El Gobierno de Cantabria ha decidido aplazar temporalmente todos los procesos selectivos previstos hasta junio en ejecución de la Oferta de Empleo Público (OEP) en la Administración General y que incluía la celebración de las pruebas para cubrir 499 plazas de personal funcionario y 224 más de promoción interna.

Este anuncio lo ha realizado consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, quien ha apuntado la imposibilidad de cumplir los plazos previstos en el calendario de ejecución de la OEP de la Administración General Autonómica, que se hizo público el pasado año, y que preveía el comienzo de las pruebas selectivas para el personal funcionario de los cuerpos generales en el mes de abril, y el de los cuerpos de administración especial, en el mes de junio.

La suspensión afecta también a las 224 plazas reservadas a promoción interna, cuyos exámenes tenían previsto celebrarse en el mes de mayo.

En cuanto a los plazos administrativos de subsanación de errores de las solicitudes a las convocatorias de los cuerpos generales de personal funcionario y que quedaron abiertos, deberán de reiniciarse a la finalización del estado de alarma.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha explicado que en estos momentos el Gobierno de Cantabria no puede prever nuevas fechas de celebración de estos ejercicios y ha asegurado que “serán ejecutados en cuando resulte posible y se cumplan las recomendaciones sanitarias para la contención del COVID-19”.

“Los procesos de la Oferta de Empleo Público en curso y los que están pendientes de convocatoria quedan pospuestos por el tiempo que se considere imprescindible, garantizando en todo caso la continuidad de los mismos”, ha asegurado Fernández Viaña, quien ha lamentado el retraso de las pruebas para los aspirantes que preparaban desde hace tiempo estos ejercicios.

En todo caso, la Dirección General de Función Pública continuará trabajando en las tareas de publicación de listas definitivas de aspirantes, nombramiento de tribunales y el resto de trámites necesarios con el fin de ejecutar la Oferta de Empleo Público “en el momento que sea posible y sea autorizado por las autoridades sanitarias”, ha informado la consejera, que en su opinión, lo “fundamental” es que “se cumplan las condiciones de seguridad para todos los aspirantes, miembros de tribunales y el personal colaborador”.