Todos los partidos políticos de Santander han votado por unanimidad medidas contra las casas de apuestas cerca de centros educativos de la ciudad, tras producirse alarma vecinal a raíz de trascender la petición de licencia de cinco nuevas casas en barrios como Cazoña, El Alisal, la calle Alta o el centro, a las que están expuestos más de 5.000 estudiantes de la capital.

Lo han hecho en un pleno al que han asistido vecinos y familias de los barrios afectados.

Inicialmente se votaba una moción del PSOE que ha sido enmendada de forma conjunta por PP, PRC y Ciudadanos, y que ha acabado recibiendo los votos de todos los grupos.

EL CONTENIDO DE LA MOCIÓN

En las competencias que pueden ser estrictamente municipales, instan a analizar la prohibición y retirada de la cartelería, paneles o luminosos o publicidad exterior de estos establecimientos, dentro de la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

El resto de puntos pactados afectan a otras instituciones: se pide al Gobierno de Cantabria (también al Ayuntamiento) que establezca las medidas legalmente oportunas en el marco de sus competencias para la inmediata paralización de la concesión de licencias para la apertura de locales destinados a juego y apuestas que se encuentren a menos de 500 metros de centros escolares en nuestra ciudad.

También se pide instar al Gobierno de Cantabria a establecer un régimen de caducidad de las consultas de viabilidad previas a la entrada en vigor del régimen de distancias para la implantación de todos los establecimientos de juego.

Y al Gobierno de España se le emplaza a tramitar, con carácter de urgencia, una Ley Nacional Integral de Prevención de la Ludopatía que aborde todos los ámbitos sociales que este tipo de actividad puede generar en la ciudadanía española, con especial atención en los jóvenes.

«NO VAMOS A RESIGNARNOS»

La concejala socialista Ana Santurtún (su partido fue el partido que dio la voz de alarma de la primera de las casas), agradecía el tono del debate y el apoyo del resto de grupos, así como la preocupación que están mostrando los partidos del equipo de Gobierno, pero precisaba que en el plano estrictamente municipal, tras consultar a expertos en drogodependencias y adicciones, estos les han trasladado que se podría optar por una paralización cautelar al existir un “bien superior”, que es la salud de los jóvenes.

Local en Cazoña donde se ha pedido licencia para casa de apuestas. A pocos metros está el instituto Torres Quevedo, y más adelante, los colegios Adoratrices y Fuente de la Salud. Foto: Carlos Atienza

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, recalcaba la importancia de que “todos estemos unidos”, pero también de explicar lo que se ha hecho y lo que se puede hacer cada uno dentro de sus competencias, insistiendo en que las propias autorizaciones de juego le corresponden al Gobierno de Cantabria.

“Todos unidos vamos a trabajar para que no haya más casas de apuestas, para que esos carteles (en alusión a las pancartas de los vecinos) se cumplan. No vamos a dejar de luchar con todas nuestras fuerzas. No vamos a rendirnos ni a resignarnos”, garantizaba, matizando la perspectiva legal porque que no quieren que los vecinos se hagan “vanas ilusiones”.

También desde el equipo de Gobierno, su portavoz y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, de Ciudadanos, garantizaba que el Ayuntamiento «va a empeñarse en usar todas las herramientas que la Ley pone a nuestra disposición», si bien advertía de que «no es un camino exento de problemas» al existir competencias que afectan a distintas administraciones.

En cualquier caso, en la parte que le afectaba a él, las competencias de Urbanismo, avanzaba que ya se están obteniendo los primeros informes jurídicos en su materia.

Urbanismo estudia medidas para frenar las aperturas de locales de apuestas en Santander

Miguel Saro, de Unidas por Santander (que en la anterior legislatura, en representación de Izquierda Unida llevó al Pleno una moción que fue aprobada por unanimidad en la que se pedía distancia entre estos negocios y los colegios o institutos) elogiaba la presión social y vecinal que ha conseguido “torcer” una “voluntad política que muchas veces está plegada los grandes intereses del juego”.

Saro hacía hincapié en la vertiente económica: tanto los impuestos que generan para las arcas públicas como los ingresos publicitarios a los medios, pero sobre todo en los beneficios crecientes que los salones de apuestas van generando en los últimos años y que, advertía, “no podemos consentir que sean a costa de la salud de nuestros jóvenes”.

Por su portarte, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila (cuya trayectoria profesional al margen de la política está ligada al tratamiento de adicciones y drogodependencias) instaba a trabajar «de manera conjunta» todas las Administraciones en materia de prevención para buscar soluciones «conjuntas» ante el «enorme poder adictivo» del juego presencial y online, recordando que es algo que ya se hizo, con éxito, en la lucha contra el tabaco.

«La ludopatía es un fenómeno de enorme complejidad sobre el que hay establecer acciones inmediatas y medidas correctoras ante el problema de salud pública que supone», señalaba.

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