El Ministerio de Política Territorial se compromete a reducir los plazos para pagar las ayudas por las inundaciones de 2019
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública se ha comprometido este martes a reducir los plazos para el pago de las ayudas por las inundaciones, tal y como había solicitado la consejera de Presidencia, Interior Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, a la ministra Carolina Darias.
En un encuentro bilateral, celebrado esta tarde para abordar cuestiones comunes en la gestión del personal público, la ministra ha trasladado a Cantabria su interés de “pactar” con las comunidades autónomas una “reducción de los plazos para que la tramitación de estas ayudas sea más rápida y, por tanto, más efectiva”.
Así lo ha anunciado la consejera tras este encuentro, quien ha mostrado su satisfacción porque el Estado atienda esta preocupación y que estas ayudas, relacionadas con las inundaciones de enero de 2019, lleguen “en el menos tiempo posible” y que “no suceda lo mismo” con el resto de procedimientos de ayuda pendientes para las comarcas cántabras de Campoo y Liébana.
La consejera ha defendido una “acción pública más rápida”, tanto en la concreción del fondo para canalizar las ayudas como en su convocatoria, con el fin de atender “a las necesidades de recuperación de las emergencias” de los ayuntamientos y del propio Gobierno regional.
En materia de financiación local, la consejera de Presidencia ha solicitado de nuevo a la ministra “llegar a máximos” en el remanente de tesorería que los ayuntamientos podrán destinar a hacer frente a la crisis del COVID-19.
Según ha dicho, “no podemos limitar el volumen de la inversión que proviene del remanente, que es consecuencia de la buena gestión económica de los ayuntamientos de Cantabria, y son fondos que pueden servir para la reactivación económica y atender a la población más vulnerable”.
CANTABRIA REGULARÁ EL TELETRABAJO
Por otro lado, la consejera de Presidencia ha trasladado a la ministra que el Gobierno de Cantabria contará con una regulación del teletrabajo aplicable a la Administración General autonómica y a sus organismos públicos.
Fernández Viaña ha informado del “buen funcionamiento” del teletrabajo en la Administración General autonómica durante el estado de alarma, una experiencia positiva “que demanda regular ahora esta fórmula e implantarla con carácter general”. El proyecto regional, según ha precisado, será compartido con la Administración del Estado, que ha propuesto crear un grupo de trabajo para su regulación de forma consensuada con las autonomías
La modalidad del telebrabajo “ha llegado para quedarse”, ha subrayado la consejera, quien ha felicitado la labor realizada desde el Servicio de Informática por todo su personal técnico para que el sistema haya funcionado con eficacia.
TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
Por otro lado, la consejera y la ministra han abordado aspectos relativos a las ofertas de empleo público y a la ejecución de los procesos selectivos en la administración pública, con el fin de reducir la temporalidad.
En este punto, el Gobierno regional ha solicitado que sea valorada la incidencia que la crisis sanitaria va a tener sobre los plazos de ejecución de la oferta de empleo público, suspendida temporalmente por la declaración del estado de alarma y que incluía la celebración de las pruebas para cubrir 499 plazas de personal funcionario y 224 más de promoción interna.
En detalle, Cantabria cuenta con 33.616 empleadas y empleados públicos, de los que 23.069 (68,62%) son de la Comunidad Autónoma, 6.002 (17,85%) de las entidades locales, y 4.545 (13,52%%) de la Administración General del Estado.
De los 23.069 integrantes del personal de la Comunidad Autónoma, el 39,40% trabaja en la Sanidad regional y el 36,40% en Educación, por tanto, tres de cada cuatro empleadas y empleados públicos autonómicos se integran en los servicios sanitario y educativo de Cantabria.
DESESCALADA
Por último, la consejera de Presidencia ha informado al Estado de la organización de los servicios esenciales con motivo de esta pandemia, que la comunidad autónoma ya tenía organizado y fijado en una norma propia un día antes, incluso, de que se declarada el estado de alarma a nivel estatal.
Actualmente, se ejecuta el proceso de desescalada para la vuelta progresiva del trabajo presencial en las sedes administrativas, que ha incluido la implantación de medidas preventivas y de protección y la adecuación de las instalaciones.
“En estos momentos la preocupación es ir retomando toda la actividad administrativa como medida de impulso de otras iniciativas privadas que contribuyan a la dinamización de la economía y a paliar los efectos de la situación de crisis sanitaria”, ha concluido la consejera, que ha estado acompañada en este encuentro por la directora de Función Pública, Isabel Barragán.
En la reincorporación se trabajará prioritariamente por el mantenimiento de fórmulas de trabajo no presencial, flexibilización de horarios, atención al público preferentemente de forma telemática, aforos más reducidos y cita previa en la atención presencial.
La incorporación presencial, a la que no accederá en las primeras fases el personal más vulnerable, se realizará atendiendo siempre las recomendaciones sanitarias, adoptando las medidas necesarias en materia de prevención y seguridad y garantizando la salud de las empleadas y empleados públicos y de la ciudadanía.