El Gobierno de Cantabria estudia una posible suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, hasta que se tramite la reforma de la Ley del Juego, como planea.

Está aún por ver si esa suspensión afecta a las últimas autorizaciones ya concedidas, las que han causado alarma social entre familias y estudiantes por su cercanía a centros educativos, como los de Cazoña.

La respuesta a esa incógnita está pendiente de un informe jurídico, y en cualquier caso se resolverá antes de la aprobación del decreto de suspensión por parte del consejo de gobierno, según precisan a EL FARADIO desde el Ejecutivo cántabro.

La suspensión la ha pedido al Gobierno también el Ayuntamiento de Santander, a quien a su vez se lo han reclamado familias, vecinos y estudiantes en sus alegaciones a las licencias solicitadas. 

CAMBIOS LEGALES

El Gobierno cántabro modificará la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de Octubre, de Juego de Cantabria con el fin de introducir nuevas medidas de planificación y posibilitar un crecimiento ordenado del sector. Esta será una medida global, que se sumará a otros cambios en el sector, en marcha o ya en vigor, con el fin de evitar la concentración de locales de juego y el acceso de los menores, dentro del Plan autonómico de juego responsable.

Vecinos de Santander han seguido el Pleno

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha informado del alcance de la iniciativa legislativa autonómica a la Comisión de Juego de Cantabria, reunida hoy en la sede del Ejecutivo, en la que también ha comunicado que su departamento aprobará, mientras se tramite la nueva norma, la suspensión, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.

Fernández Viaña ha explicado que el cambio en la Ley autonómica ha sido establecido por el grupo de trabajo de juego responsable, puesto en marcha en 2018, dado que las nuevas medidas implican “ir más allá” y establecer “una modificación integral” del sector ante la preocupación social generada por la expansión del sector del juego y sus nuevas modalidades.

Entre ellas, ha avanzado introducir una nueva planificación del sector con el establecimiento un número máximo de salones de juego en Cantabria, así como endurecer la publicidad y el régimen sancionador, entre otras modificaciones.

Al mismo tiempo, ha defendido la moratoria de las nuevas solicitudes de salones de juego, con el fin de “garantizar la seguridad jurídica y que el nuevo régimen resulte eficaz en su aplicación y en las finalidades que se pretenden conseguir”, que son “la protección frente a los efectos nocivos del juego en los sectores vulnerables”.

La consejera de Presidencia ha asegurado que el cambio legal se llevará a cabo desde el “consenso” y el “diálogo” con la constitución de una mesa de trabajo en el que “tendrán cabida todos”. Según ha informado, participarán todos los ámbitos implicados, desde los operadores de juego y empleados del sector como vecinos, padres y madres, junto a las organizaciones de jóvenes y las asociaciones que atienden a personas con ludopatía.

Ha destacado que el Gobierno regional lleva desde 2018 introduciendo medidas y limitaciones en este sector y, entre ellos, ha citado el servicio de admisión obligatorio que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.

También, ha apuntado la modificación reglamentaria para establecer un régimen de caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura y la aplicación efectiva, desde el pasado 1 de enero, de la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares -la distancia más restrictiva vigente en el país-, y responder así a la preocupación social sobre la apertura de estos locales y a la falta de una planificación urbanística adecuada en municipios como Santander, donde se concentran la mayoría de los establecimientos de juego.

La reunión de la Comisión de Juego, en la que están representantes de empresas y sindicatos del sector y miembros del Gobierno cántabro, se ha celebrado siguiendo las recomendaciones de protección frente al coronavirus.