El próximo lunes habrá un nuevo derribo de un edificio en el céntrico barrio santanderino del Cabildo de Arriba, en el que se produjo hace 13 años un derrumbe que causó la muerte a tres vecinos tras años y que acumula años de denuncias sobre degradación y abandono, así como de frustrados planes de rehabilitación.

En concreto, según refleja documentación municipal consultada por EL FARADIO, se trata del número 17 de la calle Alta, en la misma acera y antes de la parroquia, en una calle en la que ya se han dado más casos y todavía hay rastro de portales tapiados. Los números 13 y 9 están desalojados desde el 2008, pero sin declaración de ruina.

Una resolución del Servicio de Obras del Ayuntamiento de Santander ordena el derribo, después de que se declare al edificio en “ruina económica” –pedida por la comunidad de propietarios–, término que significa que las obras de conservación que es necesario acometer en un inmueble para devolverlo a sus debidas condiciones de seguridad constructiva y habitabilidad superan el 50% del valor de la construcción.

La propia declaración de ruina económica descartaba el riesgo inmediato para sus habitantes o peatones, si bien la falta de acciones encendió las alarmas sobre su colapso y el derribo se ha aprobado por el trámite de emergencia.

Una de las vecinas, Ana Belén Cuesta, una señora de 46 años de edad propietaria de un hotel y un restaurante en Roa de Duero (Burgos) , se muestra en declaraciones a EL FARADIO crítica con el derribo, solicitado por el resto de propietarios.

En años previos se había hablado de derribos e incluso de expropiaciones, constando requerimientos de obras por parte del Ayuntamiento.

De hecho, ha pedido al Juzgado una paralización inmediata y cautelar, alegando que el informe que dictaminó la ruina inminente se basa en un informe técnico del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento que no les fue notificado, con lo que tampoco pudieron alegar, pero que además requería un acceso al interior de las viviendas cuya solicitud no les consta.

La propietaria denuncia como durante estos años, además de no haberse ejecutado obra alguna de reforma pese a que se había advertido de su deterioro, también relata como se han producido accesos de ‘okupas’ al inmueble y, en concreto, a su vivienda.

Vecinos de la calle Alta denuncian ocupaciones de los inmuebles vacíos

La vecina advierte de que este derribo, de un edificio que además de céntrico tiene vistas a la Bahía, facilitará un “efecto dominó” que permitirá acometer la demolición de los otros dos números en la misma acera que llevan años desalojados y que está motiva

Y también llama la atención sobre su situación: tiene allí sus pertenencias personales, algo que le sucede en un momento de vulnerabilidad económica a raíz de los problemas en su negocio a raíz de la crisis del COVID. En Burgos vive de alquiler y aquí no tiene donde almacenar sus enseres.

Ana Belén critica la “dejación” hacia la falta de obras y arreglos por parte de la comunidad, además del gasto subsidiario en los costes del derribo que tendrán que acometer los propietarios. Además, añade, los años de trámites y problemas han hecho que muchos vecinos, “desesperados”, acaben vendiendo.

Esta propietaria incide en que el suelo, en el centro y con vistas, es muy “goloso” –en la misma zona se ha proyectado en otras ocasiones un hotel por parte de ANJOCA, la promotora que ha sido propietaria de varios solares en el barrio, y que así se lo trasladó a la disuelta asociación de vecinos–.

ANJOCA suma más solares en el Cabildo de Arriba mientras proyecta un hotel

Además, esta vecina será juzgada el 15 de julio, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander –también en la calle Alta, por cierto–, por un incidente cuando trató de exponer, sin éxito, su caso a la alcaldesa, que acabó con ella sacada por policías del Ayuntamiento, y denunciada y detenida, esposada, a pesar de que insiste en que en todo momento tuvo una actitud respetuosa.