El Ayuntamiento de Santander ha reclamado al Gobierno de Cantabria que regule los horarios de los establecimientos hosteleros con licencias especiales para evitar el “enorme problema” que ha creado en el sector  con la nueva normativa aprobada por la Consejería de Sanidad.

Así lo han manifestado los concejales de Fomento, Protección Ciudadana y Turismo,  César Díaz, Pedro Nalda y Miriam Díaz, que vienen analizando desde hace días con los técnicos municipales la situación originada por el Ejecutivo cántabro al optar por suspender la actividad y no establecer otros horarios más restrictivos.

En su opinión, es comprensible el razonamiento que realizan los hosteleros. “Si el Gobierno de Cantabria les ha mandado cerrar, debe de ser esta misma administración la que les permita abrir”, ha subrayado la concejala de Turismo, calificando de “ilógico” que cada ayuntamiento “trate de hacer ‘encaje de bolillos’ para buscar una fórmula que permita interpretar la normativa cumpliendo con la legalidad y máximas garantías jurídicas, cuando la solución pasa por una única modificación autonómica para remediar ese cierre que nadie entiende”.

Miriam Díaz hace hincapié en que “después de varias reuniones con el Departamento de Licencias ha quedado constatado que es el Gobierno de Cantabria el que tiene que determinar las condiciones en las que se puede desempeñar esa actividad para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en los establecimientos de toda la región”.

Asimismo, considera que es el momento de responder a las situaciones excepcionales con “medidas excepcionales”. “No se puede castigar más a un sector ya muy afectado por la crisis de la COVID-19 y es el Gobierno quien debe resolver este problema que han generado de forma uniforme en los 102 municipios de Cantabria”, ha añadido.

Por último, insiste en que el Ayuntamiento ha respaldado al sector de la hostelería desde el minuto cero del inicio del confinamiento. “Hemos adoptado medidas fiscales y de apoyo económico para favorecerles y respaldamos su reivindicación, por lo que solicitamos al Gobierno de Cantabria que rectifique y restrinja los horarios, tal y como debía haber hecho desde el primer momento”, ha concluido.

EL PRC PIDE QUE AYUNTAMIENTO Y SANIDAD COORDINEN ESFUERZOS EN BUSCAR UNA SOLUCIÓN PARA LOS BARES CON LICENCIA ESPECIAL

El portavoz del grupo municipal regionalista, José María Fuentes Pila, ha instado al Ayuntamiento de Santander, como entidad local, y a la Consejería de Sanidad como ente regional, a que unen esfuerzos a través de la colaboración mutua en la búsqueda de una solución transitoria, dentro del marco de la excepcionalidad en la que estamos sujetos a consecuencia de la COVID 19, para los establecimientos de licencia especial al objeto de que puedan amoldarse a las restricciones establecidas para el resto del sector en lo que respecta al ocio nocturno.

Jose Maria Fuentes-Pila

Los regionalistas recuerdan que la situación de emergencia sanitaria actual y con ello las medidas subyacentes para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos, ha ocasionado una situación de crisis en nuestro tejido social y económico que ya se está haciendo notar en buena parte del sector productivo, como es el caso de la hostelería.

Precisamente en la búsqueda de soluciones ante las nuevas restricciones emitidas en materia de ocio nocturno, los regionalistas consideran que tanto la administración local como regional deben aunar esfuerzos de manera coordinada para que los establecimientos con licencia especial, cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes en cuestiones de salud, palien en buena medida las pérdidas que les generaría el cierre total.

“Estamos hablando que se trataría de permitir el servicio de cafetería, sin música, en el horario establecido para el resto de bares y restaurantes de la ciudad, con cierre a la 1 de la madrugada, no pudiendo permitir nuevos clientes a partir de las 12 de la noche y cumpliendo con todos los protocolos en materia de distancia social, aforos..etc”, indicó Fuentes Pila

Por ello apunta a la búsqueda de una herramienta jurídica urgente, de carácter provisional y excepcional, como la única solución para poder mantener los puestos de trabajo de muchas familias, que solo en la capital cántabra rondan los 40 locales afectados por esta situación.