El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha presentado a varios colectivos sociales el anteproyecto de orden para que todas las personas que lo necesiten, aunque no tengan residencia legal en España, puedan recibir asistencia sanitaria en el sistema público de salud de Cantabria.

“Se trata –ha dicho el titular de Sanidad- que durante los próximos 10 días la ciudadanía en general, pero, sobre todo, las asociaciones que trabajan con personas inmigrantes puedan realizar las alegaciones y aportaciones que consideren oportunas a la norma para incorporarlas a su redacción definitiva”.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se reúne con las plataformas a favor de la sanidad universal.

Tal y como ha recordado el consejero, el trámite de audiencia pública inicial se abrió ayer, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

“Queremos facilitar que toda persona que se encuentre en Cantabria, esté legalmente o no, pueda acceder, si lo necesita, a los servicios sanitarios”.

Ese es el principal objetivo de la norma que está elaborando la Consejería de Sanidad, que ejerce así la potestad normativa que otorga el Real Decreto nacional a las comunidades autónomas.

Aunque la norma estatal establece una serie de recomendaciones básicas en el caso de las personas en situación irregular, la Consejería quiere otorgarle un nivel normativo más concreto.

A la convocatoria del consejero han acudido, además del director de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente; la directora general de Cooperación al Desarrollo, Silvia Abascal; la gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Alicia Gómez, representantes de la Plataforma contra Exclusión Sanitaria, de la Asociación Cántabra Ciudadana Antisida (ACCAS), Cruz Roja Cantabria; la ONG Movimiento por la Paz (MPDL), miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, y Nueva Vida, colaboradora también de la Coordinadora.

En los términos explicados por Miguel Rodríguez, y tal y como se recoge en la resolución publicada en el BOC, se recabará opinión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la misma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.