Luis Acayro y Raquel Catalá comparten la cualidad de ser jueces que ya han probado un nuevo mecanismo, que es el de haber llevado a cabo juicios de forma telemática. Él es titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, y ella del número 1 de Elche (Alicante).

Catalá cuenta que ha tenido nueve juicios ya en este formato. No sólo permite contactar con las partes, sino que también es posible seguirlos en directo por la red para otros ciudadanos.

Juicio telemático en Elche

Acayro fue pionero en la experiencia, puesto que el primer juicio telemático en España se produjo en su juzgado santanderino, algo de lo que se hizo eco incluso la prensa internacional.

Se abre un nuevo camino, o al menos eso parece. El juez dice que el 75% de los procesos judiciales son contenciosos, civiles y sociales. El otro 25% son penales, que sí deben seguir haciéndose en sala, pero los que se basan simplemente en pruebas documentales, pueden recurrir a esta vía para celebrarse, y no sólo cuando nos enfrentemos a una situación excepcional como la del confinamiento durante el Estado de Alarma, sino en cualquier circunstancia. Nos lo cuentan ambos en una entrevista a EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM.

A Acayro le parece que esta novedad puede ayudar a que la justicia avance con más agilidad, cumpliendo mejor con el derecho fundamental de los ciudadanos a tener un juicio sin dilación. «No significa que no se tenga que invertir en más medios y reforzar las plantillas», matiza. El problema de la falta de medios les parece un hecho, pero aquí ha aparecido una oportunidad de dar salida a una parte de los procedimientos que suelen colapsar los juzgados.

Catalá nos habla de que otro juzgado de Alicante va a comenzar también con los juicios telemáticos en materias como el cálculo de las hipotecas, el índice IRPH o las cláusulas suelo, que son cuestiones dirimidas judicialmente en el ámbito europeo y que cuentan con muchos miles de afectados en España. La jueza habla de 13 juicios telemáticos diarios de ese tipo.

Acayro señala que esto es algo que se debería ir implementando en todas las provincias de España, y que haya decenas de miles de juicios por esta vía en el país a la vuelta del verano. Esto supone un cambio profundo, «van a cambiar los juicios tal como los entendemos ahora», asevera el juez.

Catalá se refiere a un «ensamblaje perfecto» entre los expertos en informática y los expertos en derecho para que los juicios a distancia se vayan perfeccionando. Se quiere ser especialmente cuidadosos respecto a los juicios que tienen testigos, pues no pueden presenciar el proceso para no verse influidos, pero la aplicación a utilizar permite poder dejar en espera a una persona que deba testificar hasta que jueza o juez reclamen su presencia en la videoconferencia.

Aunque hay ciertas resistencias al cambio, ambos perciben un apoyo decidido, por ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. El respaldo institucional es algo que les alegra y también ayuda a tener más ilusión de cara al futuro.

PILAR DE LA HERA, ABOGADA EN EL PRIMER JUICIO TELEMÁTICO DE ESPAÑA

Precisamente de esas resistencias que surgen cuando se propone una nueva vía que ayude a solventar el atasco de la justicia en nuestro país hablaba Pilar de la Hera en nuestra tertulia la pasada semana. «Me siento casi como una delincuente» llegó a decir. Su denuncia se refiere a personas «en posiciones bastante claves» que creen que este camino no es el correcto.

Sin embargo, para De la Hera no se puede dar la espalda a la tecnología. «El cambio ya está», aseveró, con la esperanza de que se vayan sumando a esta iniciativa las diferentes provincias para que se agilice todo, después de que el Estado de Alarma decretado como consecuencia de la pandemia se haya traducido en un atasco mayor del habitual. «La justicia se ha parado», afirmó la abogada.

Cree que en Cantabria debería haberse producido una respuesta de las instituciones implicadas mucho más favorable, haciendo bandera de que Santander haya tenido esta primera experiencia en el Estado español, el pasado 11 de mayo. Sin embargo, dice haberse encontrado «más reacciones en contra que a favor».

La tertuliana habitual de EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM, también dijo que «no se puede dejar pasar esta oportunidad», porque eso perjudica a la justicia en general, y también a los ciudadanos que reclaman su respuesta, como los demandantes y acusados que tienen un juicio pendiente. Recordó también que en la justicia penal se llevan haciendo videoconferencias «años», por lo que no debería generar tantos problemas que se puedan celebrar juicios a distancia, aunque también defiende que esta modalidad no sirve para cualquier tipo de proceso.

GUÍA DEL CGPJ PARA JUICIOS TELEMÁTICOS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la semana pasada una Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas, que ofrece pautas y  recomendaciones para conciliar la aplicación preferente de estos medios tecnológicos al proceso con el pleno respeto a los principios y garantías que establecen las leyes.

El documento señala que aunque el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya prevé la posibilidad de realización telemática de determinadas actuaciones procesales y el Real Decreto 16/2020 ha establecido que la forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores a su levantamiento, estas normas no precisan los criterios para la aplicación de estos medios tecnológicos ni los requerimientos técnicos que la hagan conciliable  con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, la confidencialidad exigida por las normas procesales y de protección de datos, la mayor amplitud de los derechos de defensa; la validez, integridad y calidad epistémica de la prueba o la garantía que aporta la inmediación.

“La aplicación de las tecnologías al proceso ha de ser una forma de avanzar, no de retroceder, e implicaría un retroceso limitar las garantías procesales al servicio de la tecnología, cuando ha de ser la tecnología la que se adapte y permita la plena satisfacción de esas garantías”, subraya el texto, cuya elaboración fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 11 de mayo.

La Guía advierte asimismo de que las experiencias en el uso de tecnologías telemáticas en actuaciones judiciales son limitadas -básicamente han supuesto la conexión telemática de algunos de los participantes en actos procesales presenciales- y que su aplicación para la práctica de actuaciones más complejas -como el desarrollo de un juicio íntegro- precisan de un marco normativo más completo que el vigente, de una mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de las Administraciones prestacionales.

Por ello, el documento no se presenta como un texto definitivo, sino como un avance provisional para dar respuesta a las necesidades más inmediatas que se prevé que se van a plantear en esta materia una vez que se alce la suspensión e interrupción de términos y plazos procesales, y también una orientación sobre cómo actuar en caso de que la actual situación de alerta sanitaria se reproduzca en los próximos meses, “lo que permitirá abordar la situación, en el plano judicial, de una manera mucho más proactiva y efectiva de como se ha podido en un primer momento”.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Guía identifica los requisitos técnicos mínimos que, para establecer un marco común homogéneo, han de ser considerados para asegurar que los actos procesales se desarrollen con las debidas garantías. Con arreglo a ese precepto, a las Administraciones prestacionales les corresponde la implementación de los sistemas tecnológicos teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos por el CGPJ para que puedan considerarse de uso obligatorio para jueces y magistrados en caso de que estos opten por celebrar actos de forma telemática.

Para la elaboración del texto se han tenido en cuenta diversos documentos y experiencias que -de manera limitada- han tenido lugar en España y en otros países, así como las mucho más numerosas con las que se cuenta en el terreno del arbitraje internacional.

PREFERENCIA, FORMA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

La Guía aborda, en cuatro apartados, los aspectos relacionados con la preferencia para empleo de medios telemáticos, la forma de celebración, el lugar y los requisitos técnicos mínimos que deben tenerse en cuenta para realizar telemáticamente los distintos actos procesales.

En el primero se distingue entre actuaciones internas (deliberaciones, reuniones de los órganos de gobierno, juntas de jueces, etc.) y externas y, dentro de estas, aquellas en las que solo intervienen operadores jurídicos (Ministerio Fiscal, abogados, procuradores y graduados sociales) y otras en las que participan los ciudadanos. Dentro de esta última categoría se incluiría la celebración de juicios en los que deban practicarse pruebas con intervención personal, como interrogatorios de parte, testificales o periciales.

El segundo apartado aborda la forma de celebración de cada tipo de actuación en función de si son internas o externas, y de las prevenciones que deben adoptarse para garantizar su confidencialidad y reserva cuando así lo exijan las normas, el ejercicio del derecho de defensa, la publicidad y la intangibilidad de los medios de prueba.

En el tercero se indica qué lugares pueden ser los más adecuados para la conexión de cada uno de los intervinientes en actos telemáticos, subrayando que en el caso de actuaciones externas el juez o los miembros del tribunal se constituirán siempre en la sede del Juzgado o Tribunal.

Por último, el apartado dedicado a los requisitos técnicos mínimos -que figuran en un anexo- señala que los servicios técnicos del CGPJ verificarán su cumplimiento y subraya la conveniencia de que las Salas de Gobierno de los distintos órganos jurisdiccionales establezcan los protocolos correspondientes con las Administraciones prestacionales, Fiscalías y corporaciones profesionales afectadas para adaptar la aplicación de las pautas ofrecidas en la Guía a las peculiaridades que puedan concurrir en su territorio.

Esos protocolos se remitirán a la Comisión Permanente, que efectuará un seguimiento de la aplicación de estos y de la Guía y revisará periódicamente el contenido de esos  documentos a la vista de los problemas que se detecten y de las experiencias, tanto nacionales como internacionales, que se vayan generando.

9.000 PROCEDIMIENTOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Los juzgados y tribunales de Cantabria han dictado a lo largo de las primeras diez semanas de estado de alarma cerca de 4.000 resoluciones finales, han incoado casi 9.000 procedimientos y han realizado cerca de 37.400 notificaciones telemáticas.

Además, han recibido más de 22.000 comunicaciones sobre pleitos ya existentes o solicitando el inicio de un nuevo procedimiento.

Desde la declaración del estado de alarma hasta el pasado 24 de mayo, los órganos judiciales de Cantabria han realizado más de 74.000 actuaciones, entre resoluciones finales dictadas (3.962), procedimientos incoados (8.963) y documentos firmados (61.378).

Además, han practicado 37.346 notificaciones telemáticas, entendiendo por tal todas las comunicaciones remitidas por los juzgados y tribunales a profesionales de la justicia, a interesados en los procedimientos y a terceros en general.

Junto a ello, los órganos judiciales han recibido 22.265 comunicaciones: 7.484 eran escritos que han dado lugar al inicio de un procedimiento, otros 644 iniciadores de ejecución y 14.137 relacionados con alguno de los procedimientos que se encuentran en trámite en los órganos judiciales.

CANTABRIA PRESENTA EL PLAN DE DESESCALADA PARA PROPICIAR SU MODERNIZACIÓN

Cantabria plantea desarrollar un Plan de desescalada en el ámbito judicial con medidas de seguridad, de personal y de impulso tecnológico y procesal, que implicarán inversiones adicionales en la región, con el objetivo de devolver a la normalidad a la justicia y, al mismo tiempo, propiciar una modernización definitiva de la justicia.

Con este mismo objetivo, ha adelantado la ejecución del Plan de reordenación de sedes judiciales en Santander, consensuado con los operadores jurídicos, y que facilitará habilitar nuevos espacios en el Complejo Judicial de Las Salesas.

Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria sobre las propuestas de reactivación de la justicia tras el Covid-19, en las que han participado otros representantes de los colectivos implicados en las Administración judicial.