Este jueves 18 se celebrará el juicio por la demanda presentada por el sindicadto Trabajadores Unidos contra el Gobierno de Cantabria por la gestión de la crisis del COVID-19 en el CAD (Centro de Atención a la Dependencia) de Sierrallana.

Esta no es la única acción legal emprendida por el sindicato Trabajadores Unidos, mayoritario en la administración autonómica y que también había solicitado la tutela judicial para la adopción de medidas provisionales.

Según explican, la reclamación de esta organización no se centra únicamente en la «escasez de medios» sino también en la «absoluta descoordinación, falta de criterios y planificación con la que se ha gestionado la crisis en este centro, en el que conviven 70 residentes con discapacidad y cerca de 160 trabajadores de una plantilla en la que muy pocos se han salvado del contagio» (se llegaron a contabilizar más de 100 infectados entre residentes y trabajadores)..

«La ausencia de responsables, la falta de instrucciones claras, además de la insuficiencia en la dotación de medios de protección hicieron que el centro haya vivido un calvario, recayendo en los trabajadores la responsabilidad directa de decisiones que nunca les debieron ser delegadas», recriminan desde TU.

Según enumeran, la crisis se ha saldado con dos fallecidos entre los residentes y cerca de una decena de trabajadores que permanecieron hospitalizado, además de «un número, aún por determinar, de familiares directos de los trabajadores también contagiados» ya que, apuntan, constan fallecimientos y casos con ingresos en la UCI entre los familiares de trabajadores que se contagiaron en el centro.

Desde el sindicato tampoco son muy optimistas con la gestión actual y la capacidad del centro de hacer frente a un rebrote ante las bajas y los problemas organizativos,