La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha publicado en un número extraordinario del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las primeras resoluciones de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

El total de personas beneficiarias asciende a 26.094, que recibirán cada una de ellas 200 euros como complemento a su prestación motivada por expediente de regulación temporal de empleo. Para ello, el Servicio Cántabro de Empleo invertirá 5,2 millones de euros.

Estas ayudas, que fueron acordadas en el marco del Diálogo Social, pretenden compensar la reducción de los ingresos a que han tenido que hacer frente las personas afectadas por una suspensión del contrato de trabajo o la reducción de su jornada laboral.

Según ha explicado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, el otorgamiento de estas ayudas se realiza “de forma directa y de oficio”. “Esto significa que las ayudas se conceden a todas las personas que cumplan los requisitos establecidos, para lo que no tienen que hacer trámite alguno: ni presentar solicitud, ni presentar ninguna documentación”, ha indicado.

En este sentido, Álvarez ha recordado que el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una proposición de ley para agilizar el procedimiento administrativo y permitir al Servicio Cántabro de Empleo obtener los datos para la constatación del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la ayuda, evitando así la tramitación individual de miles de solicitudes.

REQUISITOS

Los beneficiarios son trabajadores a los que el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina (sector pesquero) haya reconocido una prestación de ERTE como consecuencia del COVID-19, cuya base reguladora de la prestación personal reconocida no supere los 2.500 euros.

Además, estas personas no deben percibir complemento de su prestación por parte de su empresa, si bien dicho requisito será objeto de comprobación posterior a la concesión y el pago de las ayudas. Quienes perciban complemento por parte de su entidad empleadora deberán comunicarlo al Servicio Cántabro de Empleo para proceder al reintegro de la subvención.

La fecha de inicio del ERTE debe estar comprendida entre el 9 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive y tener o haber tenido una duración mínima de treinta días naturales computados entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de la prestación.

El pago de las ayudas se realiza también de oficio por parte de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda, mediante transferencia bancaria en una cuenta corriente en la que la persona beneficiaria figure como titular y así conste en las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En los próximos días se irán publicando nuevas concesiones, a medida que se vayan revisando los expedientes de prestaciones.

LA SEGURIDAD SOCIAL IMPLANTA UN PROTOCOLO PARA MEJORAR LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Por otra parte, la Seguridad Social ha puesto en marcha un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Este sistema ya está en funcionamiento de forma satisfactoria desde el pasado 21 de julio.

Con periodicidad semanal, las comunidades autónomas reciben de forma actualizada por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) las resoluciones a los expedientes nuevos del Ingreso Mínimo Vital.

Además, las comunidades autónomas tienen acceso a los datos sobre los procesos de reconversión de oficio de beneficiarios de Prestaciones Familiares, reconocidos como perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

Con este protocolo, se facilita la adaptación de las rentas de las comunidades autónomas al Ingreso Mínimo Vital, pudiendo decidir cómo modulan las prestaciones previamente existentes. Hay que tener en cuenta que el IMV se configura como una prestación ‘suelo’ y compatible con las prestaciones autonómicas.

Cada comunidad, por tanto, puede modificar el modelo de su prestación como considere oportuno.

En poco más de un mes, el INSS ha recibido cerca de 600.000 solicitudes del IMV. La mayoría se han realizado por vía telemática.

Con el nuevo protocolo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da un paso más en su objetivo de facilitar la gestión y la coordinación con los gobiernos regionales.

Actualmente hay 300.000 hogares que reciben rentas de inserción autonómicas y parte de ellas (las que cumplan los requisitos del IMV) podrán encuadrarse en este programa estatal. También en los últimos días, el INSS ha llegado acuerdos con ayuntamientos con el objetivo de reducir los trámites de solicitud. Estos consistorios aportarán directamente la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar el IMV, lo que agilizará gran parte de proceso y evitará desplazamientos de los solicitantes. Al final de la nota está el listado de ayuntamientos con los que se ha llegado a estos acuerdos, entre ellos muchos de los más poblados de España.

Además, en Cantabria y en la provincia de Barcelona la consulta es de la totalidad de municipios.

La Seguridad Social ya abonó a finales de junio el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 74.119 hogares de toda España. Se trataba de quienes venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que habían sido reconocidos de oficio como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Este colectivo sumaba más de 250.000 personas.

El próximo 3 de agosto la Seguidad Social abonará la mensualidad de julio a esos 74.119 hogares junto con los nuevos beneficiarios a los que se les haya reconocido la prestación. A estos últimos se les pagará la misma con efectos económicos 1 de junio.