Cantabria celebra este Primero de Mayo desde casa, todavía confinada y a la espera de que este sábado comiencen a levantarse algunas restricciones que permitirán salir de casa para hacer deportes o pasear, por edades y franjas horarias; pero, sobre todo, con una incomparable incertidumbre social y económica por los efectos difícilmente calculables del frenazo de la actividad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Será un Día Internacional del Trabajo inusual, sin manifestación por el centro de Santander, sin discursos en los Jardines de Pereda o la Plaza de Pombo, lugares que años atrás se llenaban de banderas sindicales y mensajes reivindicativos que incidían en el reparto de la riqueza, la protección de los derechos laborales o la defensa del sistema público de pensiones y el Estado del Bienestar.

Era una Cantabria ni mucho menos exenta de problemas, como que el debate antes del coronavirus era el cierre de industrias emblemáticas como Sniace, la gota que colmó el vaso y que llevó a una manifestación multitudinaria el viernes 6 de marzo, con dificultades en la adaptación a un nuevo modelo energético que otras empresas e instituciones reclaman hace tiempo. Teníamos los debates de transición energética, como los costes para las electrointensivas, caso de Ferroatlántica o GSW Nueva Montaña, o de producción de energía adaptada a la lucha contra el cambio climático, caso de Solvay. Ya veníamos de una epidemia de ERTEs en otoño.

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Y frente a un modelo industrial tan necesario para el empleo como maduro y con necesidades de adaptación al nuevo modelo económico que impulsaba la Unión Europea y la mayoría de los países desarrollados, teníamos un sector servicios excesivamente dependiente del turismo y marcado por la temporalidad y la precariedad; una construcción que no terminaba de apostar por la rehabilitación y en permanente demanda de obra pública y nueva vivienda, en contexto de gran burbuja del alquiler.

Estábamos contando 1,5 desahucios cada día y había precariedad laboral, sobre todo en grandes empresas de servicios. En una economía de dos velocidades en Cantabria: para los peces más gordos que arrastraban problemas del pasado, financiación pública y privada; para el gran ecosistema de las pequeñas y medianas empresas, las micropymes y los autónomos, la economía real, mucho esfuerzo y poca ayuda para ese empate del resistir. Mientras, cientos de cántabros volcaban sus esfuerzos en oposiciones, ahora en suspenso, para reforzar un sector público envejecido y abandonado por las políticas de contención de la anterior crisis. Así estábamos.

Por otro lado, la economía colaborativa, la producción y consumo de proximidad de producto local, con un valioso incremento de sus relaciones con la hostelería más pionera, y algunas empresas de verdadera base tecnológica conectadas a la Universidad, eran sólo destellos de luz en el horizonte; el nuevo modelo estaba muy verde todavía. Las catástrofes históricamente aceleran los cambios. Veremos en qué dirección.

MANIFESTACIÓN VIRTUAL

Los sindicatos han convocado una manifestación «virtual» en la que quieren incidir en la defensa de los servicios públicos y los trabajos «esenciales», muchos de los cuales estaban antes de la epidemia marcados por una gran precariedad (limpieza o supermercados), y con una llamada a «enfrentar la crisis desde las instituciones europeas», a las que se reclama «más decisión y voluntad política», para que asuman la deuda que supondrá para los estados la ingente necesidad de poner dinero en circulación como medio para salvar la economía.

En este sentido, instan a «aceptar que las políticas de austeridad que han impuesto en la pasada crisis han debilitado los mecanismos de protección social y laboral en los que se está cebando la pandemia y renunciar a ellas definitivamente para enfrentar la crisis de forma verdaderamente solidaria».

Además de suspensiones y reducciones de jornada, o de la llegada del teletrabajo a aquellas empresas que han podido continuar, la comunidad autónoma tiene hoy más de 40.000 trabajadores en ERTE y más de 15.000 autónomos forzados a cerrar por el Estado de Alarma, a expensas de las prestaciones que ha habilitado el Gobierno central y las ayudas pactadas en la mesa cántabra del Diálogo Social; sin olvidar a ese 25% de la población que ya estaba en riesgo de pobreza o exclusión y que depende más que nunca de la red de protección social, sea mediante Renta Social Básica, Ingreso Mínimo Vital o ayudas para la vivienda.

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Son «instrumentos aún insuficientes, pero que han situado la respuesta a la crisis en una vía diferente, centrada en la atención a los problemas de las personas y en una nueva forma de percibir las necesidades de este país», subrayan en su manifiesto los principales sindicatos, UGT y CC.OO.

«OTRO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO ES NECESARIO»

«Todo se ha visto afectado por la extensión de la pandemia; miles de personas han fallecido, nuestro tejido productivo ha quedado gravemente tocado, millones de puestos de trabajo están en peligro y cientos de miles de personas se encuentran sin recursos frente a la crisis», arranca el documento.

Aunque con «diferente intensidad», la pandemia «ha puesto de manifiesto la fragilidad e injusticia del modelo social y económico imperante», por lo que en esta fecha reivindican  un nuevo orden mundial más justo y solidario que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos».

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«Es también la ocasión de recordar la memoria de los y las sindicalistas que son perseguidos, despedidos, amenazados o asesinados en cualquier lugar de la tierra por defender ese mundo más justo, en el que el reparto de la riqueza, el valor del trabajo y la libertad sindical van de la mano», añaden.

UN «GRAN PACTO» PORQUE HAY «MUCHO POR HACER»

Los sindicatos subrayan que habrá que prorrogar los mecanismos de ajuste temporal del empleo, diseñados para el estado de alarma, «el tiempo que sea preciso para sostener nuestro tejido productivo y la supervivencia digna de las personas trabajadoras» y exigen la regulación «urgente» de un Ingreso Mínimo Vital.

A su juicio la crisis del coronavirus ha demostrado que es «inaplazable» determinar las líneas de un nuevo modelo productivo y social. Un modelo que es el que «siempre» han reivindicado, basado en «más y mejores servicios públicos» de sanidad, atención a las personas mayores y a las dependientes o educación, así como la «intervención pública en los sectores estratégicos (energía, suministros, servicios financieros, industria) que garantice, al mismo tiempo, la respuesta ante situaciones críticas y una mayor eficiencia y menor dependencia de un mercado que se articula bajo el principio del máximo beneficio y que carece de sensibilidad ante los problemas de las personas».

Además, apuntan a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que «oriente la recuperación hacia un modelo de desarrollo económico justo y medioambientalmente sostenible».

Por todo, aseguran que están «dispuestas» a alcanzar un «gran pacto» que «debe contar con el compromiso del conjunto de las fuerzas políticas» para que tenga éxito. «Estamos en un momento trascendental en la historia de nuestro país. Todas las fuerzas políticas, económicas y sociales deben actuar unidas si se quiere estar a la altura de las circunstancias», inciden.