El Fondo No Reembolsable articulado por el Ministerio de Hacienda para que las Comunidades Autónomas hagan frente al primer impacto de la pandemia de coronavirus establece unos criterios de reparto que no son los del actual modelo de financiación autonómica y perjudica a las que más habían hecho los deberes en gasto sanitario, entre ellas a Cantabria y Asturias.

Son algunas de las conclusiones de un trabajo de los profesores titulares David Cantarero-Prieto (Grupo de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y del IDIVAL) y Santiago Álvarez García, del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo.

El Fondo, de 16.000 millones, en los términos que se anunció por la ministra María Jesús Montero a los consejeros y consejeras de Economía y Hacienda de las comunidades, establece tres partidas: 10.000 millones para atender gasto sanitario; 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económica; y 1.000 millones para atender gasto social.

Respecto al más cuantioso, establece dos plazos: uno primero, este semestre, de 6.000 millones, y uno segundo, antes de fin de año, de 4.000 millones. Para el primero plantea unos criterios de reparto en los que se priman los ingresos en UCI (35%), las hospitalizaciones (25%) y los positivos confirmados por PCR (20%), mientras que sólo un 20% se destina en función de la población ajustada – las menos pobladas tienen menos capacidad financiera-.

Tal y como explican en un documento publicado en la página del Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y del IDIVAL, este reparto es opuesto al actual modelo de financiación y supone una importante pérdida de recursos para Cantabria.

Según expuso la consejera de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, en la Comisión de seguimiento de la COVID-19 en el Parlamento de Cantabria, con la propuesta del Ministerio Cantabria recibiría 186 millones de euros, muy lejos de los hasta 275,68 millones que podría ingresar si el reparto fuera por población ajustada, ponderada por gasto
sanitario per cápita previo y con los criterios del modelo actual de financiación autonómica.

Para comprender mejor lo que está en juego para Cantabria, entre la propuesta inicial de Hacienda y un modelo de reparto basado en el actual sistema de financiación (2009) hay casi 100 millones de diferencia, una cifra que equivale al 10.73% del presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2020 (922,1 millones de euros), o a una tercera parte del presupuesto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).

Si el reparto fuera tomando como base a la población de derecho (la población total),  ponderada por gasto sanitario per cápita previo y criterios del modelo actual de financiación autonómica, Cantabria recibiría 272,9 millones de euros.

Una asignación que tuviera en cuenta la financiación efectiva a competencias homogéneas dejaría la cuenta de la comunidad autónoma en 253 millones, mientras que si sólo fuera tenida en cuenta la población ajustada al gasto sanitario per cápita previo, a Cantabria le corresponderían 234,62 millones si tomamos como referencia la población ajustada y 232,25 si es población de derecho.

Incluso si se hiciera mirando únicamente el criterio de la población, Cantabria recibiría 215 millones (213 si se mira población de derecho), en todos estos supuestos más que la propuesta inicial del Gobierno de España.

¿CAMBIAR LAS REGLAS A MITAD DEL PARTIDO?

«Nos parece evidente que tiene toda la lógica del mundo atenerse a las reglas de juego que todos los gobiernos, autonómicos y central, se han dado en esta última década, empleando estrictamente aquellos que se establecen en el sistema de financiación autonómica», enfatizan los investigadores.

Así, los autores del trabajo defienden que la actuación «más equitativa» ante esta crisis sanitaria debería «guiarse» por la distribución de recursos del actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 y que no llegó a cambiarse en 2017, cuando se publicó una primera propuesta.

Para un reparto con otros criterios, explican, «sería necesario un debate sosegado y basado en criterios técnicos, en relación con aspectos que no se observan en las propuestas anteriores», como el statu quo, el coste efectivo de la prestación de los servicios, un menor gran peso poblacional que implica un menor grado de economía de escala en la prestación de los servicios, por lo que han de mantener y financiar con un mayor grado de esfuerzo fiscal la infraestructura y los recursos humanos necesarios para prestar unos niveles adecuados de educación, sanidad y servicios sociales.

Estas cuestiones, factores no demográficos como la superficie y dispersión que condicionan la accesibilidad a los servicios públicos, así como el envejecimiento de la población (que es clave en la emergencia del coronavirus, porque afecta más a la población más mayor) hacen que esté «plenamente justificado» que la financiación per cápita de una comunidad como Cantabria sea superior a la media.

Por eso, consideran que el Gobierno compense a las Comunidades el esfuerzo que están realizando para mantener los niveles de la prestación de los servicios públicos esenciales, en un contexto de fuerte caída de sus ingresos.

Por el contrario, introducir factores como los ingresos en las UCI, los pacientes que han sido hospitalizados, los casos positivos confirmados por coronavirus y el tamaño de la población, puede resultar «a priori» a Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha; aunque Madrid, ni Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía «no saldrían tan beneficiadas relativamente» como si se hubiera planteado el criterio de población.

PERJUDICA A LAS QUE MEJOR HABÍAN HECHO LOS DEBERES

«Este tipo de indicadores no tienen en cuenta que, precisamente, la dotación de camas hospitalarias en funcionamiento y la de personal médico en atención primaria antes de la crisis sanitaria era desigual entre Comunidades, por lo que podría analizarse de algún modo el grado de esfuerzo regional para una mejor gestión sanitaria a lo largo de esta crisis y compensarlo, aunque fuese de una manera indirecta, mediante este nuevo fondo sanitario de liquidez no reembolsable», reivindican Cantarero y Álvarez.

Y es que, aseveran, el reparto del fondo con los criterios expuestos en la primera propuesta, «beneficiaría a aquellas regiones cuyo gasto sanitario público antes de la pandemia de la Covid-19 había sido inferior en términos per cápita».

De esta manera, estaría perjudicando a Comunidades de régimen común que tienen niveles de gasto por habitante superiores a la media nacional (1.416 euros) en el año 2018, como son Aragón (1.601 euros), Asturias (1.676 euros), Cantabria (1.543 euros), Castila y León (1.577 euros), Castila-La Mancha (1.438 euros), Cataluña (1.432 euros), Extremadura (1.626 euros), Galicia (1.491 euros), Murcia (1.567 euros) y La Rioja (1.477 euros).

INSUFICIENTE EN CUALQUIER CASO: AUMENTARÁ LA DEUDA.

Como ya ha apuntado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en alguna comparecencia pública tras las reuniones de la Conferencia de Presidentes, el agujero económico de la primera oleada de la COVID-19 asciende a 450 millones de euros, así que, en cualquier caso, el Fondo No Reembolsable será «insuficiente».

Así lo señalan estos expertos, ya que «a pesar del importante desembolso que supone, su importe probablemente resultará insuficiente de cara a poder solventar el importante esfuerzo presupuestario que están haciendo actualmente las Comunidades Autónomas».

En este sentido, consideran «recomendable» esperar a difundir los criterios de reparto del nuevo fondo de liquidez sanitario del Estado a las Comunidad Autónomas hasta que se dé a conocer por parte de Europa el anunciado Fondo de Recuperación entendido como transferencias a fondo perdido.

Una incertidumbre a la que añaden la «reticencia» de Países Bajos o Alemania a «comprometerse a un esfuerzo presupuestario conjunto enmarcado en el Marco Financiero Plurianual y el horizonte presupuestario de la UE para 2021-2027, lo que «hace atisbar como escenario de contingencia más probable que la respuesta a la pandemia sea a través de dicho presupuesto a medio plazo y del Mede — mecanismo de estabilidad–para la liquidez más urgente«.

Pero «teniendo en cuenta la ingente cantidad de gasto sanitario que las regiones han tenido que financiar estos meses, y ante la previsión de una segunda ola que pudiera llegar en próximas fechas, en una situación recesiva que provocará una importante caída en sus ingresos, debería plantearse también la conveniencia de flexibilizar el acceso de las Comunidades Autónomas a los mercados de deuda o a una mayor financiación bancaria, sin que ello sea en menoscabo de los límites globales que pueda establecer el Reino de España de cara a cumplir los compromisos establecidos al respecto», concluyen.

En cualquier caso, para Cantabria, la diferencia entre la primera propuesta (186 millones) y una proyección ajustada a población, gasto sanitario previo y modelo de financiación vigente (275,7 millones) implica diferencias en la deuda que tenga que asumir la Comunidad Autónoma.

Si tenemos en cuenta los 450 millones de impacto económico de la pandemia, en el escenario más desfavorable habría que financiar con deuda un 59% de ese ‘agujero’ en las cuentas, mientras que en el más óptimo ‘sólo’ habría que financiar un 39%.