El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha pagado más de 51 millones de euros en prestaciones en Cantabria a un total de 57.135 personas, entre las que se encuentran los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).

En Cantabria, el SEPE ha recibido un total de 7.983 solicitudes de estos procedimientos de ajuste temporal de empleo desde que se inició la crisis sanitaria por el COVID-19 y el Gobierno de España flexibilizó los procedimientos para estos expedientes para así garantizar la protección de los trabajadores.

En los expedientes solicitados en la Comunidad Autónoma están incluidas un total de 40.287 personas y, al igual que en el conjunto del país y tal y como ya indicó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE ha reconocido en abril la gran mayoría de las prestaciones por ERTE.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado que, gracias al «intenso trabajo» de los empleados públicos del SEPE en la región, se han reconocido en abril 36.726 prestaciones, tanto a beneficiarios por ERTE como a receptores de otras prestaciones de sistema de protección de empleo.

«Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal han realizado un enorme esfuerzo, trabajando en jornadas festivas, fines de semana y hasta por la noche, para en tiempo récord reconocer el mayor número de prestaciones posibles, habiéndose alcanzado cifras sin precedentes», ha dicho Quiñones.

Además, ha indicado que, como ya ocurrió en abril, los trabajadores afectados por ERTE han cobrado sus prestaciones del SEPE entre el 2 y el 4 de mayo, adelantándose así el pago de estas nóminas que habitualmente se abonan el día 10 de cada mes. “Se ha hecho por tanto un gran esfuerzo para reconocer el máximo de prestaciones y para pagar lo más rápido posible”, ha añadido.

Quiñones ha ensalzado que el Gobierno va a seguir trabajando para garantizar la protección de los trabajadores también durante la desescalada y muestra de ello es la flexibilización de los ERTE, para que a partir de ahora las empresas con expedientes por fuerza mayor puedan sacar del mismo al personal que necesitan, incluso a tiempo parcial.

Asimismo, la delegada del Gobierno en Cantabria ha destacado que el Gobierno de España sabe que, en la situación que estamos viviendo por el COVID-19, «los ERTE son una respuesta urgente a la situación excepcional» y es consciente de la «necesidad de prorrogar estos expedientes», para lo que trabaja en el marco del diálogo social.

«Este Gobierno ha actuado con agilidad y diligencia para proteger a los trabajadores en la situación de emergencia sanitaria, con modificaciones normativas en los ERTE que han permitido salvaguardar el empleo y la actividad económica», ha añadido.

Y es que, ha insistido, «el Gobierno de España no va a permitir que nadie se quede atrás por esta crisis» y, por ello, con todas sus medidas, «está tejiendo una red de protección social, laboral y económica» que «es necesario seguir fortaleciendo».

En este sentido, la delegada del Gobierno en Cantabria ha recordado otras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo como la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, que en Cantabria han cobrado 15.300 trabajadores por cuenta propia, o el subsidio para empleadas del hogar.

«Para seguir protegiendo a la ciudadanía en su conjunto y la economía de nuestro país, es necesario que todas las administraciones e instituciones unamos fuerzas y hagamos de la colaboración nuestra bandera para que España y sus ciudadanos salgan juntos de esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19», ha concluido.

CASARES INTERVIENE EN LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN EL CONGRESO

Por su parte, el secretario de Infraestructuras y Transportes del PSOE y diputado por Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que el Gobierno de España ha actuado desde “el primer momento” en la crisis del COVID19 para garantizar recursos y rentas a familias, trabajadores, autónomos, pymes y empresas.

Casares ha fijado hoy la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en la comparecencia de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En la misma jornada ha participado en la constitución de la comisión de Reconstrucción Social y Económica.

Durante su intervención ante la Vicepresidenta Calviño, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso ha afirmado “nunca antes una crisis había mostrado efectos tan duros sobre la sociedad en tan poco espacio de tiempo” y ha defendido que “esa es la razón por la que se ha actuado con rapidez”

En cuanto a las medidas puestas en marcha, Casares ha destacado los ERTE, con los que se ha garantizado el mantenimiento de puestos de trabajo, garantizando el vínculo laboral de tres millones de personas.

De la misma forma, ha puesto en valor la atención, “por primera vez en la historia” a los autónomos, recordando que más de 1,1 millones ya están cobrando prestaciones., o los avales a empresas a través del ICO, para garantizar liquidez al tejido productivo con más de 100.000 millones de euros.

El portavoz económico de los socialistas en la Cámara Baja ha recordado que se han pagado 51 millones de euros en prestaciones en abril para atender a más de 57.000 cántabros:
35.000 cántabros han cobrado ya los ERTE, atendiendo a su vez a más de 7.270 empresas cántabras, y 15.300 autónomos cántabros han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad y tampoco tienen que pagar cuota a la Seguridad Social.

Asimismo, Casares ha asegurado que frente a los recursos puestos en marcha ahora para luchar contra el virus y también contra todos sus efectos, garantizando liquidez a las empresas, protegiendo el empleo y creando una red de seguridad a la ciudadanía, “frente a los recortes y medidas de austeridad de Rajoy y el PP en 2012”.

“Frente al abaratamiento de despidos, se han puesto en marcha ERTES, frente a la subida de impuestos, se ha fijado la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, frente al desmantelamiento de la Dependencia, se ha agilizado el Ingreso Mínimo Vital, o frente a la eliminación de la sanidad universal, el copago farmacéutico o el medicamentazo, se han puesto 1.000 millones para atender los gastos sanitarios que se han generado” ha relatado.