Los constructores y promotores cántabros han lamentado la «drástica» caída de la licitación oficial en construcción, casi un 40 por ciento en 2019 respecto al año anterior según los últimos datos del Ministerio de Fomento, y han alertado al respecto de que con ella también «cae el empleo» en el sector.

Así lo avisa la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Cantabria en un comunicado en el que recuerda que la actividad se ha venido «desacelerando» en los últimos ejercicios, fruto del descenso asimismo de la licitación de la promoción y edificación.

Ante esto, los profesionales de la construcción llaman a las administraciones a «volver a ponerse en marcha» y reiteran las aportaciones hechas para evitar que se produzca «el colapso» de esta actividad económica.

«El futu­ro de la sociedad cántabra, se quiera o no, pasa en bue­na medida por la reactivación de la construcción, el segmento productivo capaz de crear empleo con mayor celeridad», defienden.

Y para lograrlo, la ACP reclama la puesta en marcha de una serie de iniciativas, entre las que figura el impulso de la obra pública por parte de las administraciones.

En este sentido, los constructores exigen un aumento del volumen de obra licitada, «incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación», pues consideran «incuestionable que resulta más conveniente financiar la actividad que subsidiar el desempleo».

También piden «máxima celeridad» en la licitación de los trabajos proyectados para «contener el imparable aumento del paro». Recuerdan al hilo de esto último que las obras generan puestos de trabajo «inmediatos», al tiempo que suponen un «estímulo vital» para el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la Comunidad. Igualmente, desde la asociación solicitan «máxima» urgencia en las adjudicaciones, así como la «rápida» devolución de los avales presentados por las empresas. Y es que esta medida no supone un incremento del gasto y, sin embargo, permite a los licitadores «subsistir financieramente» y, por tanto, mantener sus plantillas.

La ACP también reclama un apoyo «tangible y decidido» a las empresas cántabras y a aquellas que tienen domicilio «estable y arraigo» en la región, posibilitando sistemas de licitación «más justos». Los representantes del sector creen que esto supondría un «valor añadido» al primar el empleo estable y las infraestructuras de maquinaria, así como «responsabilidad» en el futuro de las obras realizadas. A ello se suma que el IRPF de estas empresas «se quede en Cantabria», revirtiendo en la autofinanciación de la propia región.

También expresan su «inquietud» por criterios de licitación que «pueden condenar a un buen número de empresas de primera línea a ser, en el mejor de los casos, meros subcontratistas», y por la morosidad, que se está convirtiendo en un problema «endémico» del sector. Para combatirlo, exigen a las administraciones públicas que garanticen el pago a sus proveedores en un máximo de 30 días, en este caso siguientes a la fecha de certificación, devengando desde entonces los correspondientes intereses de demora.

Finalmente, en el ámbito de la promoción, la ACP apuesta por que «de una vez por todas» se aborde la modificación de la actual normativa urbanística, para poner en valor los suelos destinados a vivienda, «comprados a altos precios en su día y que hoy el mercado no admite».