El BOE del pasado sábado 28 de marzo ha anunciado que el Gobierno central encargará de manera urgente el desarrollo de una aplicación informática móvil para el apoyo a la gestión de la crisis.

La ONG ‘Ingeniería Sin Fronteras’, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, ha manifestado en un comunicado la necesidad de que esta medida “incorpore garantías de protección de los derechos fundamentales de privacidad de la ciudadanía”.

La aplicación permitiría realizar una autoevaluación en base a los síntomas sobre la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, proporcionando información adicional e indicando acciones a seguir. Además, posibilitaría la geolocalización para verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que se declara estar.

En una segunda resolución, el boletín anuncia que se va a contar con información real ya recopilada por las operadoras sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento, para comprobar el dimensionamiento de servicios sanitarios de cada provincia.

En este caso se especifica que este tratamiento de datos se someterá al Reglamento General de Protección de Datos.

Ante el contenido publicado, Ingeniería Sin Fronteras se ha declarado “preocupada” por la gestión de los datos requeridos por la aplicación.

En primer lugar, explican que la aplicación manejará datos relativos a la salud, considerados como datos sensibles en el Reglamento General de Protección de Datos, y como tales se les han de aplicar medidas de protección adicional.

La externalización a terceros del desarrollo de la aplicación no detalla si los datos quedarán a disposición de la empresa o entidad desarrolladora.

Tampoco se arbitran medidas para la publicación del código fuente de la aplicación. Esta medida permitiría auditar el funcionamiento de la aplicación y dotaría de total transparencia a la iniciativa, sin menoscabar la consecución de los objetivos de la misma.

Por todo ello, desde Ingeniería Sin Fronteras se proponen diferentes puntos de mejora para garantizar la transparencia de la medida y la privacidad de la ciudadanía.

El primero sería la puesta a disposición en un repositorio público del código fuente de los sistemas desarrollados, bajo una licencia libre avalada por la ‘Free Software Foundation’, y siguiendo las recomendaciones de la FSFE en su campaña «Public Money, Public Code».

Así mismo, consideran necesaria la garantía de que los datos serán tratados de manera agregada (nunca individualizados) y desasociados de los datos personales. “Poderes extraordinarios requieren medidas de protección extraordinarias” señalan desde la ONG.

Para ellos es importante la liberalización, una vez aplicadas las medidas anteriores, de los datos obtenidos, integrándolos en plataformas abiertas de datos, siguiendo el ejemplo de República Checa.

Finalmente, la no cesión a terceros de los datos, en especial a iniciativas privadas (participantes o no del desarrollo), con fines lucrativos.

Hasta este momento, sostienen que “la postura del gobierno no es clara”. Según el BOE 86, parece que seguirá apoyando un modelo híbrido, proponiendo el desarrollo de aplicaciones para la ciudadanía sin dejar claro si serán usadas para un control de la población. “Este tipo de sistemas ponen en riesgo el derecho a la privacidad de la ciudadanía” indican.

Estas actuaciones no se han llevado a cabo solamente en España, en otros países como Singapur o China los gobiernos han optado por crear sistemas de trazabilidad que permiten conocer la localización de las personas en cada momento.

En una visión global, la aplicación de la tecnología para combatir la situación de pandemia ha seguido dos direcciones. Una de ellas es usar la tecnología como medio de comunicación y transparencia.

Algunos gobiernos, como el de la comunidad Autónoma Andaluza tienen aplicaciones para dar información y comunicarse con la ciudadanía.

El otro camino tomado “nos acerca peligrosamente al uso de la tecnología como una herramienta de control”. ‘Ingeniería sin Fronteras’ recalca que “la tecnología ha de estar al servicio del desarrollo humano, y para ello ha de fomentar la transparencia garantizando la confidencialidad de los datos de la ciudadanía”.

EL NEGOCIO DE LOS DATOS

Por otro lado, “estamos atravesando una época donde el negocio de los datos ha supuesto que las grandes compañías de internet asuman la propiedad de nuestra información personal sin que lo consideremos un ataque a nuestros derechos” afirman.

Mediante los distintos servicios y aplicaciones (y sus Términos y Condiciones) “permitimos, la mayoría de las veces sin ser conscientes o sin conocer en qué medida, que se registren y procesen datos sobre nuestra vida diaria. Como pueden ser nuestros desplazamientos, búsquedas en internet, etc”.

Mascarillas 3D (foto: web Ingeniería sin Fronteras Cantabria)

Dichos datos, advierten, “son muy valiosos para las grandes empresas en la medida que pueden ser utilizados para fines comerciales (publicidad dirigida, por ejemplo). Esto vulnera nuestra privacidad y supone un ataque a nuestros derechos, a costa de lo cual las compañías están alcanzando volúmenes de negocio nunca antes imaginados”.

Más allá de todo lo anterior, ‘Ingeniería Sin Fronteras’ invita a la sociedad a abordar el debate de si necesitamos este tipo de aplicaciones o no. “Tal debate debería ser acometido bajo criterios científicos y técnicos, pero también políticos y sociales” recuerdan.

SUMANDO A LA INICIATIVA MAKER3D

En ‘Ingeniería Sin Fronteras Cantabria’, a través de sus voluntarios, han decidido unirse a la iniciativa Maker de fabricar máscaras de protección de pantalla para proteger al personal sanitario e intentar colaborar en la reducción del número de contagios por COVID-19 en nuestro entorno más próximo.

En concreto, se trata de una visera fabricada mediante impresión 3D, que se coloca en la frente y a la que se fija por debajo un acetato transparente tamaño A4, de los que se usan para encuadernar o similar, y que se sujeta detrás con una cinta de goma o de plástico impreso.