La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este viernes que «entiende perfectamente la indignación y el sentimiento de traición» de Miguel Ángel Revilla hacia Pedro Sánchez, porque «le apoya y él se lo devuelve robándonos la cartera a todos los cántabros».

Así se ha referido al acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH-Bildu para la prórroga del Estado de Alarma, una votación en la que el PP pasó de la abstención al No, con lo que los partidos que apoyan al Gobierno se lanzaron a la búsqueda de todos los apoyos posibles en el Congreso, entre ellos los de la formación independentista, que pidió a cambio la derogación «íntegra» de la reforma laboral en las próximas semanas.

Varios medios nacionales explican este viernes que, aunque los votos de Bildu resultaron no ser necesarios, la prórroga del estado de alarma corría riesgo al ubicarse el PP por primera vez en el ‘No’ y de haberse descolgado Ciudadanos del ‘Sí’ -las tensiones internas en la formación naranja han llevado a otra dimisión, la de Marcos de Quint, del partido y de su acta en el Congreso- algo que finalmente no sucedió.

El propio PSOE (uno de sus portavoces en el Congreso, Rafael Simancas) ha señalado la posición «irresponsable» del PP, que llevó al Gobierno a la búsqueda de todos los votos posibles para que el próximo lunes no decayera el estado de alarma, con lo que, interpretan, siguen «protegiendo la salud de todos los españoles» y «salvando vidas».

Aunque el Gobierno matizó en la medianoche del jueves – por las quejas de los empresarios y de la minista de Economía, Nadia Calviño- que el acuerdo se refiere sólo a los aspectos más lesivos (entre ellos la eliminación del despido durante una baja por enfermedad, que el Gobierno ya había eliminado), el acuerdo recogía además otros punto contra el que ya se ha posicionado el PRC de Revilla.

De esta manera, el documento suscrito por los tres grupos parlamentarios, recoge que «las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis de la COVID-19». Una medida que no se circunscribe al ámbito del País Vasco y Navarra – como no lo hace tampoco en la reforma laboral- y que reivindican tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de Cantabria.

Asimismo, plantea que «para las entidades locales, estos gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto», una medida que va en línea con planteamientos de ayuntamientos (como Santander, PP, y otros gobernados por el PRC), que en la FEMP han pedido el uso de los remanentes, del superavit de los últimos ejercicios, aunque no sólo para políticas sociales, sino para financiar políticas que reactiven la economía.

Los regionalistas se apresuraron el jueves a desmarcarse del Gobierno – con el que acaban de votar para prorrogar el estado de alarma-, con una nota de prensa en la que rechazaban frontalmente el «pacto secreto» de PSOE y UP con Bildu porque «dinamita» el acuerdo entre empresarios y sindicatos y «atenta» contra la igualdad de los ayuntamientos, y el líder regionalista descalificaba como «inasumible e impresentable» documento conocido tras aprobarse la prórroga del estado de alarma, lo que atribuyó a «un Gobierno desnortado».

Revilla carga contra el «pacto secreto» de un «desnortado» PSOE y UP con Bildu porque «atenta» contra la igualdad de los ayuntamientos

En concreto, se centraba en la última línea del segundo punto del acuerdo, en referencia a que «la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras» – ambas comunidades están fuera del régimen común.

Pero el PRC lo contrasta con lo que, a su juicio, es la «nula disposición» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a autorizar a los ayuntamientos a invertir los remanentes de tesorería que actualmente mantienen inactivos en cuentas bancarias y que sólo en Cantabria rondan los 450 millones de euros.

Sin embargo, Montero ha remitido a los ayuntamientos a que «aporten al gran pacto por la reconstrucción». De manera que lo quiere derivar a un acuerdo en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, para que con los 28.000 millones de euros de ‘ahorro’ de las administraciones locales asuman competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Una especie de ‘condicionalidad’ al uso de unas cantidades que intervino el Gobierno del PP, y su predecesor en Hacienda, Cristobal Montoro, para hacer frente a la anterior crisis económica.

INDIGNACIÓN EN EL PP

«Revilla apoya a Sánchez, gobierna en Cantabria con Pedro Sánchez y él nos roba la cartera», ha afirmado la presidenta del PP en una nota de prensa en la que «comparte la indignación de todos los españoles por el acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu que no solo supone derogar la reforma laboral, sino también ventajas económicas para Navarra y el País Vasco».

Buruaga ha afirmado que mientras Revilla decía sí en el Congreso de los Diputados a la exigencia de una quinta prorroga del Estado de Alarma, «Sánchez estaba debajo de la mesa negociando con Bildu un acuerdo que mercadea y pone precio al empleo de miles de cántabros y que además regala a otras comunidades autónomas a cambio de unos votos lo que es nuestro, lo que es de Cantabria».

Según la dirigente popular, ese acuerdo es «la medida perfecta de quién es Pedro Sánchez, un presidente que no tiene límites, que traiciona a sus socios, engaña a sus ministros y miente a todos los españoles, y que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse y hacer prevalecer sus intereses personales».

«Primero – ha añadido Buruaga- vimos cómo no le importó subastar España para ser investido presidente y ahora, en medio de una crisis sanitaria y económica nunca conocida en este país, pone precio al empleo de millones de españoles y los arroja al paro».

La presidenta de los populares cántabros ha afirmado, además, que este acuerdo «dinamita en un momento económico crítico una alianza estratégica con los empresarios que, junto con los trabajadores, son los que tienen que sacar adelante este país a pesar de Sánchez y de sus políticas nefastas».

«Todos los cántabros estamos indignados, yo estoy indignada, Revilla está indignado con un presidente que intenta engañar a todos todo el tiempo, que miente a los españoles y que ha convertido este país en un mercado persa», ha añadido.

Buruaga ha advertido de que de indignación no come Cantabria y ha opinado que el presidente de la comunidad debería reflexionar, dejar de consentir a Sánchez engaño tras engaño, elevar el listón de la reivindicación y, sobre todo, pensar a qué está llevando a Cantabria su asociación con el PSOE.

«Le instamos a cambiar de estrategia, alzar la voz y ejercer la reivindicación, porque va de engaño en engaño» a Cantabria, ha dicho Buruaga quien ha recordado que el Gobierno de Sánchez no solo no ha cumplido uno solo de los compromisos con Cantabria, sino que además no paga lo que debe.

GEMA IGUAL PIDE EXPLICACIONES EN LA FEMP

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado esta tarde en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la “falta de lealtad” del Gobierno a la institución que representa a más de 8.000 ayuntamientos aludiendo al acuerdo del Ejecutivo con EH-Bildu para prorrogar el estado de alarma «a cambio de mayores privilegios fiscales para el País Vasco y Navarra», que, en su opinión, «deberían aplicarse a todos por igual».

Para la regidora, es «inadmisible» el trato preferente del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia estos territorios «saltándose por encima a la FEMP y concediéndoles unas reivindicaciones históricas por unos votos de un partido político».

El PSOE insta a la alcaldesa a que libere 60 millones de euros de remanentes frente a la COVID-19

«No se puede consentir este clientelismo y esta flagrante discriminación hacia el resto de ayuntamientos españoles», considera Igual, exigiendo «el mismo trato» para todos.

En su opinión, el Gobierno español está demostrando «una falta de responsabilidad total» y cometiendo «una injusticia» con el resto de ayuntamientos.

«En estos momentos y más que nunca debemos estar todos a una y remar en la misma dirección para salir de la crisis, y no se pueden realizar este tipo de prebendas en favor de unos pocos, dejando al resto a los pies de los caballos», ha criticado.

La alcaldesa también pone de manifiesto que «este agravio» crea una inseguridad jurídica y una situación muy problemática que «agravará aún más las diferencias de los territorios».

Lamenta asimismo «el desprecio y el ninguneo» del Gobierno de Sánchez hacia la FEMP y hacia el resto de municipios españoles y advierte, por último, que seguirá «luchando» para defender los intereses de los santanderinos.