El acceso a la justicia es un derecho básico y fundamental de todos los ciudadanos, ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional, que ha de estar garantizado por los Estados.

El pasado 17 de febrero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó las medidas y actuaciones en las que se va a trabajar los próximos años con la finalidad de transformar la justicia. Todas ellas, integradas en el denominado “Plan Justicia 2030”, pretenden consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

Y aunque esos son los objetivos marcados en un horizonte temporal de 10 años para la transformación de la justicia en un auténtico servicio público, a esta letrada le llama la atención que entre las medidas a adoptar se anuncie la “agrupación de partidos judiciales con criterios de responsabilidad y garantizando una mayor accesibilidad y eficiencia”.

Lo cierto es que son innumerables las ocasiones en las que la mayor parte de la abogacía hemos manifestado la necesidad de tener una justicia cercana al ciudadano, ágil y de calidad, para lo que resulta imprescindible una mayor inversión en justicia de la que se viene realizando en los últimos años, en los que a pesar de ser uno de los pilares fundamentales del estado de derecho acaba siendo la gran olvidada.

De igual modo hemos mostrado nuestra preocupación ante la posibilidad de que la agrupación de los partidos judiciales aleje a los ciudadanos de este servicio público, obligándolos en muchos lugares a tener que desplazarse a más de cien y ciento cincuenta kilómetros, para litigar y ejercitar sus derechos.

El ejemplo más claro le tenemos en la creación de los Juzgados Uniprovinciales especializados en cláusulas abusivas, denominados como “Juzgados Trampa” o “Juzgados Pozo”, con los que se consiguió alejar a los consumidores del acceso a la justicia, obligándolos a desplazarse si quería pelear contra los abusos de la banca, produciéndose un auténtico colapso deliberado, que desgraciadamente se mantiene en la actualidad, mientras asistimos perplejos a la prórroga de los mismos por parte del Consejo General del Poder Judicial.

La especialización de estos Juzgados en las capitales de provincia logró un objetivo mucho mayor, disuadir a muchos ciudadanos que por infinidad de razones, por falta de capacidad económica, por la dificultad de la distancia y su estado de salud, etc, decidieron no ejercer sus derechos contra las entidades bancarias, a pesar de que el porcentaje de éxito del procedimiento era abrumador.

En mi opinión, unificar o reagrupar los partidos judiciales, desplazándoles a capitales de provincia, pondrá en riesgo la justicia cercana que tanto anhelamos, y sobre todo supondrá un nuevo obstáculo para el mundo rural y sus posibilidades de desarrollarse.

Pronto será convocada la Conferencia Sectorial de Justicia en el que se abordará esta cuestión, y espero que los distintos operadores jurídicos que intervengan en los diferentes territorios sean capaces de poner sentido común y responsabilidad a este asunto, determinante para definir el modelo de justicia que queremos.

En cualquier caso, la abogacía independiente seguirá alzando la voz para luchar por una justicia de calidad, ágil, eficaz y sobre todo cercana, reivindicando que se la dote con los medios técnicos, materiales y humanos para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad y con independencia del lugar en el que residan, y puedan agilizarse los tiempos de resolución de los procedimientos.