La atención primaria, la vigilancia epidemiológica y las residencias, claves para evitar rebrotes
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha presentado a la comisión parlamentaria para el estudio y seguimiento del COVID-19 las principales medidas del plan de transición hacia la nueva normalidad sanitaria, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como hospitalaria.
Entre ellas ha citado la continuidad de la vigilancia epidemiológica, el desarrollo del estudio de casos, el establecimiento de triaje y circuitos asistenciales diferenciados para pacientes COVID y no COVID, el desarrollo de estrategias de prevención, la disponibilidad de recursos para pacientes agudos y críticos, el impulso de consultas no presenciales y la implementación de estrategias de control de posibles rebrotes, con especial atención al ámbito de las residencias de mayores al tratarse de pacientes de especial vulnerabilidad.
ATENCIÓN PRIMARIA Y TRIAJES
En relación con las medidas del plan de transición hacia la nueva normalidad sanitaria, Rodríguez ha explicado que se ha fortalecido la Atención Primaria para garantizar su capacidad diagnóstica con test PCR de todos los casos con síntomas compatibles con COVID-19.
Para reforzar esta toma de muestras, ha indicado, se ha puesto en marcha el sistema de ‘Coroauto’, con capacidad para realizar 1.980 test PCR semanalmente. para la toma de muestras a los pacientes sin bajarse del coche.
En Atención Primaria está previsto ampliar los contratos de continuidad de los médicos de familia y se ofertarán contratos de un año de duración a los residentes de esta especialidad que finalizan este mes su formación en Cantabria.
En los hospitales, para garantizar la seguridad de los profesionales también se prevé asegurar un stock mínimo para alrededor de dos meses de equipos de protección individual (EPIs).
Al igual que en Atención Primaria, en el ámbito hospitalario se incidirá en la separación de los circuitos asistenciales, distinguiendo entre pacientes COVID y no COVID, para garantizar la seguridad de la atención en los diferentes procesos. Para ello, se llevará a cabo un cribado universal de pacientes antes del ingreso, lo que permitirá dirigir la asistencia del paciente en el circuito adecuado.
UCIS Y CAMAS
El titular de Sanidad ha destacado además la capacidad del sistema sanitario cántabro para duplicar el número de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) hasta 116 si fuese necesario y contar con una reserva de 66 equipos de ventilación mecánica invasiva.
En el caso de las camas de hospitalización convencional, l Servicio Cántabro de Salud podría llegar a disponer de 1.823 camas dentro de su red de hospitales, cifra que podría incrementarse con 291 camas en el ámbito privado y con otras 400 más si fuese necesario habilitar el Palacio de Exposiciones de Santander para acoger enfermos. De esta forma, el SCS podría contar con más de 2.500 camas de hospitalización convencional.
A nivel asistencial, Rodríguez ha defendido el impulso de las consultas no presenciales en los hospitales para minimizar la presencia de pacientes en las salas de espera y la mejora de la coordinación con Atención Primaria para disminuir posibles derivaciones innecesarias de pacientes.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
En la actual fase 1 de la desescalada, también ha puesto en valor la relevancia de la vigilancia epidemiológica y el estudio de casos que se viene realizando en Cantabria desde el comienzo de la pandemia con la actualización diaria de las bases de datos que permiten planificar las actuaciones preventivas.
En el caso de las residencias, “por la especial vulnerabilidad de estos pacientes”, ha precisado que se cuenta con un censo específico de usuarios y trabajadores que se actualiza continuamente. También se ha referido a la existencia de un protocolo de respuesta temprana ante la aparición de posibles brotes en centros de mayores.
Para ello, ha señalado, se ha ampliado hasta 20 profesionales, ocho más que los utilizados en la campaña de la gripe, la red de médicos centinelas de COVID-19 en Atención Primaria.
Además, está previsto incrementar el personal de la Dirección General de Salud Pública con 10 nuevos técnicos, que elevaran a 47 la cifra de profesionales dedicados a la vigilancia del coronavirus.
“PINTA UNA REALIDAD QUE NO SE CORRESPONDE CON LA VERDAD”
Ha sido una comparecencia no exenta de polémica: el diputado del PP César Pascual ha reprochado al consejero sus alusiones a los recortes en sanidad atribuidos a su partido, replicándole que los presupuestos más bajos del área fueron con gobiernos socialistas y reivindicando tanto las mayores cifras de inversión de las comunidades del PP como la finalización bajo su mandato de las obras del Hospital Valdecilla –tras encomendar su finalización a Ferrovial a cambio de que asumiera los servicios no sanitarios del centro–.
Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario Félix Alvárez aseveraba que “no es ético ni responsable que este Gobierno nos siga pintando una realidad sobre la crisis que no se corresponde con la verdad”.
Álvarez ha pedido al Gobierno que “deje de alardear” y de “vincular” la inversión por habitante como factor determinante de la menor incidencia en Cantabria del coronavirus, “porque no es verdad”, ya que hay comunidades autónomas, como Canarias, Galicia o Baleares, que con menor inversión por habitante han sufrido menos casos.
Además, ha incidido en que “no es tolerable” que Rodríguez aluda a la “falta de competencia de Sanidad” para restarse la responsabilidad en relación a lo ocurrido en las residencias de personas mayores, “donde se han producido el 70 por ciento de los fallecimientos de esta región”, recriminando al consejero que apenas se haya puesto en contacto con los responsables de las residencias, así como que “algunos de estos centros” hayan sido amenazados con que, “si no son capaces” de conseguir los materiales de protección por su cuenta, “les pueden rescindir el convenio que tienen con la Consejería”.
LAS RESIDENCIAS PIDEN EL CESE DEL CONSEJERO
Aunque la reacción más dura llegó desde fuera del Parlamento, del sector de las residencias: la FED, federación empresarial que agrupa a las empresas, y LARES, que aglutina las entidad del sector sin ánimo de lucro, pidieron el cese del consejero debido a una parte de su intervención en la que este aseguró que las residencias privadas no habían estado a la altura.
Para estas entidades, se ha «denostado» a unos profesionales que han hecho estas semanas un «esfuerzo titánico» mientras Sanidad hacía «caso omiso» a sus peticiones de ayuda.
De fondo, las acusaciones de descoordinación en la atención sanitaria que afloraron la semana pasada en el Parlamento.