 50% los derechos de emisión otorgados de forma gratuita, lo cual le obliga a acudir al mercado de emisiones con un coste muy importante para su cuenta de resultados.

Un objetivo al que, advierten desde la organización ecologista, la química llega “con los plazos muy ajustados y una alternativa ambiental y socialmente inaceptable, cuya viabilidad además es más que dudosa”

Tal y como detalla, el proyecto básicamente pretende incinerar 330.000 toneladas/año de residuos urbanos (restos contenedor amarillo y verde), lodos de depuradora y residuos industriales no peligrosos, los cuales conforman un combustible “pobre”; y, por este motivo tan sólo sustituirían aproximadamente un tercio del actual consumo de carbón (unas 100.000 toneladas anuales) para reducir apenas un 12% sus emisiones de GEI hasta el año 2025.

Pero mientras tanto, desde la puesta en marcha de la incineradora, seguirían funcionando las térmicas de carbón quemando unas 260.000 toneladas al año para cubrir las necesidades energéticas, pues con la incineradora sólo cubrirían un tercio de sus necesidades.

De modo que en el año 2025 Solvay tendría que tener operativa otra alternativa nueva para cerrar definitivamente las dos térmicas de carbón por imperativo legal.

Pero más allá del “parco” ahorro en emisiones de efecto invernadero, apuntan que además se produciría un importante aumento de emisiones contaminantes, especialmente de compuestos orgánicos persistentes y metales pesados.

Además su dispersión tendrá mayor afección local, especialmente en condiciones de inversión térmica, por la altura de la chimenea propuesta de apenas 40 metros frente a la actual de 140 metros.

“Todo ello conforma un significativo riesgo para la salud en un entorno donde la capacidad de carga ambiental está saturada”, añaden.

Ecologistas en Acción también duda de la viabilidad de la planta, porque requeriría la importación en más de un 95% de residuos de varias comunidades autónomas. El proyecto “pretende incinerar el equivalente a todos los residuos urbanos y comerciales de Cantabria antes de su tratamiento, reutilización y reciclaje”, y se hace en un contexto de “sobrecapacidad de incineración· en Cantabria con la instalación de Meruelo y la planta de Cementos Alfa.

“Es más que dudosa la posibilidad de abastecimiento de otras comunidades autónomas, pues existen más intereses en juego en las mismas”, critican.

Y matizan que esta forma de trabajar es contrario a los principios de Cercanía y Autosuficiencia en el tratamiento de residuos según la Directiva Marco de Residuos y los principios de la Economía Circular o las directrices del último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que hace unas previsiones de sustancial reducción de la cogeneración con residuos.

Ecologistas en Acción sostiene que la transición de Solvay debe priorizar la optimización energética, pues sólo el aprovechamiento de la mitad de energía que disipa en las torres de refrigeración y por medio del emisario de Usgo supondría un ahorro de emisiones superior al proyecto actual (por ejemplo, aprovechamiento para calefacción de barrios).

Y apuntan a medidas complementarias como una planta de biogás en las propias instalaciones o en sus proximidades, estableciendo sinergias y optimizando costes, en lo que además se justificaría una colaboración público privada. Todas estas medidas en conjunto pueden suponer una reducción de emisiones de al menos, del 75%.