La desescalada está permitiendo un retorno a la actividad laboral sin que vuelva la actividad docente presencial a los colegios, lo que hace aflorar problemas de conciliación sobre los que llamaban la atención, desde la oposición, PP y Ciudadanos.
Así, el Partido Popular ha urgido al Gobierno de Cantabria una solución para la reapertura de las guarderías y centros infantiles de la comunidad autónoma, cerrados desde que se estableció el estado de alarma el 14 de marzo, y que son una herramienta fundamental en la conciliación de la vida familiar y laboral.

Isabel Urrutia, diputada regional del PP, ha explicado que desde que se anunció el plan de desescalada, y en cada una de las fases en las que ha entrado la comunidad autónoma, el Gobierno de Cantabria no ha tomado la decisión de qué hacer con la apertura de las guarderías, ni en qué fecha podrán hacerlo, ni las condiciones en que podrán abrir, lo que «está creando gran preocupación a las empresas que gestionan estos centros».

La diputada considera necesario dar certidumbre no solo a las empresas que gestionan estos centros infantiles, sino también a las familias que precisan de este tipo de recurso para conciliar la vida familiar y laboral

Por ello, en el pleno ordinario del Parlamento que tendrá lugar el lunes 8 de junio, el Grupo Popular formulará dos preguntas al Gobierno de Cantabria para conocer cuándo tiene previsto permitir la apertura de las guarderías, tanto de iniciativa pública como privada, que hay en la comunidad autónoma, y qué condiciones va a establecer para ello.

Desde Ciudadanos, su diputado Diego Marañón, ha reclamado al Gobierno medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, «uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad actual y que se ha intensificado con la pandemia».

En este sentido, ha señalado que ante la duda de poder organizar ludotecas y campus deportivos este verano «es necesario plantear actuaciones novedosas que den respuesta a una necesidad real de la población cántabra».

Además, Marañón insistía, en el debate de las propuestas de resolución presentadas por los grupos en la comisión de seguimiento de la crisis derivada del covid-19, en que el Ejecutivo tiene que aprobar instrucciones «claras y precisas» para dar seguridad jurídica a las guarderías y escuelas infantiles, acerca de cuándo podrán reabrir, en qué condiciones y con qué protocolo.

Entre las fórmulas que plantea Cs figura también la contratación de cuidadores infantiles en los hogares que aquellas familias que no consigan una plaza en una guardería, al reducirse el aforo por cuestiones de seguridad, o bien porque por edad los niños no pueden quedarse solos en casa. «Las administraciones tienen que tomar medidas para que las familias no sean las más perjudicadas por la crisis sanitaria y sobre todo evitar un retroceso en los avances conseguidos en la reducción de la brecha de género», ha subrayado Diego Marañón.