Con motivo de la conmemoración el 20 de junio del día Mundial de las Personas Refugiadas, La ‘Coordinadora Cántabra de ONGD’ y ‘Pasaje Seguro Cantabria’, han puesto en marcha una campaña para la visibilización de la dura situación que en estos momentos atraviesan miles de personas, que huyendo de la violencia y la persecución buscan un refugio seguro.

Entre las diversas actuaciones en redes sociales, se incluye la edición y difusión de un video, y además han elaborado un manifiesto por las personas refugiadas, que sufren unas dificultades agravadas por la crisis del Covid-19. También la asociación No Name Kitchen ha publicado un vídeo coincidiendo con la fecha del 20 de junio en su canal de YouTube.

#DiaDeLasPersonasRefugiadas from Coodinadora Cántabra de ONGD on Vimeo.

Este viernes hemos tenido una entrevista con uno de los miembros de Pasaje Seguro, Jesús Puente, para hablar de las condiciones de los refugiados y su situación de debilidad y las discriminaciones que sufren por cuestiones como el racismo o la xenofobia, que a veces se reducen a aporofobia (odio a las personas pobres).

En Santander hemos podido ver este tipo de actitudes, señalando a unos inmigrantes albaneses por el hecho de que el Puerto de Santander perdiera una conexión con Irlanda en favor del Puerto de Bilbao. Y las declaraciones contra ellos vinieron desde el presidente de la Autoridad Portuaria, nada más y menos.

Según ACNUR, a finales de 2018 alrededor de 70,8 millones de personas habían sido obligadas a huir de sus hogares, una cifra récord nunca antes alcanzada. De esos, 25,9 millones de personas eran refugiadas y 3,5 millones solicitantes de asilo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce, en su Artículo 14.1. que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. En base a este Artículo, y a los derechos reconocidos por la Declaración en general, se han desarrollado los instrumentos internacionales fundamentales para la promoción de la protección de las personas refugiadas, los cuales han sido firmados y ratificados por la mayor parte de los países del mundo.

En este manifiesto destacan las dos organizaciones que “el Derecho de asilo no debería depender de la buena o mala voluntad de los Gobiernos. Está regulado por el Derecho Internacional y es una obligación de los Estados. Es un Derecho Humano fundamental”.

Sin embargo, denuncian como en el mundo, diariamente, “se incumple la legislación internacional en materia de protección de las personas refugiadas, siendo víctimas de violaciones de derechos humanos en sus países de origen, y muchas veces en el tránsito, debido a que no se les proporcionan vías seguras para huir”.

Cientos de miles de personas son abandonadas en campos de refugiados que no reúnen las condiciones mínimas para vivir con dignidad: sin alimentación suficiente, sin sanidad, sin educación. Una situación que se ha visto agudizada por el cierre de fronteras y por la actual crisis vinculada a la pandemia por el COVID-19, incluso dentro de Europa.

El reconocimiento de la propia figura de la protección internacional “es injusto, porque depende de cuestiones políticas y estratégicas de las relaciones entre Estados, dejando de lado los derechos de las personas” señalan.

Por todo ello, creen justo reclamar el respeto de los DDHH y la aplicación efectiva y real de la legislación internacional en materia de protección de las personas refugiadas y solicitantes de protección, junto con la ampliación de los programas de reubicación de las personas que viven en campamentos de refugiados.

“Deben desaparecer las condiciones actuales de hacinamiento, mejorarse las infraestructuras higiénicas, y aumentar el personal médico y legal en los campamentos, deteniéndose las detenciones arbitrarias y la violencia contra las personas refugiadas” destacan las ONGs, y añaden la necesidad urgente de “proporcionar vías seguras para que las personas que lo necesitan puedan huir”.

Para ambas, es también necesario “generar información desinteresada y realista sobre la situación de las personas que viven en los campamentos de refugiados, evitando criminalizaciones y estereotipos”.

RECLAMAN “LA REGULARIZACIÓN URGENTE DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN ESPAÑA”

España se adhirió a la Convención de Ginebra en 1951. Por lo tanto, una vez más, el asilo es un derecho que se reconoce a las personas que lleguen a territorio español.

A pesar de ello, las ONGs señalan que durante 2018 se realizaron 54.065 solicitudes de asilo, concediéndose 575 y la protección subsidiaria a 2.320. A principios de 2019 había más 93.000 expedientes pendientes de resolución.

Así mismo, consideran que los criterios para valorar las solicitudes “son opacos, con una gran influencia de temas políticos en decisiones basadas en Derechos (como ejemplo véase discriminación de personas colombianas con respecto a venezolanas)”.

Los programas de acogida son ideados como un apoyo para que la persona se recupere y empiece la reconstrucción de un proyecto de vida destruido, por una guerra, por la violencia sociopolítica, por la discriminación, “pero tiene que enfrentarse a múltiples formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia, la islamofobia, etc, incluyendo el propio procedimiento de asilo que, en muchas ocasiones, se muestra como un obstáculo” lamentan.

Las personas a las que se rechaza su solicitud de asilo, que son la mayoría, quedan en situación de total desamparo, por ello reclaman, como recomienda el Consejo de Europa, “la regularización urgente de las personas migrantes para garantizar los derechos de todas las personas en el actual contexto de pandemia global a causa del COVID-19, en especial aquellos colectivos más vulnerables, como son las personas solicitantes de asilo”

“El proceso de asilo debe ser un proceso pensado para cubrir las necesidades de las personas, y tienen que ser tratadas como tales, no como números de expediente. Deben existir alternativas claras, efectivas y acogedoras para las personas que ven denegada su solicitud de asilo” sostienen ambas organizaciones.

LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN CANTABRIA

Las ONGs se encuentran con múltiples discriminaciones a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y refugiadas en Cantabria, las cuales se dan en distintos ámbitos y adoptan diferentes formas, como, por ejemplo: “la enorme dificultad que encuentran las familias musulmanas para alquilar piso; el miedo que lleva a personas a apartarse en la calle de jóvenes extranjeros como si fueran delincuentes; el maltrato a nivel administrativo, incluso sanitario; la discriminación en el vecindario…”

Por otro lado, señalan como aspecto crucial el trato que reciben las personas solicitantes de asilo y refugiadas en el plano laboral, “sin reconocer su experiencia, ni sus saberes, como si sus vidas fuesen una tabula rasa que ha comenzado a escribirse al llegar a aquí”.

“No podemos hablar de REFUGIO, si sumadas a las barreras institucionales hay tantísimas barreras sociales que hacen que la adaptación de las personas al nuevo entorno sea un proceso difícil, que se suma a la dureza de sus trayectorias vitales” concluye la Coordinadora Cántabra de ONGD y Pasaje Seguro.