La Comisión de Desescalada de la Comunidad Autónoma ha acordado solicitar hoy todo el grupo completo de medidas y ámbitos de actividad que se establecen para la fase 3 en los términos que recoge el Anexo 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y que de ser autorizada para Cantabria comenzaría a ser efectiva en la región el próximo día 8 de junio, tal y como ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.

Además, en el transcurso de la reunión que ha tenido lugar en el día de hoy, Cantabria también ha pedido de “antemano” la apertura del aeropuerto Seve Basellesteros para cuando se habilite el tráfico internacional de pasajeros, según ha confirmado el consejero, de cara a iniciar ya los preparativos para cuando llegue ese momento y restablecer de inmediato la movilidad de las personas y la actividad socioeconómica que gira en torno al aeropuerto.

A partir de la fase 3, serán las propias comunidades autónomas quienes pasen a ejercer la gestión en la crisis del coronavirus y la desescalada en su respectivo territorio.

En la Comisión de Desescalada, además del presidente Miguel Ángel Revilla que la encabeza, han participado el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga; los consejeros de Sanidad e Interior, Miguel Rodríguez y Paula Fernández, respectivamente; las directoras generales de Salud Pública, Paloma Navas, y del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez; el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICCAST), Álvaro Plaza, y el profesor David Cantarero, responsable del Grupo de Investigación en Economía Pública y de la Salud de la UC.

Previamente, tras la reunión dominical de la Conferencia de Presidentes, Revilla defendía que Cantabria tiene estudios y previsiones para asumir la gestión de la desescalada a partir de esa fecha y ha insistido en que son las autonomías quienes cuentan con un “mayor y mejor conocimiento de la situación” para avanzar hacia la nueva normalidad, siempre con criterios que no pongan en peligro la seguridad sanitaria “ni lo avanzado hasta ahora”.

El presidente cántabro ha asegurado estar satisfecho ante la recuperación de la capacidad de decisión de las comunidades una vez que entren en fase 3, momento en el que el Estado se reservará únicamente la regulación de la movilidad entre territorios.

En este sentido, ha calificado de “lógicas” las concesiones adelantadas hoy por el presidente Pedro Sánchez, que ha atribuido a los acuerdos para obtener apoyos parlamentarios de cara a la aprobación de la que será la última prórroga de estado de alarma hasta el 21 de junio.

Además, ha destacado que las autonomías podrán participar en la gestión de los fondos económicos que llegarán a España procedentes de Europa, por importe de 140.000 millones de euros.

Hasta llegar a ese punto y durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, Revilla ha pedido al Gobierno de España que determine las directrices para regular la reapertura de guarderías y escuelas infantiles, un sector económico que implica a muchas empresas y de “importancia vital” para contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Por otro lado, Miguel Ángel Revilla ha recomendado a Pedro Sánchez que “copie” las tesis defendidas por el premio Nobel de economía Robert Shiller sobre la necesidad de reactivar la inversión y la obra pública, para ir “más allá de la subvención” y contribuir a reactivar el tejido productivo del país.

El “virus económico” puede ser, a su juicio, “mucho más fatal” que el sanitario, por lo que ha pedido que las cantidades del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado por el Estado lleguen cuanto antes a las comunidades autónomas y ha confiado en que la asignación de Cantabria esté en la línea contemplada en el estudio realizado por la Universidad, cifrada en alrededor de 220-230 millones de euros.

Aunque sin éxito, Revilla ha vuelto a pedir a Sánchez que aclare si el Gobierno de España va a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a pagar a Cantabria 22 millones de euros correspondientes a la anualidad de Valdecilla impagada en 2017. “Recurrir sería una jugada de muy mal gusto” para retrasar el pago “uno o dos años”, el tiempo que tardaría en resolver el Tribunal Supremo, ha opinado.

Igualmente, ha insistido en su petición para que el Estado levante la prohibición a los ayuntamientos para que puedan invertir “de forma inmediata” sus remanentes de tesorería, lo que permitiría realizar pequeñas obras, generar actividad y empleo y “dinamizar la economía”.

El presidente cántabro también ha reivindicado que las mascarillas estén exentas de IVA, con el fin de propiciar una reducción de precios, por ser un producto de uso obligatorio.