El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy la toma en consideración de dos proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios con el fin de facilitar la gestión de las ayudas previstas para los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las concedidas por las empresas públicas como Sodercan a pequeñas empresas y autónomos.

El Consejo de Gobierno ha celebrado este martes una sesión extraordinaria para dar curso a este trámite, que resulta preceptivo para la tramitación parlamentaria de las proposiciones y su aprobación en el Pleno extraordinario convocado para el próximo lunes.

La reforma legal promovida para agilizar la gestión de ayudas por las empresas públicas tiene carácter temporal y está vinculada a la actual crisis sanitaria. Reconoce un régimen jurídico excepcional a las subvenciones vinculadas a la pandemia que otorguen sociedades mercantiles que forman parte del sector público institucional para permitir su tutela por parte de la Consejería correspondiente, con el fin de posibilitar que los empleados públicos de la Administración puedan participar y agilizar la tramitación de los expedientes.

En cuanto a la gestión de las ayudas para trabajadores afectados por ERTEs, la proposición de ley regula su otorgamiento como subvenciones públicas, mediante el procedimiento de concesión directa, para evitar que cada uno de los beneficiarios tenga que presentar la solicitud correspondiente.

EL PP PIDE MÁS IMPULSO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES

Por su parte, el Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria en la que solicita reforzar el Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los municipios y mancomunidades de la región, incrementar la dotación presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y recuperar los programas de lucha contra la pobreza infantil.

La diputada regional Isabel Urrutia ha recordado que en el peor momento de la crisis derivada del COVID19 los ayuntamientos han adelantado y cargado en solitario con los gastos de personal -trabajadores sociales, auxiliares, educadores-, con el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, y los programas de servicios sociales y, de forma especial, el fondo de suministros que tiene en este momento una especial importancia.

Por ello, en su iniciativa los populares proponen reforzar el Plan Concertado de Servicios Sociales firmando con los municipios y mancomunidades una adenda que recoja más personal, especialmente auxiliares y trabajadores sociales, y también que se aumente la dotación del fondo de suministros básicos hasta llegar al menos a los 2 millones de euros del presupuesto actualmente en vigor.

La diputada de PP ha dicho que las previsiones que el Gobierno hizo en el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2020, que redujo las partidas del Plan Concertado, “ya no valen”. “Ahora las familias necesitan atención, los ayuntamientos están desbordados y es necesario reforzar la atención primaria para poder atender y ayudar de forma rápida a las personas que lo requieren”, ha señalado.

En su Proposición no de Ley el PP también pide que se aumente la dotación del fondo de suministros básicos porque, según ha advertido Isabel Urrutia, esta partida, que había experimentado una reducción para este año 2020, ha quedado insuficiente en estos dos meses.

Por otra parte, la propuesta del PP pasa por incrementar hasta al menos un millón de euros las partidas de los presupuestos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para ayudas de emergencia social, y pide recuperar los programas y la dotación presupuestaria del plan de lucha contra la pobreza infantil.

Ha insistido en que no se pueden abandonar los programas de lucha contra la pobreza infantil como se ha hecho en la comunidad autónoma en los últimos años y ha pedido que se recuperen los programas y la dotación presupuestaria, al menos hasta los 300.000 euros, porque “se han convertido en imprescindibles”.

CIUDADANOS PIDE QUE LOS AYUNTAMIENTOS DISPONGAN DE SU AHORRO

Mientras, Ciudadanos (Cs) va a presentar en los ayuntamientos en los que tiene presencia en Cantabria una moción para permitir a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social consecuencia de la crisis de la COVID-19 y para solicitar al Gobierno el compromiso de no intervenir los ahorros de los ayuntamientos.

En el escrito diseñado por Cs, el partido liberal insta al Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social derivada de la pandemia.

A su vez, la formación naranja solicita el compromiso por escrito al Gobierno para que no administre el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de manera que sean las administraciones locales las que gestionen estos recursos para ayudar a la economía local, tanto de las familias como de las empresas.

Los grupos municipales de Cs trasladarán el resultado de la moción mediante los medios de información pública municipal y detallarán los acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.

CANTABRISTAS PLANTEA UN CAMBIO EN EL MODELO URBANÍSTICO 

Cantabristas plantea en sus “Propuestas para recuperarnos” de esta crisis económica fomentar la movilidad ciclista, el transporte público y las zonas verdes y espacios arbolados en el modelo de urbanismo.

“La experiencia reciente ha servido para ahondar en la necesidad de transitar hacia otros modelos de ciudad más amables que pongan el foco en el problema que supone la movilidad y su impacto en el medio ambiente”, han afirmado. Por ello, consideran oportuna la reducción del tráfico motorizado apostando por un transporte público que cubra las necesidades de la población y por la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable.

Asimismo, consideran urgente blindar el derecho a la vivienda y trabajar por la paralización de desahucios sin alternativa habitacional, creando además un Parque Público de Vivienda en alquiler social, en consonancia con la Ley que propone la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Cantabristas cree que los modelos urbanos en Cantabria han priorizado los intereses privados sobre los espacios públicos, por lo que plantea también la recuperación de la gestión pública de los servicios municipales que han sido privatizados (basuras, aguas o limpieza) con el objetivo de mejorar tanto su calidad y eficiencia como las condiciones laborales de las personas que trabajan en esas áreas.