El Ayuntamiento de Castro Urdiales rechazaba la semana pasada la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU para la recalificación de la fábrica de anchoas de Lolín (–propiedad de una familia ligada al PRC–) y convertirla en un centro comercial, ocupado en su mayor parte por Mercadona, en una operación en la que el cambio de valor del suelo permitiría financiar el traslado a otra zona.

Desde Equo Cantabria recuerdan que toda esta tramitación llegó a iniciarse con una evaluación ambiental por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en la que “inexplicablemente” no se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica, ni tampoco a Costas, ni se incorporó el mapa de inundabilidad de la zona, tal como exige la Ley estatal del Suelo.

Para Equo, “el error consiste en entender que el Ayuntamiento puede satisfacer y salvar a empresas, cuando lo que compete a un Ayuntamiento es la planificación de su municipio y de gestión del urbanismo”.

Así, señalan que si se hubiera planteado un cambio de uso de las actuales instalaciones de Lolín, de industrial a comercial, “nadie hubiera opuesto objeción alguna”.

Pero, matizan, “se trataba de exprimir la parcela al máximo” e incorporar un aumento del suelo ocupado de 1377 m2 (un aumento de casi el 42%), y un aumento de la superficie edificable de 2.754 m2 (un aumento del 21,38 %), algo “exorbitante” que infringía las normas urbanísticas del PGOU, y la ley del Suelo de Cantabria, además en suelo inundable, como recalcó, según citan en Equo, un informe de la secretaria municipal que pospone la obligación de cambiar el plan a que la empresa acredite la posesión del nuevo solar, y no al revés.

Por tanto, creen que es tiempo de volver el debate a la función del urbanismo: “son las decisiones empresariales las que ponen en riesgo o salvan los puestos de trabajo”, aseveran, recalcando que “el Ayuntamiento no puede reinventar la legalidad para amoldarse a las pretensiones especulativas de un empresario”

De modo que plantean que “el traslado de todas las fábricas de Brazomar a Vallegón es un buen objetivo, y además, una magnífica oportunidad, a pesar de las servidumbres que pesan sobre la inundabilidad de la zona”.

Y apuestan por “planificar globalmente para que Brazomar adquiera la importancia estratégica que tiene para la ciudad, responder a las necesidades de los vecinos, de los empresarios; restaurar ese espacio urbano, mejorar la movilidad y ganar la ría para la ciudadanía, proyectando quizás un modelo de desarrollo ecológicamente ejemplar con la situación de emergencia climática que sin duda va a afectar a la zona”.

“Hay razones para ponerse a trabajar en ese plan. Quizás con ello se recupere la sensatez, poniendo en el horizonte un plan que sea consensuado por la mayoría municipal, y participado por la ciudadanía”, defienden.