Cantabristas ha presentado un plan integral con «propuestas para recuperarnos» de la crisis sanitaria, con consecuencias que «se arrastrarán durante mucho tiempo», por lo que apuestan por «cambios profundos en el modelo económico y social para que podamos sobreponernos»; lo que, a su vez, ven como «una gran oportunidad de cambiar de rumbo y construir un modelo de futuro para Cantabria y su gente».

La formación soberanista ha difundido este domingo un proyecto, que puede consultarse en su web con propuestas concretas – aunque sin memoria económica que acompañe las medidas-, distribuidas en doce áreas que abarcan desde la vertebración territorial hasta el modelo de financiación autonómico, pasando por los derechos sociales o la cultura.

Paulu Lobete, secretario general de Cantabristas, junto a compañeras y compañeros del partido soberanista.

El partido, que se define también como progresista, feminista ecologista y popular, ofrece su «trabajo colectivo» para que «no se sigan cometiendo errores, como la excesiva dependencia del turismo o las políticas del hormigón«, que, en su opinión, son compartidas por los principales partidos de Cantabria, y que han provocado que los efectos de la crisis económica generada por el COVID-19 sean «especialmente intensos y duraderos en nuestra tierra», según vaticinan.

Cantabristas plantea, con sus propuestas, comenzar a sentar las bases de una Cantabria en la que «cualquier persona pueda desarrollarse, establecerse y planificar su vida cómodamente, sin temor a la precariedad laboral o al riesgo de tener que emigrar».

Con estas medidas, instan a las instituciones cántabras a «actuar en consecuencia poniendo en valor todo aquello que tan necesario ha sido durante estas semanas», como «nuestros espacios naturales, la producción local de cercanía, la cultura, nuestros servicios públicos y tantas otras cosas que suelen ser invisibilizadas, pero que han resultado imprescindibles en estos momentos».

En una nota que acompaña las propuestas, el partido reconoce la «entereza» con que la población cántabra se ha enfrentado al confinamiento más estricto, respondiendo «con responsabilidad, solidaridad y compromiso, en muchos casos en soledad, y afrontando la pérdida de seres queridos».

UN ‘NEW DEAL’ PARA CANTABRIA

Profesional de IDIVAL en el laboratorio.

A modo de ‘New Deal’, el conjunto de políticas públicas impulsadas por la administración de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, para superar los efectos económicos y sociales del ‘crash’ del 29, Cantabristas hace un planteamiento de giro en las políticas públicas, desde la protección del territorio (el sector primario, la conservación de la naturaleza y el consumo de producto de proximidad) y hacia un nuevo modelo muy basado en la inversión pública, la transición ecológica y la economía colaborativa.

La formación da prioridad a los servicios esenciales (plantean incluso la intervención pública y gestión directa de residencias privadas en función de los resultados de las auditorías), y los derechos sociales (contempla un plan contra los bulos) y culturales (con propuestas innovadoras como la creación de medios de comunicación públicos que garanticen el derecho a la información y promocionen el deporte, la cultura o el patrimonio de Cantabria).

Y lo plantea hacer a través del refuerzo del autogobierno, a través de una modificación del Estatuto de Autonomía, con un modelo fiscal propio y gestión regional de competencias como el transporte ferroviario, mediante un acuerdo de financiación con el Estado o la creación de una Banca Pública Cántabra y un «apoyo decidido al cooperativismo como modelo económico de responsabilidad social, compromiso con el territorio y de empleo estable  y de calidad».

Con vistas a un nuevo modelo económico y productivo que pasaría por dar importancia a la Innovación, con una Agencia Autonómica de I+D+i y a la transición ecológica, con un Plan Cántabro para la Formación Profesional orientado a los «empleos verdes» y una gestión pública de los servicios municipales que han sido privatizados: basuras, aguas, limpieza, etc.

En las ciudades, apuestan por el transporte público, la paralización de los desahucios y la creación de un Parque Público de Vivienda en alquiler social, la movilidad ciclista y el incremento de zonas verdes, espacios arbolados y corredores verdes que unan núcleos urbanos próximos, o la creación de Parques Agrarios de titularidad pública que permitan la producción de alimentos para abastecer a las áreas urbanas apostando con un modelo de agricultura de proximidad a gran escala basado en
prácticas agroecológicas.

En este sentido, piden que se fomenten desde las instituciones los grupos de consumo que ponen en relación a productores locales y consumidores o la gestión pública de los comedores escolares «promoviendo que los alimentos que se consuman sean de producción local y ecológica».

«CUIDAR NUESTRA TIERRA»

Vacas de la Cooperativa Siete Valles. Aumenta el consumo de productos ecológicos.

Las propuestas parten de la premisa de «cuidar nuestra tierra» con medidas encaminadas a la protección y gestión del del territorio. Tal es la importancia que para la formación ecologista tiene el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que, hasta que no se apruebe, hablan de la «paralización de todos los proyectos de parques eólicos». Asimismo apuestan por la protección del suelo rústico con una «regulación estricta de construcción de vivienda nueva no vinculada a explotación agraria» o el «establecimiento de acuerdos de Custodia del Territorio para promover la conservación de espacios naturales y acabar con la lacra de los incendios».

También apuestan por la comarcalización, la pervivencia de los Concejos Abiertos como forma de organización política en el ámbito local, donde apuestan no sólo por la reserva de suelo de alto valor ecológico (ZAE), sino por garantizar los servicios públicos, sanitarios, educativos, etc., en las áreas rurales «como una
inversión que permite fijar población al territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En este sentido, proponen un Plan para fomentar la rehabilitación de viviendas vacías en estado de ruina o fuerte deterioro con el objetivo de ponerlas en venta o alquiler, para así atraer población a las áreas rurales, con la incorporación de jóvenes al sector primario que permita la creación de nuevas explotaciones individuales o cooperativas que garantice el relevo generacional y la introducción de un modelo de aprovechamiento forestal que deje atrás el monocultivo del eucalipto o la generación de una industria de la madera que cree productos de alto valor añadido a partir de la explotación sostenible de especies arbóreas autóctonas.

«BLINDAR LA SANIDAD»

«Si algo hemos aprendido en las últimas semanas es el valor de la sanidad pública, que ha sido fundamental para enfrentarnos a la crisis, protegiendo la
salud de todas las personas», comienza el epígrafe de este área que contempla, entre otras medidas, el «blindaje de la sanidad pública, universal y de calidad, bien dotada de medios», con una financiación mínima «garantizada por ley» y un incremento de la inversión «en medios y personal» en la sanidad pública cántabra.

Foto: José Ramón González Soutullo (Trévol)

También proponen «revertir los procesos de privatización y recuperación de la gestión pública de todos los servicios» del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, promover la Atención Primaria como pilar fundamental del sistema de salud, con una revisión de la cartera de servicios para que el Servicio Cántabro de Salud pueda cubrir la salud bucodental y visual.

Además, quieren incrementar la inversión en investigación e innovación biosanitaria, a través del IDIVAL, con más participación e inversión en el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC), como una «herramienta fundamental para la evaluación del impacto del sistema sanitario, de los determinantes sociales y de las desigualdades en salud» en nuestra Comunidad Autónoma.

Además, proponen avanzar hacia «una sociedad mejor, más solidaria y que no deje atrás a nadie», por lo que «no podemos tolerar la discriminación y la violencia» por motivos de género, orientación e identidad sexual, etnia o diversidad funcional.

En este sentido, subrayan la gestión pública de la atención integral a las víctimas de violencia de género, la Ley LGTBI de Cantabria y la accesibilidad universal para las personas con diversidad funcional a todos los servicios de transporte y los espacios públicos o la accesibilidad a la administración electrónica autonómica y local.

En este apartado plantean un ‘Plan contra los bulos y los estereotipos xenófobos y racistas’, con la participación de agentes institucionales y sociales, así como de medios de comunicación.

En materia de ‘derechos sociales’, pretenden unificar el modelo de Servicios Sociales de Atención Primaria en los municipios, una Renta Básica Universal, a partir de la superación gradual de los actuales sistemas de garantía de ingresos mínimos, exigir la aportación que le corresponde al Estado en materia de Dependencia, con más recursos a la teleasistencia y ayuda a domicilio con el fin de promover que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar «enriqueciendo una atención centrada en la persona».

Y apuntan también «aumentar las auditorías a las residencias privadas y concertadas», en un análisis del sistema – sólo tres de las 82 que hay en Cantabria son públicas- que serviría para «certificar que los centros cuentan con el personal y los medios necesarios para una atención adecuada», así como para valorar «la actuación de las mismas durante la crisis del covid-19» y «en su caso» proceder a la «intervención pública y gestión directa».

EDUCACIÓN «PARA AVANZAR» Y APOYO A LA CULTURA

Las propuestas «para avanzar» en Educación partirían de alcanzar una financiación del 5% del PIB en 8 años, con «prioridad» a la pública que, «en caso de exceso de oferta o duplicidad» llegaría a «eliminar subvenciones a la concertada».

El incremento de la inversión iría, por un lado, a un aumento del profesorado de apoyo, refuerzo, desdobles, Pedagogía Terapeutica y Audición y Lenguaje con el fin asegurar la igualdad de oportunidades, y, por otro, a la reducción del número de estudiantes por aula, con una bajada de la ratio profesorado/alumnado que «mejoraría la calidad educativa» y la atención al  alumnado con necesidades específicas, o un Plan para «revertir el desmantelamiento» de la escuela rural y «apostar por ella, dotándola de los mismos medios y servicios que los centros urbanos para favorecer el equilibrio territorial».

Cantabristas contempla garantizar en cada centro una dotación suficiente de equipos informáticos que puedan prestarse al alumnado que lo necesite, porque «la pandemia ha puesto de manifiesto cómo las desigualdades sociales afloran especialmente en el ámbito educativo».

Gema Martínez, en el concierto acústico junto a Mehnai y Yenia Popova, organizado por UNATE en Centro Botín.

Finalmente, dentro de sus planes de apoyo a la cultura, recuerdan que «en todas sus manifestaciones (música, producción audiovisual, literatura, etc.) nos ha permitido sobrellevar mejor estos días difíciles, hemos aprendido a valorar su importancia y, en el proceso de recuperarnos, la cultura debe tener un papel central».

Así, proponen recuperar para fines culturales espacios pertenecientes a la administración que permanezcan en desuso, apoyar al sector musical con coordinación entre el Gobierno y los ayuntamientos, con una parte de los presupuestos condicionados a la «contratación de bandas y grupos de música locales y autonómicos atendiendo a la diversidad de estilos y dando espacio a la música tradicional cántabra» y un ‘Plan de Empleo’ público que elimine la precariedad laboral (externalización, temporalidad) en el personal de bibliotecas, guías de museo y de cuevas prehistóricas.