La Demarcación de Costas en la Comunidad Autónoma ha sancionado con 300 euros al Ayuntamiento de Santander por mover arena de las playas, en la Segunda de El Sardinero sin autorización –son espacios que dependen del Estado–, algo que el Consistorio “sabe perfectamente que no puede hacer”, según ha recalcado la delegada de Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones.

La delegada ha detallado que esa sanción de 300 euros puede reducirse en un 20% si el Ayuntamiento admite su responsabilidad y otro 20% por pago voluntario.

Quiñones explicaba que el equipo de gobierno “no pidió autorización a Costas para mover arena en las playas sino que se limitó a remitirle un escrito anunciando que lo iba a hacer, sabiendo de antemano que no podía”.

Costas le respondió que al Ayuntamiento que solo podía hacer “pequeñas actuaciones” para resolver, por ejemplo, descalces en los accesos a los arenales con “pequeños movimientos de arena”, y que cualquier otra actuación de mayor envergadura requiere de “estudios” técnicos y ambientales.

Y, sabiendo lo que podía hacer y lo que no, Quiñones ha señalado que el Ayuntamiento “no movió una pequeña cantidad de arena sino 220 metros cúbicos, o lo que es lo mismo 220.000 litros de arena”.

Quiñones ha lamentado que el Consistorio santanderino gobernado por PP y Ciudadanos “esté tratando de confundir a la ciudadanía” al acusar a Costas de sancionarle por intentar garantizar la seguridad “cuando sabe que la sanción es por actuar sin permiso”.

“¿Qué hace el Ayuntamiento cuando un santanderino hace algo sin permiso o autorización, por ejemplo una obra? Pues le sanciona”, ha explicado la delegada del Gobierno, quien ha señalado que “a la práctica totalidad de los ciudadanos les sorprenderá la cantidad de la sanción interpuesta por Costas al Ayuntamiento”.

“El Ayuntamiento ha incumplido la normativa de Costas y es por esa razón por la que se establece una sanción de 300 euros, que es simplemente testimonial ante un ejercicio de irresponsabilidad al no cumplir las leyes como están obligadas todas las administraciones, quieran hacer lo que quieran hacer”, ha añadido Quiñones.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, se remitía a unas declaraciones de Pedro Casares, diputado en el Congreso, en las que, después de que Costas denegara movimientos mayores de terreno, este aseguró que el Ayuntamiento podía efectuar “mañana mismo si quiere” movimientos menores en los arenales dirigidos a resolver problemas en los accesos de las playas o para evitar problemas de seguridad en ellos (si bien en esas declaraciones se refería a la necesidad de pedir permiso que, según Delegación de Gobierno, no se ha concedido).

Margarita Rojo ha reiterado las numerosas comunicaciones con Costas para intentar una respuesta o autorización para realizar pequeños trabajos de mantenimiento.

“Han tratado de, ha criticado la delegada del Gobierno, que ha insistido en que “Costas solo ha hecho su trabajo: sancionar al que modifica el estado de la playa sin autorización”.

A partir de ahí, la delegada de Gobierno acusaba al Consistorio de” confundir a los ciudadanos diciéndoles que iban a redistribuir arena en las playas y, al recibir la contestación de Costas indicándoseles que no podían aunque era algo que ya sabían, salir a los medios de comunicación como si fuesen víctimas de una injusticia” manipular la situación.

“El Ayuntamiento de Santander sabe perfectamente lo que puede hacer y lo que no en las playas de la ciudad, entonces ¿por qué hace lo que no puede?”, se ha preguntado la delegada del Gobierno, que cree que el Consistorio “solo quiere confrontación política con el Gobierno de España” algo que ha lamentado

Desde el Ayuntamiento interpretaban estas declaraciones como una justificación de la sanción, advirtiendo de que seguirían “defendiendo” los arenales.

Y, tras acusar a Delegación de Gobierno de simplificar los hechos al presentarlos como una confrontación Ayuntamiento-Gobierno, la edil reiteraba el “flagrante abandono” y la “desidia” del Gobierno central, a quienes, junto a Costas y Delegación de Gobierno, les reprochaba que “desprecian” a los santanderinos.