La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT y CSIF, ha manifestado su «rechazo más frontal» al anuncio del Gobierno central trasladado por  la consejera de Educación, Marina Lombó, en sede parlamentaria, sobre la reapertura de los centros educativos el próximo 25 de mayo, y advierte de que hará un llamamiento para que el profesorado no acuda a los centros ni las familias envíen a sus hijos si no se dan «todas las condiciones higiénicas, sanitarias y organizativas».

Lombó ha intervenido este jueves en la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 del Parlamento de Cantabria, en una intervención en la que se ha remitido a los planes del Ministerio para la desescalada educativa, tras lo que los representantes de los docentes han reaccionado con un comunicado «urgente y con la mayor de las contundencias», en el que se muestran sorprendidos por el anuncio «con un mes de antelación» de una medida que «está condicionada al cumplimiento de una serie de marcadores que ni siquiera han sido explicitados por el Gobierno central» y que «no sabemos si Cantabria cumplirá el 25 de mayo».

En caso de que así sea, que el 25 de mayo Cantabria se encuentre en la fase II de la desescalada proyectada por el Gobierno central y la Consejería «persista en su idea de reabrir colegios e institutos», la Junta de Personal advierte de que «si no tiene garantías absolutas de que los centros reúnen todas las condiciones higiénicas, sanitarias y organizativas para que no se produzcan contagios, se verá en la obligación de hacer un llamamiento público para que el profesorado no acuda a los centros ni las familias envíen a sus hijos e hijas».

Además han rechazado el «carácter asistencial» que la consejera «ha querido dar» a la Educación Infantil, que, a su juicio, «no le corresponde». «Esta Junta desea hacer una alusión expresa a esta etapa educativa, porque le parece inadmisible que la Consejería quiera convertir ahora estas aulas en simples guarderías», han criticado.

La Junta de Personal Docente ha solicitado una reunión con Lombó el próximo lunes, 4 de mayo, con la intención de llegar a un acuerdo para «evitar una apertura precipitada de los centros educativos que poco va aportar al desarrollo académico del curso, y, por el contrario, puede tener consecuencias muy graves en la salud de toda la comunidad educativa».

LOMBÓ GARANTIZA UNA VUELTA «PARCIAL» Y «SEGURA»

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, ha garantizado que Cantabria estará preparada para afrontar de forma «segura» el regreso «parcial» a las aulas de alumnos, docentes y Personal de Administración, que se producirá, según ha establecido el Gobierno de España, cuando Cantabria entre la Fase II de la ‘desescalada’, el 25 de mayo en el escenario más optimista.

Así lo ha asegurado la consejera de Educación en la Comisión de Seguimiento del COVID-19 celebrada esta mañana en el Parlamento de Cantabria, en la que ha afirmado que este regreso constituye un desafío en la gestión «muy grande» y necesitará, en primer lugar y «de forma irrenunciable», de instrucciones «claras en materia sanitaria», ha añadido.

El ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ elaborado por el Ministerio de Sanidad y anunciado por Sánchez el pasado martes, día 28, prevé que en ese momento regresarían a las aulas los alumnos de hasta seis años de familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar trabajo presencial y, de forma voluntaria, para alumnos de los cursos terminales, como segundo de Bachillerato, cuarto de la ESO y los segundos cursos de los grados de FP. Se contempla también la apertura de los centros de Educación Especial.

Esta vuelta parcial a las aulas supondría la apertura en la Comunidad Autónoma de la totalidad de los centros educativos de régimen general de Cantabria, a excepción solamente de los 5 centros en los que se imparte exclusivamente Educación Primaria, lo que supone la apertura de 304 centros educativos de los 309 existentes.

La consejera de Educación ha señalado que, desde la tarde del martes, «conocemos lo que conocen todos los españoles, nada más, el plan de desescalada que prevé una vuelta parcial a las aulas a partir de la fase 2». Según ha explicado, desde su departamento se ha trasladado al Ministerio de Educación la necesidad de que remita el protocolo lo antes posible porque las implicaciones de esa vuelta parcial a las aulas «son enormes a todos los niveles» y supondrán la práctica apertura de todos los centros educativos en régimen general.

Ha reconocido que Cantabria se estaba preparando, como la mayoría de las comunidades autónomas, para la posible reincorporación de los alumnos que tienen que examinarse de la EBAU y de los cursos finales de etapa, pero no para la vuelta de los de Infantil.

Desde la Consejería de Educación ya se trabaja, con el protocolo del Ministerio de Educación, en analizar las necesidades y las vías para, llegado el caso, los alumnos que vuelvan a las aulas lo hagan «de manera segura», y que esa vuelta sea igualmente segura para docentes y personal de administración y servicios.

En este sentido, ha avanzado que en Cantabria ya se ha constituido y está funcionando, un comité técnico que analizará cómo adecuar los centros educativos a los requerimientos que las autoridades sanitarias establezcan para la vuelta a las clases, un protocolo en el que está trabajando ahora el Ministerio de Sanidad y que se espera se remita a las comunidades «lo antes posible». Este Comité es el órgano encargado de diseñar la adaptación a nuestros centros educativos de todas las medidas de protección y seguridad que sean necesarias para garantizar una vuelta segura a las aulas y coordinar su implantación.

Con carácter voluntario, este regreso también contempla incluir a los alumnos de cursos terminales, es decir, segundo de bachillerato, 4º de la ESO, segundos cursos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior y último año de las Enseñanzas de Régimen Especial. La consejera ha asegurado, que según establece el documento, se comenzará con la división de los grupos de más de 15 estudiantes, al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos, lo que también permitirá la apertura de centros de Educación Especial, con presencia voluntaria.