Los plazos para los trámites administrativos han quedado suspendidos en el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la mayoría de los municipios, así como la Universidad de Cantabria, dentro de las medidas de prevención del coronavirus.

El Gobierno de Cantabria, por medio de una resolución firmada por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha concretado la suspensión de los procedimientos administrativos aprobados por el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma debido al coronavirus, referidos a la suspensión de términos y a la interrupción de plazos administrativos.

Según esta resolución, todos los órganos y servicios de la Administración General y el sector público institucional deberán tener en cuenta en todas sus actuaciones que la medida afecta al conjunto de los procedimientos administrativos, incluidos los de naturaleza tributaria y de contratación pública.

En la relación de los procedimientos que se suspenden, se encuentran los de otorgamiento de subvenciones, de concesión de autorizaciones administrativas, de inscripción o reconocimiento de situaciones, sanciones y procedimientos selectivos de cualquier índole, como las pruebas selectivas para el ingreso mediante el procedimiento de concurso-oposición, cuya relación provisional de aspirantes admitidos e incluidos se ha publicado hoy en el BOC.

La resolución señala que la suspensión e interrupción de plazos no supone que no puedan seguirse instruyendo los expedientes activos, si bien los plazos establecidos al respecto están en suspenso, lo anterior, no supone que no pueda acudirse a las previsiones del artículo 120 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula los contratos de emergencia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos de los ciudadanos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptasen.

En otro de los apartados de la resolución se indica que la suspensión de plazos no afectará a los procedimientos y resoluciones que tengan su origen en situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y que en estos casos los órganos responsables de su tramitación consultarán a sus servicios jurídicos la concurrencia o no de las circunstancias que justifiquen la no suspensión.

LA AGENCIA CÁNTABRA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda informa que la atención no presencial, por motivo del coronavirus, para tributos, recaudación, inspección o valoración, informática o atención al contribuyente, se llevará a cabo de la siguiente manera:

Para cualquier incidencia relacionada con los tributos cedidos y propios como sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego o canon de saneamiento el teléfono es el 942208507 o el 942207573 y el correo es actributaria@cantabria.es.

Sobre cuestiones con la recaudación ejecutiva de las deudas de ayuntamientos gestionadas por la Administración regional los teléfonos son el 942208957 y el 942208956 y el correo es recaudacionejecutiva@cantabria.es.

En tributos locales como recibos y liquidaciones, devoluciones u otros asuntos el teléfono es el 942207642 y el correo es acat.tributoslocales@cantabria.es.

En lo que hace mención a ingresos presupuestarios, pagos con tarjeta, pasarela de pagos, bancos, certificados de estar al corriente de obligaciones o de ingresos el teléfono es el 942207515 o a través del correo ingresosacat@cantabria.es.

Sobre las incidencias de las plataformas telemáticas de la ACAT el teléfono es el 942207091 o el correo gsitacat@cantabria.es.

En inspección o valoración de los tributos gestionados por la ACAT y valoraciones previas (modelo 730) o comprobación de expedientes el teléfono es el 942207576 y el correo es acat.inspeccionvaloracion@cantabria.es.

Se puede contactar para cualquier duda sobre los derechos de los ciudadanos en pagos o cobros de tributos con la oficina de atención al contribuye a través del teléfono 942207643 y el correo acat.defensadelcontribuyente@cantabria.es.

COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria ha elaborado un modelo de resolución para facilitar la organización de los servicios esenciales municipales y asegurar a la población la prestación de los mismos, tras la declaración del estado de alarma en todo el territorio para contener la pandemia del coronavirus.

Mediante una carta enviada a los entes locales por la titular de la Consejería, Paula Fernández Viaña, se ha remitido este borrador de resolución de alcaldía para agilizar al máximo los trámites y la aprobación de las medidas que aseguren también las necesarias medidas de protección para los empleados municipales de todos los ayuntamientos.

En la misiva se recomienda a los municipios, en función de sus posibilidades y de sus respectivas circunstancias, repetir el modelo de actuación seguido por el Gobierno de Cantabria para suspender la actividad presencial en los lugares de trabajo para el personal municipal, con excepción de los que sean designados como servicios públicos esenciales, y se establece la necesidad de incrementar los medios telemáticos.

Asimismo, se facilita a los ayuntamientos la resolución autonómica sobre suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos, aprobada hoy, que se suma a otra normativa del Ejecutivo enviada anteriormente sobre medidas preventivas en lugares de trabajo, el decreto autonómico sobre los servicios públicos esenciales y las resoluciones de la Consejería de Sanidad relativas a las medidas preventivas vigentes en toda Cantabria.

Tras la publicación hoy, en el Boletín Oficial de Cantabria, de la convocatoria de ayudas para facilitar el funcionamiento de las mancomunidades, el Gobierno regional quiere recordar a los representantes de las entidades locales la suspensión en todo el territorio nacional de los plazos de los procedimientos administrativos en curso con el fin de que las administraciones públicas concentren los recursos en las actividades esenciales para hacer frente a la pandemia del coronaviru