Oxfam Intermón, organización que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs,  reivindica la labor de los trabajadores esenciales (como se definió durante el Estado de Alarma a aquellas profesiones que no podían parar), como los enfermeros, médicas, celadores, auxiliares, cuidadoras de residencias, trabajadoras del hogar, personas trabajadoras del campo, mensajeros, cajeros, cajeras etc. En definitiva, como la organización apunta, “a todas las personas que salen del confinamiento más cansadas, pero igual que entraron: precarias”. Y es que los trabajos esenciales que han estado en primera línea durante la crisis del la Covid-19 son, a su vez, los peor pagados.

Antes de la llegada de la pandemia, España ocupaba el sexto puesto en desigualdad de ingresos dentro de la Unión Europea provocada, entre otras cosas, por un mercado laboral precarizado que genera menos clase media comparada con países del entorno.

“Reconstruir el país no puede volver a hacerse a costa de los bolsillos y las vidas de los y las trabajadoras”, se asegura desde Oxfam que sugiere que “los aplausos al trabajo de muchas personas durante el confinamiento se deben materializar en una apuesta de decisiones políticos, empresas y sociedad en general por reconstruir generando empleo digno”.

PRECARIEDAD ESTRUCTURAL

Dentro de las personas afectadas por la precariedad laboral, las subcontratadas son las más vulnerables. Según recoge el informe, la tasa de despidos entre quienes están en esta situación multiplica por seis la del conjunto de sectores: de febrero a mayo de 2020 la ocupación cayó un 5%, pero la bajada en el sector de “actividades relacionadas con el empleo”, que engloba a empresas de trabajo temporal y multiservicios, cayó en un 30,9%.

Oxfam Intermón denuncia también que las profesiones del hogar y cuidados son de las más precarizadas. “Una auxiliar de geriatría tiene un sueldo base de algo menos de 1.000 euros, y una trabajadora del hogar no tiene derecho a desempleo”, explica Marcos. “No es casualidad que se trate de empleos altamente feminizados. No podemos permitir que una de cada tres trabajadoras del hogar o de cuidados viva por debajo del umbral de la pobreza”.

Esta precariedad laboral afecta también al sector sanitario, con especial incidencia entre los jóvenes: la tasa de temporalidad es del 80% entre las y los enfermeros de entre 24 y 35 años contratados en el sistema público.

En su informe, la ONG ha calculado también que la pandemia costará más empleos en España que en otros países de su entorno. Por cada punto que disminuya el PIB, la tasa de desempleo subirá 0,2 puntos en el Reino Unido, 0,3 en Italia o Francia y hasta 0,8% en España.

Oxfam Intermón recuerda que, en apenas 20 días de marzo 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social por la paralización de la actividad económica, con especial afectación en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.

En 2019, más de uno de cada tres contratos con duración determinada tenía una duración inferior a una semana, mientras que prácticamente una de cada tres personas asalariadas (28,27%) tuvo tres o más contratos. La tasa de temporalidad en España es la más alta de la UE, prácticamente el doble de la media comunitaria, y tiene especial relevancia en el sector público: las administraciones tienen una tasa de temporalidad del 27,5% frente al 24,4% del sector privado.

En cuanto a la parcialidad, la OIT estima en unos 5,5 millones las personas trabajadoras infrautilizadas en España porque querrían trabajar más horas de lo que actualmente hacen.

Una realidad que tiene rostro de mujer: el 74% de las personas con contratos parciales son mujeres y tras esos contratos se esconden, en ocasiones, horas no cotizadas y trabajadas en el marco de la economía informal.

PROPUESTAS DE RECONSTRUCCIÓN

La Organización No Gubernamental demanda que el pilar sobre el que se debe reconstruir el país sea la protección y el refuerzo de las rentas salariales como “motor económico”.

Para ello, han realizado una serie de recomendaciones: mejorar a medio plazo la estructura ocupacional, reforzar el poder de negociación de las personas trabajadoras, promover una contratación responsable por parte de las administraciones públicas, promover cambios legislativos encaminados a reducir la precariedad laboral, impedir que la subcontratación sea usada como mecanismo de reducción de costes salariales, reforzar los recursos humanos y técnicos de la Inspección del Trabajo, luchar contra falsos autónomos, mejorar la cobertura legal de las trabajadoras del hogar y cuidado y facilitar el acceso de las personas migrantes a trabajo en condiciones dignas.