Los accidentes de trabajo se han incrementado en los últimos años en Cantabria hasta alcanzar los 5.931 en 2019, la cifra más alta desde los 6.020 registrados en año 2010, período en el que la comunidad ha acumulado casi un centenar de siniestros laborales mortales, 98 incluidos los tres registrados en los dos primeros meses de este año.

Con motivo de la conmemoración del 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT destaca que las políticas de austeridad y la crisis económica de hace una década “han ido debilitando la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de la normativa legal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la que el sindicato opina que “es una buena norma, aunque de nada sirve si no se cumple y se queda en mero papel mojado”.

En este sentido, el sindicato recuerda “desde los primeros años de la crisis económica que se inició en Cantabria en los últimos meses de 2008, la siniestralidad laboral alcanzó máximos históricos por encima de los 6.000 accidentes laborales anuales hasta que se logró rebajar este cifra en 2011, aunque en los últimos años ha vuelto a repuntar y el año pasado casi se alcanzó de nuevo esa barrera máxima”.

UGT agrega que “al creciente número de accidentes laborales registrados en la región con cifras también máximas del denominado índice de incidencia o porcentaje de siniestros por cada 100.000 trabajadores asegurados, que sólo el año pasado bajó de los 3.000 lo que no sucedía desde 2015; se une un reconocimiento oficial muy bajo y hasta ridículo de las enfermedades profesionales de origen laboral y que deberían de tratarse como tales y no ser derivadas al sistema público de salud como enfermedades comunes”.

El sindicato puntualiza que esa exigua valoración de las enfermedades laborales se extiende a los propios accidentes laborales que no implican baja laboral porque “tampoco es normal que en una comunidad autónoma como Cantabria se registren en la actualidad casi 10.000, lo que hace sospechar que muchos de ellos se declaran así para evitar la baja laboral que requieren”.

En este sentido, UGT subraya que en 2019 Cantabria acumuló 9.851 accidentes laborales sin baja laboral, “lo que también implica la mayor cuantía de los últimos nueves años”.

“Cada vez es más ineludible una política nacional y un sistema de inspección con los recursos que sean necesarios para hacer cumplir la legislación y prevenir en adecuadas condiciones la seguridad y salud en el trabajo”, agrega el sindicato.

El sindicato opina que “la situación actual de crisis socio sanitaria por la Covid-19 sólo ha venido a confirmar los efectos perversos de un modelo económico y social débil e injusto, no sólo por las consecuencias de los recortes en el sector público, hoy claramente vistas en el colapso del sistema público de salud o el de la dependencia; sino también por los escasos medios de protección tanto individual como colectiva que en muchos casos han sufrido los trabajadores y trabajadoras en servicios esenciales para la sociedad sin los que ahora sería imposible afrontar el actual confinamiento”.

“El 28 de Abril de este año debe servir para honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y la de todas aquellas personas que hayan fallecido con ocasión de la Covid-19 y también para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales que siguen ahí, pese al riesgo de contagio y en muchas ocasiones pese a las carencias y deficiencias de los medios de protección adecuados que se han puesto a su disposición”, concluye el comunicado de UGT con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CC.OO EXIGE MÁS CONTROL Y CALIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

 Por su parte, Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha reivindicado que se ponga en valor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para mejorar la salud, la protección y los derechos de los y las trabajadoras así como que se dé la importancia que merecen a todas las cuestiones que garantizan la seguridad y la salud de la clase trabajadora.

Laura Lombilla, responsable de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, ha señalado que, «en los últimos años, la precariedad se ha impuesto en todas sus formas. Los efectos de la reforma laboral han sido devastadores y la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras se ha deteriorado de una forma manifiesta».

Para el sindicato, los 5.952 accidentes con nueve muertos que se produjeron en 2019 y los 867 accidentes de trabajo producidos sólo en los dos primeros meses de 2020, con tres muertos, evidencian que, en muchos casos, no se está cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

«Tampoco olvidamos que muchas enfermedades de origen laboral no son declaradas ni como enfermedad profesional ni como accidente de trabajo, ya que se notifican como enfermedad común, con un importante coste económico para la Seguridad Social que debería asumirse por las mutuas», ha añadido Lombilla, quién ha subrayado que resulta » imprescindible que se identifiquen y registren adecuadamente las enfermedades profesionales, y que los trabajadores y trabajadoras estén formados e informados sobre los riesgos y las consecuencias de la exposición a determinados factores de riesgo en su ámbito laboral».

«Debemos aprender de nuestros errores y ya que esta situación de pandemia global ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema preventivo, esperamos que sirva para que la prevención de riesgos mejore y para que las personas y su seguridad y salud en el trabajo sean de verdad lo más importante, por encima de intereses económicos y mercantiles», ha apuntado la responsable de Salud Laboral de CCOO de Cantabria.

 Para el sindicato, ya se partía de una situación mala y la crisis del COVID-19 ha hecho que casi se toque fondo.

De hecho, desde CCOO se ha apuntado a diferentes elementos que así constatan este hecho, como los déficits a la hora de evaluar y proponer medidas de los servicios de prevención, que la salud pública y la salud en el trabajo no se han abordado como una misma cuestión o la falta de compromiso del empresariado para implantar medidas de protección en los puestos de trabajo.

En este sentido, Lombilla ha recordado que «desde CCOO hemos tenido que denunciar a multitud de empresas por negarse a cumplir los protocolos sanitarios y preventivos y por no facilitar los  equipos de protección a las trabajadoras y trabajadores».

Algunos servicios de prevención han planteado incluso ERTE cuando su trabajo es más necesario que nunca en esta situación excepcional, ha apuntado el sindicato, que también ha recordado que las obligaciones de los servicios de prevención no son sólo con la empresa sino que también han de asesorar a las personas trabajadoras.

Ante la progresiva vuelta al trabajo y la normalización del mundo laboral, «lo deseable sería que se hicieran test a todas las personas trabajadoras, pero somos conscientes de las dificultades de abastecimiento, por lo que entendemos que la prioridad sería hacer test a todo el personal que se ha mantenido trabajando durante todo el estado de alarma, y que han estado más expuestos que el resto de trabajadores: cuidadores de residencias de mayores y discapacidad–, sanitarios, y el resto de actividades esenciales», ha indicado Lombilla.