Cantabristas considera necesario aumentar las auditorías a las residencias privadas y concertadas para certificar que trabajan con el personal y medios necesarios para una atención adecuada.

En Cantabria, 79 de las 82 residencias tienen un modelo de gestión privada o  con plazas concertadas y según la última actualización de datos del ICASS, las residencias con más fallecidos por causas relacionadas con el coronavirus son el Asilo San José de Torrelavega (27 y otros 6 con síntomas compatibles, en total 33); La Loma en Castro Urdiales, 18; Sagrada Familia de Carrejo, 17; Los Robles, de Mortera, 13; Asilo San Cándido, en Santander, 13 y Lusanz Cantabria, en Lantueno, 11.

La suma de ellas alcanza 105 muertes, el 60% del total en las residencias y el 50% del total de fallecimientos en Cantabria (209). En otros 17 centros se han registrado 43 decesos, de los que sólo dos residencias son públicas, el CAD San Miguel – habilitado para trasladar residentes positivos- de Meruelo (4) y el CAD de Sierrallana (2).

El partido soberanista cree necesaria una valoración sobre la actuación de las mismas durante la crisis del COVID-19, en previsión de posibles rebrotes futuros. «Es importante velar porque nuestros mayores hayan estado debidamente atendidos y que todo el personal haya trabajado en condiciones dignas, especialmente en los centros concertados perceptores de fondos públicos».

Así lo expone en una nota de prensa sobre medidas en materia de Servicios Sociales recogidas en el documento ‘Propuestas para recuperarnos’, planteadas para superar la «excesiva dependencia del turismo» y las «políticas de hormigón» y como «gran oportunidad para cambiar de rumbo y construir un modelo de futuro para Cantabria y su gente».

Un ‘new deal’ para superar la «excesiva dependencia del turismo» y las «políticas de hormigón»

En su plan, Cantabristas plantea medidas para hacer efectivos los derechos de todas las personas, desarrollando y profundizando en la función de los servicios sociales.

En el centro Paulu Lobete, secretario general de Canabristas.

En primer lugar, esta formación exige la aplicación efectiva de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, reclamando al Estado la aportación que le corresponde

En el mismo sentido, exigen la inversión de recursos económicos y humanos para fortalecer los servicios de teleasistencia o ayuda a domicilio, con el fin de «promover que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar y enriqueciendo así, una atención centrada en la persona».

Uno de los objetivos de Cantabristas es «combatir la desigualdad y garantizar los derechos de todas las personas», por lo que plantean la creación de un modelo unificado de Servicios Sociales de Atención Primaria municipales, así como un sistema de Información Cántabro de Servicios Sociales.

Además, ven con buenos ojos trabajar por «poner en marcha» una Renta Básica Universal, a partir de «la superación gradual de los actuales sistemas de garantía de ingresos mínimos» para «asegurar unas condiciones de vida dignas».

Trabajadores Unidos pide que se reconozca y compense la dedicación de las trabajadoras de atención domiciliaria a dependientes

TRABAJADORES UNIDOS PIDE QUE SE RECONOZCA Y COMPENSE A LAS TRABAJADORAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

El sindicato Trabajadores Unidos ha pedido que se reconozca el esfuerzo y dedicación de las trabajadoras del SAAD, el Servicio de Ayuda a Domicilio, que atienden en sus casas a mayores y dependientes.

En un sector que asiste a 1.500 usuarios y en el que trabajan 450 personas, y muy feminizado (el 90% son mujeres) que lleva años denunciando su situación de precariedad y sus bajas condiciones económicas o de seguridad laboral.

El sindicato Trabajadores Unidos ha recordado a los grupos parlamentarios el papel “esencial” que han jugado estas profesionales durante la crisis sanitaria, tras recordar que este año en el área de dependencia no habrá subida salarial debido a las condiciones del convenio colectivo estatal, que sólo contempla la subida cuando el PIB crezca más de un 2%.

“La actuación de estos profesionales está siendo ejemplar, la ayuda a domicilio se ha convertido en uno de los trabajos de primera necesidad , día a día atienden y acuden a los servicios básicos de las personas que no pueden realizar actividades vitales sin ayuda. Son con frecuencia los peor pagados, hacen tareas no acordes a la titulación, padecen las peores condiciones de trabajo, riesgo para la salud e integridad física y moral, trabajamos en muchas ocasiones sin los equipos de protección individual obligatorios por la normativa laboral y somos los primeros en sufrir recortes o despidos, somos unos de los sectores profesionales que tienen condiciones laborales muy precarias”, reivindicaban.

El sindicato lamenta que pese a que hayan demostrado que son “un pilar fundamental” para el cuidado y la protección de los mayores y dependientes, las trabajadoras de atención domiciliaria “siguen ocupando la cola del reconocimiento público, siguen siendo los eternos olvidados”.

Así, piden que se les reconozcan condiciones como el plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad para el colectivo profesional, debido a que “expuestos” todos los días. Es una reinvidicación que ya llevaron al Parlamento, logrando el apoyo de su mayoría.

Además, reclaman que se realice test a estas empleadas o que se facilite el reconocimiento de accidente laboral a todos los sectores de actividad contagiados por COVID-19 que se encuentran trabajando en primera línea, como en este caso es la ayuda a domicilio.