Izquierda Unida de Cantabria ha presentado una batería de medidas para bloquear el consumo de juego y casas de apuestas en la comunidad autónoma “que tanto daño está haciendo a la población, especialmente a la juventud y los barrios más vulnerables”.

Lo hace a través de una treintena de alegaciones al Decreto de modificación del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, que ha preparado la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria y sometido a un período de información pública.

Un texto que consideran “tímido y poco ambicioso” ya que “desaprovecha la oportunidad de hacer una regulación más restrictiva, tal y como demanda la sociedad”, según asevera en un comunicado el dirigente autonómico de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

Las alegaciones, de forma general, se centran en limitar la apertura, concesión o renovación de autorizaciones de este tipo de establecimiento, bien incrementado los precios o tasas, o ampliando los trámites administrativos o reduciendo los plazos.

También se trabaja en la reducción de la demanda, bien limitando la publicidad que pueda hacerse de los salones de juego, o bien reduciendo la cuantía de los importes que se puedan ganar en las apuestas con el fin de que “se pierda el incentivo y atractivo de aparente dinero fácil”.

Tal y como explican, el Gobierno de Cantabria ya reguló las distancias entre establecimientos de juego, de una forma que “rescató” a los salones que ya habían iniciado los trámites.

Y recuerdan que las casas de apuestas es exclusiva competencia de las comunidades autónomas “que han de hacer más”, tal y como el ministro de Consumo ha anunciado contra el juego online, en el que aplicará medidas más restrictivas como limitar la publicidad sólo a la madrugada y prohibirla en equipaciones deportivas, eliminando los bonos de bienvenida o aumentando la protección de los menores en Internet, entre otras.

“De lo que se trata ahora es de ponerlo lo más difícil que permitan las competencias autonómicas el acceso, la estancia o los beneficios en los locales que ya existen”, explicaba el portavoz de IU, quien incidía en que “estamos a tiempo de impedir que el Gobierno desaproveche la oportunidad de ser más restrictivo”, como ya hizo el Ejecutivo con el tema de las distancias a los salones de juego.

Porque los cambios que introduce la Consejería de Presidencia “son muy garantistas para las empresas y muy poco para los jóvenes”, incidía Ruiz Salmón, que enumeraba medidas que quieren corregir las alegaciones de IU, como los “extensos” plazos que tienen las casas de apuestas para corregir irregularidades.

De admitirse las alegaciones de IU, no se podrán obtener autorizaciones para explotar máquinas recreativas o de azar que no tengan en un lugar bien visible el mensaje “el juego puede producir ludopatía”, de forma similar a los mensajes contra el tabaco de las cajetillas, y en los establecimientos deben mostrarse recomendaciones para el juego responsable, incluyendo planes de prevención y una guía para la detección de personas en riesgo de ludopatía.

Cualquier publicidad que pueda hacerse deberá incluir referencias a la ludopatía y juego responsable, y, “desde luego, las empresas del juego no podrán patrocinar equipos, pruebas deportivas, actividades recreativas o eventos culturales, sociales o juveniles en la Comunidad Autónoma”.

También se quiere actuar en la parte económica, reduciendo por un lado los premios que puedan obtener quienes jueguen, e, incrementando, por otro, las fianzas que depositan previamente las empresas, fianzas que además se extienden a otro tipo de actividades (como casinos de juego o salas de bingo que explotaran máquinas, y que estaban exentos).

Y se incluye la posibilidad expresa de revocar las autorizaciones por incumplimientos por motivos laborales o de salud pública. Además, las renovaciones no serán automáticas, sino que tendrán que solicitarse.

Se extiende también la prohibición de apertura de salones, limitada por el Ejecutivo a las inmediaciones de los centros educativos, para ampliarlas a otros espacios en los que pueda haber población de riesgo, como centros de salud y hospitales, asociaciones juveniles y de carácter social, residencias de estudiantes o mayores y lugares de culto e instalaciones y edificaciones asociadas.

«Más inversión y más multas: el objetivo es que a las empresas les empiece a resultar menos rentable jugar con la salud de los jóvenes», lo que, además, «resta recursos a la sanidad y los servicios públicos por la atención que luego tiene que prestarse a los casos de ludopatía», apuntan desde IU.

Desde Izquierda Unida se advierte de los riesgos de adicciones que puede generar el juego, y sus efectos sanitarios, laborales o académicos en la población más joven y precaria por parte de un sector económico que viene incrementando sus beneficios.