Las aplicaciones de rastreo de contactos son la herramienta tecnológica del momento, aunque sin el debido control, como afirma ‘Amnistía Internacional’, “estas herramientas tienen el potencial de alterar de forma fundamental el futuro de la intimidad y de otros derechos humanos. Al hacer frente a la pandemia, hemos de evitar que Europa entre sonámbula en un estado permanente de vigilancia ampliada”.

Las directrices de la Comisión Europea sobre el rastreo de contactos, publicadas la semana pasada, son un punto de partida para que los Estados eviten ese camino. Elaboradas por los Estados de la UE con la Comisión, contienen orientaciones para que los Estados Miembros exploren nuevos métodos de recogida de datos en una crisis de salud pública, al mismo tiempo que les recuerdan sus obligaciones existentes en materia de derechos humanos.

Este “enfoque común europeo” sobre el establecimiento de normas y la supervisión, si se desarrolla como es debido, “podría contribuir a fomentar la circulación de personas entre Estados Miembros de la UE y estimular el crecimiento económico” explican desde la organización.

LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE CRISIS

Las propuestas establecen que las aplicaciones han de ser conformes al RGPD (Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), petición que, según las entidades reguladoras de datos de la UE, no es sólo posible, sino necesaria.

Aunque en una crisis de salud pública hay ciertas exenciones limitadas de la aplicación del Reglamento como en una situación normal, esto no significa “dar luz verde a los Estados para que ignoren los requisitos legales vigentes” señalan.

El derecho internacional de los derechos humanos sigue siendo de aplicación, y cualquier injerencia en la intimidad “debe seguir siendo legítima, necesaria y proporcionada”. Amnistía Internacional y alrededor de otros 100 grupos de derechos han expuesto las condiciones que han de cumplir los Estados cuando introduzcan un aumento de la vigilancia digital para hacer frente a la pandemia.

En esta foto de AMNISTÍA INTERNACIONAL del 5 de abril de 2020, un hombre revisa su teléfono móvil a lo largo del río Yangtze en Wuhan, en la provincia de Hubei, China.

Las directrices de la UE promueven principios de derechos humanos y para la recogida de datos, fomentando un loable enfoque “suave” de los Estados al recomendar que las aplicaciones sean voluntarias y se eliminen rápidamente una vez que haya pasado la crisis. “Pero la enorme confusión y las contradicciones que recorren estas propuestas hacen sonar las alarmas” lamenta Amnistía.

APPS DESCENTRALIZADAS

Las directrices se presentaron con una recomendación principal de usar aplicaciones de rastreo de contactos descentralizadas —del tipo de las que aparentemente proporcionarán Apple y Google—, que dan mucho menos acceso a los datos personales a las agencias gubernamentales y son la opción adecuada en lo que se refiere a proteger la intimidad y otros derechos humanos.

No obstante, esta recomendación se ve debilitada enseguida por la exposición de las “limitaciones” derivadas de los enfoquen que anteponen la intimidad.

“Estamos sólo ante unas directrices y las aplicaciones de rastreo de contactos pueden variar enormemente en cuanto a función y diseño, pero a veces parece que las propuestas propugnan aplicaciones que no sólo se conectan a una base de datos centralizada del gobierno, sino que permiten la existencia de una base de datos paneuropea interconectada” señalan.

Por ello, creen que “esto sería un paso firme en la dirección equivocada para los derechos humanos, pues abriría la puerta para que los Estados accedan a nuevas cantidades ingentes de información delicada y a oportunidades para compararlos con datos antes disociados, lo que conferiría a los gobiernos inmensos y nuevos poderes para discriminar basándose en esta información”.

Las aplicaciones de rastreo de contactos “deben tener alcance limitado, y un propósito y unas limitaciones claramente definidos. Hay muchas posibilidades de cambio aquí, con los Estados recogiendo datos “por si acaso” o intentando fusionar información con bases de datos existentes”.

En estos términos expresan que toda aplicación de rastreo de contactos “deberá ser objeto de un examen riguroso y periódico de unas autoridades independientes de protección de datos para garantizar que su uso es conforme a las leyes y normas de derechos humanos y sobre protección de datos”.

Aunque se propone sólo el uso voluntario, las directrices subrayan que, para que sean efectivas, las aplicaciones deberán ser adoptadas por más de la mitad de la población de los Estados miembros. “Sólo cabe esperar que los Estados entiendan que esto es un indicador de los límites de las aplicaciones de rastreo de contactos y no un estímulo para presionar a su población” añaden desde la organización.

Corea del Sur es un ejemplo donde el programa de rastreo de contactos es considerado un síntoma de buena práctica, las personas están obligadas a entregar una cantidad enorme de datos, lo que representa un problema significativo de derechos humanos.

Además, Amnistía Internacional considera que “la Comisión debe aclarar que, para proteger los derechos humanos, toda aplicación de rastreo de contactos deberá tener un enfoque descentralizado. Para evitar que los Estados se extralimiten, las directrices deben explicitar qué datos se pueden recoger en qué circunstancias, dónde y cómo pueden ser almacenados y, lo que es crucial, qué recogida de datos y prácticas son inapropiadas”.

Son optimistas con los nuevos datos, en los que “hay un poco más de claridad por parte de entidades reguladoras de datos de la UE hoy sobre las líneas rojas para la recogida de datos de las aplicaciones de rastreo de contactos, pero ¿hasta qué punto están escuchando los Estados?”

ABUSOS A PERSONAS VULNERABLES

En su blog, Amnistía examina los principales tipos de violaciones de derechos humanos que las investigaciones de información de fuentes digitales de acceso público (conocida comúnmente como OSINT, siglas de Open Source Intelligence, o “inteligencia de fuentes abiertas”) han podido revelar, como homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, humillación y extralimitaciones oportunistas del gobierno.

Asimismo, bosquejan algunas de las técnicas que el proyecto ‘Evidence Lab’ del Programa de Respuesta a la Crisis de Amnistía ha venido utilizando para hacer seguimiento de posibles violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis.

En toda Latinoamérica, la policía ha utilizado tácticas humillantes y degradantes contra personas acusadas de incumplir cuarentenas u otras medidas de distancia social.

“Hemos visto numerosos vídeos de grupos de personas obligadas a hacer ejercicio y humilladas en países como Venezuela y República Dominicana, así como de trato inhumano de personas que duermen en la calle en Argentina y de personas transgénero en Colombia. También hemos visto aplicar la detención como primera medida, en vez de como último recurso, en operaciones policiales llevadas a cabo para hacer cumplir las medidas de confinamiento” señala la ONG.

Personas sin techo durmiendo en la calle durante el encierro ordenado por el gobierno de Argentina (Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko)

En India y Sierra Leona, las fuerzas de seguridad han golpeado a la gente con porras, y la policía keniana disparó proyectiles de gas lacrimógeno contra la multitud en Likoni Ferry, Mombasa, pese al riesgo de agravar así la propagación de la enfermedad, ya que la gente tosía y se frotaba la cara y los ojos para aliviar la irritación producida por el gas.

En Nigeria, el uso excesivo de la fuerza ha sido especialmente grave, y se ha denunciado la muerte de al menos 18 personas a manos de la policía desde el comienzo de las medidas de confinamiento en el país.

Hay también vídeos de Guajira, Venezuela, que indican que se hizo un uso excesivo de la fuerza contra pueblos indígenas durante una protesta en demanda de agua, alimentos y medicinas.

Por otro lado, los continuos esfuerzos del presidente Trump por limitar la inmigración en Estados Unidos “han agravado las penalidades que sufren muchas familias migrantes y personas solicitantes de asilo, cuya situación empeorará todavía más tras la reciente decisión de la administración de suspender temporalmente la inmigración para intentar combatir la pandemia”. Muchos observadores ven en esta medida una manipulación de la pandemia para fomentar la xenofobia.