Las calles de las ciudades son una forma de hacer homenajes a personalidades o partes de la historia a las que se quiere poner de ejemplo por considerar que encarnan valores colectivos o motivos de orgullo. Por eso en Santander los nombres nos recuerdan a José María Pereda, Marcelino Menéndez Pelayo, Augusto González de Linares, Benito Pérez Galdós, Ataúlfo Argenta, Concha Espina o Alberto Pico, por citar algunos referentes locales

No pretenden ser, en cambio, un libro de historia: sí así fuera habría calles dedicadas a la peste o al terrorismo, que son partes de historia. Cuando se recuerdan estos hechos,se pone el acento en las víctimas, como sucede con calles como la de Francisco Tomás y Valiente, en Santander.

Entre las muchas calles que ensalzan nombres poco acordes a los valores compartidos –y opuestos a la historia tradicional de la ciudad, como sucede en una General Dávila cuyo nombre de toda la vida era el Paseo del Alta, como todavía recuerdan los mayores del barrio- se encuentra la de Carlos Ruiz García.

El nombre de este gobernador civil y jefe provincial de la Falange entre 1939 y 1941 -fue quien gestionó los primeros meses del post-incendio de Santander, cuya posterior reconstrucción se cuenta en’Expulsados’– señala a dos grupos de vivienda (Grupo Carlos Ruiz García Este y Grupo Carlos Ruiz García Oeste), en la zona de Campogiro, frente a la bolera Mateo Grijuela, levantados precisamente para acoger a los desplazados por el incendio que nunca regresarían a sus viviendas porque en su reconstrucción ese suelo, en el centro de la ciudad, fue ocupado por los cercanos a la dictadura.

En este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia –se conmemora el 30 aniversario desde que la OMS dejara de considerar la homosexualidad como una enfermedad—, ALEGA, la asociación que representa al colectivo en Cantabria, recuerda que este político franquista fue también responsable de iniciar inició una persecución sistemática del colectivo LGTBI.

Según relatan, se ordenaba así que se limpiara la ciudad de los “individuos llamados sodomitas” que, a su juicio, infectaban gravemente la vida de la capital cántabra.

Con base en esa circular, comenzó un exhaustivo trabajo de detenciones arbitrarias, delaciones y de violencia moral y física, que supusieron un estado de terror entre los agredidos, la destrucción de sus vidas, y que se resuelve al final con el internamiento de varios de los detenidos en campos de concentración.

Además, destacan que la “cacería” contra los homosexuales santanderinos estuvo marcada por un “acentuado sesgo clasista”, ya que se inició en los estratos más desfavorecidos de la ciudad, de forma que afectó sobre todo a muchachos en situación de exclusión social o trabajadores de ocupaciones humildes como cargadores del puerto, limpiabotas, camareros, etc.

Y, observan desde ALEGA, cesó “milagrosamente” en el mismo momento en el que “como podemos comprobar en los documentos hallados, las denuncias incorporan a sacerdotes, abogados, industriales y apellidos de cierta relevancia en la sociedad santanderina”.

En consecuencia, ALEGA pide al Ayuntamiento de Santander la retirada de la dedicatoria de estas dos calles de la ciudad, Grupo Carlos Ruiz García Este y Grupo Carlos Ruiz García Oeste, y que estudie su sustitución por la de nombres de santanderinos que sufrieron la represión, como el activista Francisco Orellana (protagonista de luchas estudiantiles, y quien abrió el restaurante Yerbabuena, muy vinculado también a los inicios del Rvbicón). También la sufrió el escritor Álvaro Pombo, aún vivo.

“No parece decente que en tantos lugares de nuestra geografía nacional tengamos que convivir con el homenaje a los turbios y fanáticos personajes que dirigieron todo ese sistema de acoso, terror y violencia, en forma de monumentos, calles o distinciones personales”, señalan desde ALEGA.

DELITOS DE ODIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL

En los últimos cuatro años la estadística del Ministerio del Interior sobre delitos de odio (una categoría jurídica internacional que busca la protección de colectivos perseguidos) recoge cuatro casos de delitos de odio por orientación sexual, si bien los colectivos advierten de que la mayoría de los casos no se denuncian, además de la existencia de actitudes de odio al colectivo que no llegan a la agresión física.

La Ley LGTBI sancionaba con hasta 30.000 euros las terapias de «conversión»

Además, Cantabria fue escenario de las terapias de conversión (sic) de la homosexualidad, carentes de respaldo científico, al carecerse de la Ley LGBTI que las sancionaba,y que se quedó en el cajón la pasada legislatura por las dilaciones que provocaron las numerosas comparecencias solicitadas. Una vez cumplido el trámite, se espera que pueda retomarse en cuanto vuelva la actividad parlamentaria habitual.

Teléfonos delitos de odio